Pacto migratorio: trago amargo

El Parlamento Europeo dio el miércoles su visto bueno final al Pacto de Asilo y Migración que sentará las bases de la política común ante las llegadas de inmigrantes irregulares, más de 286.000 el año pasado, según la ONU. La nueva normativa es un compendio de reglamentos que buscan legislar a escala europea todos los pasos del proceso migratorio, desde la llegada del migrante y hasta la decisión de acogerlo o rechazarlo. El pacto ha costado casi una década de debate y tres años de negociaciones, desde que la UE tomó conciencia de la necesidad de normas comunes tras la crisis de refugiados de la guerra de Siria en 2015. El precio del acuerdo es un endurecimiento de Europa como lugar de refugio que choca con el relato humanista que la Unión hace de sí misma.

El resultado, aprobado por una ajustada mayoría, es un ejercicio de tacticismo que ha dejado insatisfecho a un amplio espectro de los representantes europeos. Muchos reconocieron que votaron tapándose la nariz. El pacto no se presenta a los ciudadanos como un paso adelante, sino como un mal menor, el mejor de los posibles. Los partidos centrales del Parlamento, a izquierda y derecha, argumentaron que no resolver ya la cuestión habría regalado argumentos a una extrema derecha en auge ante las elecciones europeas de junio. Dejar la política migratoria para la próxima legislatura era, afirman sus defensores, arriesgarse a depender de una mayoría aún más conservadora.

En el centro del acuerdo se encuentra un principio automático de solidaridad en la acogida de inmigrantes. Por un lado, obliga a todos los miembros a contribuir, lo cual por sí solo es un avance, pero se establece la salvaguarda de que un país puede negarse a acoger su cuota con el pago de 20.000 euros por persona, es decir, que puede comprar su insolidaridad. También se endurecen las condiciones de asilo con límites comunes para el estudio y decisión de las peticiones y la repatriación rápida de quienes no acrediten los criterios para ser acogidos.

Para la comisaria de Interior y responsable de su negociación, la socialdemócrata sueca Ylva Johansson, el acuerdo le ha “quitado argumentos” a una extrema derecha que tiene la inmigración como principal ariete electoral. Aunque muchos reconozcan en voz baja que es un pacto malo porque apuesta por políticas fracasadas y reduce las posibilidades de asilo, los principales grupos proeuropeos defienden el acuerdo como una “necesidad estratégica aunque no sea idónea”, en palabras de uno de sus negociadores, el socialdemócrata eslovaco Matjaz Nemec.

Los europarlamentarios han decidido no dar la batalla contra el axioma de que ordenar la inmigración es sinónimo de reprimir a los desesperados. Es una derrota de quienes creen que la UE tiene tanta necesidad de inmigrantes como responsabilidad de acogerlos de manera ordenada y digna. El precio de renunciar a los argumentos propios para limitarse a rebajar los de la extrema derecha lo van a pagar con más sufrimiento las personas ­desesperadas que huyen de la miseria y la guerra. La nueva política común no hace nada por resolver los problemas de fondo que originan la migración, ni contribuye a evitar que el Mediterráneo se convierta en una fosa común: 3.000 muertos el año pasado intentando llegar. No se puede confundir un movimiento táctico con una solución. Ante una Europa fortificada, los desesperados encontrarán nuevas rutas, más peligrosas, pero no dejarán de venir porque en un papel diga que no pueden.