Desarticulada una red especializada en ‘la estafa del sicario’ liderada por un conocido sextorsionador

Nuevo golpe a las tramas de estafas telefónicas que provocan miles de víctimas. La Policía Nacional ha detenido a 73 personas como presuntos integrantes de una red que realizaba de forma masiva la llamada extorsión del sicario ―también conocida como sextorsión― y la estafa del hijo en apuros. Entre los detenidos como integrantes de lo que la Policía ha definido como “potente organización criminal” está Ismael Bousnina Obando, alias Salva, considerado uno de sus cabecillas y que acumula otras siete detenciones por hechos similares en los últimos años. En la bautizada como Operación Prota, desarrollada el pasado 11 de febrero y de la que ha informado este miércoles el Ministerio del Interior, se ha localizado en un chalé de Benissa (Alicante, 12.300 habitantes) un centro de llamadas desde el que la red enviaba miles de mensajes a teléfonos móviles de forma automática a potenciales víctimas, a algunas de cuales los llamaban posteriormente para exigirles, mediante amenazas de muerte, el pago de diversas cantidades de dinero que iban de unos pocos cientos a miles de euros.

La policía estima que el número de víctimas superan las 2.000 ―aunque solo 86 han presentado denuncia hasta ahora― y que el grupo ahora desmantelado podría haber obtenido más de dos millones de euros de beneficios con estas extorsiones. En el momento del arresto, los agentes intervinieron varias armas y 250.000 euros ―60.000 de ellos en criptoactivos―, además de bloquear tres viviendas, una veintena de vehículos, incluidos cinco automóviles de alta gama, y 129 cuentas bancarias con saldos que suman otro cuarto de millón de euros. La trama utilizaba una empresa de recogida de fruta y varias peluquerías, todas ellas situadas en Valencia, para blanquear el dinero obtenido, según ha detallado la Policía Nacional en una nota. Los detenidos, siete de los cuales han ingresado en prisión, están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, estafa, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y usurpación del estado civil. En la operación han intervenido 120 agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC).

La investigación que ha desembocado en la detención de los extorsionadores se inició en marzo del año pasado cuando una persona acudió a una comisaría de Madrid para denunciar que había recibido la llamada de una persona que le había obligado a transferir 6.000 euros a varias cuentas bancarias tras amenazarle con revelar a su entorno que contactaba con prostitutas. En su relato, la víctima detalló que, efectivamente, había intentado entablar contacto con una chica a través de páginas de citas por Internet, pero que no lo había logrado. Pese a ello, poco después comenzó a recibir llamadas amenazantes de un hombre que decía ser el encargado de estas mujeres y que le pedía el pago de una cantidad de dinero por las supuestas molestias que había causado al no contratar el servicio sexual.

Las pesquisas revelaron que había otras 13 denuncias similares en Madrid y que detrás de ellas podía estar un único grupo criminal especializado en realizar este tipo de extorsiones de manera masiva. Para ello, insertaban anuncios en los que se ofrecían servicios sexuales en páginas de contactos. En estos utilizan imágenes de mujeres que obtenían en internet junto mensajes sugerentes como “dulce universitaria que te hará vivir experiencias únicas”. Todo ello acompañado de un número de teléfono. Cuando las víctimas llamaban, nadie contestaba. Sin embargo, gracias a ello la red conseguía hacerse con el número de una potencial víctima.

Una vez acumulaban una gran cantidad de teléfonos, los cabecillas de la trama enviaban de manera automatizada a estos un texto común amenazante. A las víctimas que caían en el engaño y respondían, empezaban a acosarles con llamadas amenazantes. El procedimiento era muy similar en todos los casos. Los ahora detenidos indagaban en los detalles personales que estas personas en sus perfiles en redes ―como el lugar de residencia, el de trabajo o si tenían pareja― para luego llamarles por teléfono e exigirles el pago de una cantidad de dinero con el argumento de que habían concertado una cita a través de la web con una de las chicas y que no habían acudido, provocándoles un supuesto perjuicio económico. Si no entregaban la cantidad de dinero, amenazaban con difundir en sus entornos que eran usuarios de servicios de prostitución y les hacían ver que conocían detalles de sus vidas.

Si ello no era suficiente, la trama no dudaba en pasar a las amenazas de muerte para coaccionarlos. Para ello, se presentaban como integrantes de un supuesto grupo mafioso de algún país del antiguo bloque de Este ―decían llamarse Mijail y ser de Albania o Rumania, para lo que imitaban el acento de los nacionales de estos países― y les enviaban vídeos en las que aparecían personas torturadas o de individuos enmascarados empuñando armas de fuego o machetes de gran tamaño para intimidarlos. Los vídeos también se los habían bajado de internet.

Todo ello lo hacían desde el centro de llamadas que tenían montado en el chalé de Benissa y que, según ha destacado este miércoles en rueda de prensa el inspector jefe Javier Romero, de la UDEV, funcionaba todos los días del año prácticamente las 24 horas del día. Uno de los agentes que ha intervenido en el operativo ha detallado que, en un solo fin de semana, llegaron a hacer 450 de estas llamadas. “De ellas, 26 víctimas cayeron en la extorsión, aunque solo una ha denunciado al final”, añade este policía. Con algunas de estas oleadas, cada uno de los principales implicados llegaban a embolsarse 50.000 euros en los dos días.

Cuando la víctima aceptaba pagar, la red les daban instrucciones para que hiciera una transferencia a una cuenta bancaria abierta a nombre de lo que en la jerga policial se conoce como mulas, personas que, a cambio de una pequeña comisión económica que en este caso era de entre 50 y 300 euros, dejan que se use su nombre para contratar productos financieros. De esta manera, los cabecillas lograban impedir que se pudiera seguir el rastro del dinero hasta ellos. Se trataba en la mayoría de los casos de personas reclutadas en la calle, mucho de ellos drogodependientes, aunque también amigos de los cabecillas.

La organización estaba fuertemente jerarquizada. Al frente de la misma estaba presuntamente Bousnina, quien supuestamente había adiestrado al resto de la organización en esta modalidad delictiva “como si fuera una franquicia”, destacan fuentes cercanas a la investigación. Salva ya tenía condenas por hechos similares ―tenía requisitorias de un juzgado para cumplir una pena― y acumula siete arrestos anteriores, cinco de ellos de la Policía Nacional y dos más de la Guardia Civil. De hecho, él es considerado el presunto cabecilla de la trama desmantelada en 2020 en la llamada la Operación Lubido-Hezurra, catalogada en aquel momento como la mayor red de sextorsión del país, que entonces se estimó que pudo haber alcanzado las 4.000 víctimas. Por este hecho fue procesado en septiembre de 2022 por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por pertenencia a organización criminal y extorsión junto a otros 90 presuntos integrantes de aquella trama.

Junto a Bousnina, en la cúspide de la trama se encontraba un segundo individuo. La madre de este último era la presunta testaferro que figuraba como propietaria de la empresa de recogida de fruta utilizada para el blanqueo, mientras que su abuela se encargaba de recoger el dinero en los diferentes pisos que tenía la organización para no levantar sospechas aprovechándose de su edad. Por debajo de todos ellos había varios escalones. Uno de ellos se encargaba de imitar la voz del sicario de modo convincente, mientras otros se encargaban de captar a las mulas con las que abrir las cuentas y algunos eran los responsables de retirar rápidamente de los depósitos bancarios el dinero pagado por las víctimas a través de los cajeros y entregárselo a los cabecillas para evitar que fuera bloqueado.

Finalmente, el pasado 11 de febrero, la policía procedía a detener a los implicados y realizar 22 registros en Valencia, Tarrasa (Barcelona) y Benissa (Alicante). En el chalé situado en esta última localidad ―donde fue arrestado Bousnina y otras seis personas―, los agentes encontraron multitud de teléfonos y dispositivos electrónicos utilizados para perpetrar la extorsiones, pero también indicios de que la trama también se dedicaba a realizar la llamada estafa del hijo en apuros de manera masiva. Esta se inicia con un mensaje al teléfono móvil a través de la aplicación de mensajería WhatsApp del tipo “papá, he perdido mi teléfono y tengo un problema”. Al otro lado, quien no sabe aún que es víctima de un timo, trata de ayudar a quien cree que es su hijo, quien le plantea la necesidad de que le envíe un dinero para solucionar una emergencia. Puede ser la compra de un teléfono nuevo, un ordenador portátil o cualquier factura. La transferencia se realiza de manera urgente y el dinero desaparece para siempre.

También se descubrió que traficaban con drogas “a pequeña y mediana escala” y que, incluso, iban a destinar parte del dinero en montar un club de cannabis en Valencia, en el que ya habían invertido 120.000 para que, entre otros lujos, tuviera un jacuzzi. Fuentes policiales destacan el alto nivel de vida de los principales implicados en la red y ponen como ejemplo, precisamente a Bousnina, que vivía en un piso tipo loft y tenía varios perros, algunos valorados en cerca de 5.000 euros. Los investigadores añaden que pese a que las amenazas se quedaban simplemente en eso, en amenazas, las pesquisas revelaron que el grupo sí llegó a utilizar la violencia contra las propias mulas de la organización cuando estas no cumplían correctamente los encargos.