Francia pone las últimas trabas al pacto migratorio europeo tras años de negociaciones

Es uno de los asuntos más complejos en la Unión Europea. La gestión de la inmigración es una cuestión enormemente divisiva de la que, además, bebe la ultraderecha. Hace poco más de una semana, el pacto que cerraría una regulación que lleva abierta desde 2020 parecía cercano. Pero en los últimos días, Francia, al mismo tiempo que su Gobierno vio cómo su ley nacional de inmigración era rechazada en la Asamblea nacional, ha endurecido su postura, apuntan varias fuentes de la negociación. Otras mencionan que el problema está en el escaso margen de maniobra que tiene el Consejo de la UE ante las grandes diferencias entre los Veintisiete y que París se lo habría recordado a España, el país que coordina las conversaciones al ostentar la presidencia semestral del Consejo. Esto pone más difícil el intento de este lunes ―la reunión probablemente continuará el martes― de cerrar un pacto que, con seguridad, endurecerá las condiciones de acogida a migrantes y demandantes de asilo.

El pacto migratorio, que se compone de cinco reglamentos que forman una cadena, desde la llegada del solicitante de asilo a territorio comunitario hasta su acogida o rechazo, lleva años encallado. La Comisión Europea presentó su propuesta en 2020 y solo en octubre el Consejo de la UE pudo cerrar una posición común sobre el quinto de los reglamentos ―el de situaciones de crisis― para dar paso así a la negociación entre los dos colegisladores de la UE. Toda la regulación fija la acogida de las personas que piden protección; contempla el concepto de solidaridad flexible, si bien obligatoria, y marca que todos los socios asuman bien una cuota de solicitantes de asilo, bien una contribución económica o material a la cesta común. Además, fija una nueva arquitectura de acogidas en el territorio comunitario y un régimen especial en casos de crisis.

Sobre la mesa de negociación planea el hecho de que si no se aprovecha la oportunidad de cerrar la regulación del pacto migratorio, este asunto pueda llegar abierto a las elecciones europeas de junio de 2023. En ese caso, el riesgo de que este sea el asunto nuclear de la cita con las urnas sería grande. Uno de los negociadores apunta que la oportunidad es ahora y que no cree que por dejar que el asunto se demore unas semanas ―se haría cargo así Bélgica, el país que sucede a España en la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante la primera mitad de 2024― las perspectivas fueran a mejorar. Al contrario, es probable que en un futuro cercano el primer ministro de Países Bajos sea el ultraderechista Geert Wilders, quien ganó las elecciones legislativas con la promesa de frenar “el tsunami migratorio”.

Endurecimiento de posturas

Este será el enésimo paso en Europa hacia posiciones más duras sobre migración desde que en septiembre de 2020 se presentó la propuesta de la Comisión. En este tiempo, en Italia ha llegado al poder la ultra Giorgia Meloni con un discurso de dureza. Lo mismo ha pasado en Suecia o Finlandia. Alemania ha ido endureciendo su postura sin pasar por las urnas y pese a tener un Gobierno de centroizquierda. Y, ahora, Francia vira hacia esa posición también sin pasar por las urnas, pero con la extrema derecha de Marine Le Pen liderando las encuestas.

En este contexto, la posición del Parlamento Europeo se hace más difícil de sostener. Como apunta otro de los negociadores, el eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar, la Eurocámara apuesta por defender las garantías y el respeto del derecho internacional. Señala que al otro lado de la mesa, lo que prima es la visión de la seguridad por encima de todo, pues son los ministros del Interior los que negocian; también, a los que les interesa “lanzar el mensaje de rechazo sobre la inmigración irregular y de que todo migrante no elegible será devuelto a su país”.

Ahora, en la negociación para fijar el texto legal final con el Parlamento Europeo, en el que esta institución reclama que se mejoren los derechos de los menores y sus familias y que se clarifique muy bien la legislación para que no haya resquicios que permitan criminalizar a las ONG de salvamento, ha surgido otro punto de fricción: esas reticencias de París de la que hablan cuatro fuentes a este diario. No es un problema de muchos puntos concretos —aunque sobrevuelan reclamos sobre el tratamiento a los menores y las familias— sino más bien de base, inciden fuentes diplomáticas.

Este escollo se une a la fragilidad del mandato que tiene España para la negociación. La complejidad de los equilibrios entre los Veintisiete apenas dejó margen para las conversaciones. A esto se suma la realidad nacional cambiante en cada país, como, por ejemplo, el batacazo del Gobierno galo en la Asamblea la semana pasada.

Los cinco reglamentos que hay sobre la mesa: control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y, el más importante, la gestión y atención de los solicitantes de asilo. Este último es capital porque en la regulación actual esto le corresponde a los países en los que se produce la primera entrada del migrante en la UE, lo que pone en primera línea a países como España, Italia o Grecia. Ahora, se añaden medidas de solidaridad y reparto obligatorio, lo que quiere decir que habrá cuotas de redistribución de demandantes de asilo o el pago de 20.000 euros por persona en caso de que un Estado rechace hacerse cargo de la parte que le toca. Este es uno de los núcleos del pacto, basado en ese concepto de “solidaridad flexible pero obligatoria”.

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