La UE cierra el pacto migratorio tras años de negociación y con un endurecimiento de los requisitos de acogida

Ha costado años cerrar el pacto migratorio en la UE, probablemente el tema más divisivo entre los Veintisiete desde que explotó la crisis de los refugiados en 2015 por la guerra en Siria. Se ha logrado la madrugada de este miércoles, tras una recta final de tres días de negociaciones entre el Consejo de la UE —bajo la batuta de España, que ocupa la presidencia hasta el 31 de diciembre— y el Parlamento Europeo con la asistencia de la Comisión. Se trata de cinco reglamentos que trazan una nueva arquitectura de gestión de las llegadas de migrantes que endurece el acceso a quienes acceden irregularmente al bloque comunitario. El texto introduce por primera vez, de manera permanente, las controvertidas cuotas que obligan a todos los Estados miembros a asumir una parte de los solicitantes de asilo (o a pagar una cantidad a la cesta comunitaria en caso de que rechacen hacerlo).

El nuevo acuerdo regula todos los pasos de la cadena de recepción de demandantes de asilo, desde la llegada del solicitante a territorio comunitario hasta su acogida o rechazo. La Comisión Europea presentó su propuesta normativa en 2020. Pero solo en junio, el Consejo de la UE pudo cerrar una posición común sobre uno de los asuntos más controvertidos, las cuotas obligatorias de solicitantes de asilo en situaciones de mucha presión migratoria en las fronteras, como en 2015, para repartir entre todos los socios y que está regulada en dos reglamentos. El pacto fija que se distribuyan un mínimo de 30.000 solicitantes de asilo al año (de esa distribución están excluidos quienes ya afronten una elevada presión migratoria).

La propuesta inicial era que esas cuotas fueran ineludibles. Finalmente, se llegó al pacto de que la solidaridad obligatoria se convirtiera en “solidaridad obligatoria, pero flexible” al fijar un pago de 20.000 euros por persona por parte del país que rechace hacerse cargo de su cuota. Otro paso decisivo llegó en octubre, cuando el Consejo cerró su postura sobre el quinto y último de los reglamentos ―el de situaciones de crisis e instrumentalización― para abrir la puerta a la negociación entre los dos colegisladores de la UE para fijar un texto legal definitivo.

A partir de entonces, empezó una negociación contra reloj para llegar al punto logrado esta madrugada. En los últimos días, los problemas habían llegado de Francia. En este país la migración ha capitalizado la actualidad política en las últimas semanas. El Gobierno ha visto cómo la Asamblea Nacional tumbaba su proyecto de ley, que finalmente fue aprobado la noche del martes, pero con endurecimiento en los requisitos para atraer el voto de la derecha. París ponía problemas sobre la gestión de los flujos migratorios, algo que le está causando graves problemas políticos internos y que será, sin duda, un tema predominante en las elecciones europeas del 6 de junio, para las que los sondeos muestran una subida de las fuerzas de ultraderecha en todo el ámbito de la UE.

“Todas las piezas han encajado en su lugar. Es un punto de inflexión en los cinco pilares clave del Pacto de Migración y Asilo. Ha sido un largo camino, pero lo logramos”, ha apuntado el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Apuntaba un negociador estos días que esas piezas no eran fáciles de mover, porque con cada paso que daban, tenían que estar pendientes de que no se perdieran apoyos en el Parlamento o entre los Estados miembros. “Los ciudadanos de toda la UE quieren que sus gobiernos afronten el reto migratorio y hoy se ha dado un gran paso en esta dirección”, ha dejado dicho el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

El pacto migratorio está compuesto por cinco reglamentos: el de control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión y atención de los solicitantes de asilo. Este último es capital porque en la regulación actual, esto les corresponde a los países en los que se produce la primera entrada del migrante en la UE, lo que pone en primera línea a países como España, Italia o Grecia. El objetivo claro es separar a los migrantes que buscan refugio de los que llegan a Europa por motivos económicos y, sobre todo, disuadir a estos últimos de que hagan el viaje de forma irregular. El pacto alcanzado es, en realidad, un principio de acuerdo que debe ratificarse por los dos órganos legisladores de la UE: la Eurocámara y el Consejo, es decir, los Estados miembros.

Una de las herramientas habilitadas para desincentivar las llegadas son instalaciones especiales en terreno comunitario —en las mismas fronteras o cerca de ellas— mientras duran los trámites de solicitud de asilo, que podrán duran hasta 18 meses. Este proceso se aplicará especialmente a quienes llegan de países en los que la tasa de reconocimiento del estatus de refugiado es menor del 20%.

La regulación de la “solidaridad obligatoria, pero flexible” responde también al fallo sistemático del llamado convenio de Dublín, que fija el marco de gestión de las peticiones de asilo y establece que corresponde a los primeros países que reciben a los migrantes la gestión de las peticiones. Las llegadas masivas a los países de primera línea (los que gestionan frontera exterior de la UE) y el hecho de que la presión se concentre en los mismos lugares hace que esos Estados tengan dificultades para asumir plenamente esta obligación. En el flanco sur, Italia, España y Grecia son los países con más ingresos irregulares. En muchas ocasiones, esa elevada presión hace que los Estados dejen marchar a los migrantes hacia otros países europeos, lo que suele provocar las protestas de los Estados en los que acaban recalando (Países Bajos, Alemania, Francia, Austria…).

La nueva regulación establece una fórmula de reparto entre todos los Estados miembros de una pequeña parte de los solicitantes de asilo para aliviar a los que más reciben. La clave para que todos los socios hayan aceptado consiste en que ahora esas cuotas podrán eludirse con el pago de 20.000 euros por persona a la cesta común en caso de que un Estado rechace hacerse cargo de la parte que le toca. Los socios también podrán contribuir con medios materiales o asumiendo la gestión de personas que ya están en su territorio, aunque entraran por otro lugar y su gestión correspondiera a otro. Se trata de una de las reclamaciones de países que suelen ser el destino de una parte importante de los peticionarios de asilo que se trasladan por la UE en los llamados “movimientos secundarios” que marcan el pacto.

Haber llegado a este acuerdo con tiempo suficiente para que se ratifique antes de finalizar la legislatura europea es considerado un éxito por todas las instituciones comunitarias. “Histórico” ha sido un adjetivo utilizado por varios de quienes, desde posiciones oficiales, han valorado el compromiso, entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El pacto es percibido como un alivio, al menos temporal. El asunto migratorio está muy presente en el debate público de muchos Estados miembros, pero la aprobación de estas normas puede suponer una rebaja de la temperatura política en ese ámbito.

Y eso explica que esta mañana, en un gesto poco habitual, la propia presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, haya comparecido con los negociadores de esta institución, entre ellos el eurodiputado español, Juan Fernando López Aguilar. “El Pacto de Migración y Asilo es en sí un éxito en la medida en la que es un paso adelante respecto de la situación insatisfactoria e insostenible de la que venimos. A partir de su entrada en vigor, por fin contaremos con una respuesta europea al hecho migratorio y sus desafíos, especialmente ante situaciones de crisis”, ha apuntado el socialista canario.

Desde el lado de las ONG (también desde los grupos más a la izquierda del Parlamento Europeo), la valoración es diametralmente opuesta. “El Pacto de la UE sobre Migración y Asilo no es una solución a la ‘crisis migratoria’ de Europa, ni un acuerdo histórico. Es simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión, con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo”, lamenta Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras.

“Mientras escuchamos las declaraciones de la UE celebrando este acuerdo, la pregunta es: ¿a qué precio?”, ha atacado Intermon Oxfam. “Han cerrado la puerta a los solicitantes de asilo con procedimientos deficientes, han acelerado la deportación y han jugado con la vida de las personas al aumentar el riesgo de devolución. Este acuerdo también se basa en pagar a países no pertenecientes a la UE para que hagan lo que esta les pide. Es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y la legislación sobre refugiados”, añade la experta en migración de esta asociación, Stephanie Pope.

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