Las 4.000 víctimas de la mayor red de ‘sextorsión’

El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil en la Operación Lubido-Hezurra se acerca a las 4.000. Así lo destaca un escrito remitido por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Teruel, Jerónimo Cano, al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia y que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo de la causa, precisamente por el elevado número de afectados y su extensión a “la práctica totalidad del territorio nacional”.

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Así operaba la trama: “En media hora quiero mi dinero o te pego dos tiros”

El sumario, que permanece en gran parte secreto, acumula más de 25 tomos y en él están imputadas una treintena de personas, entre ellos el futbolista del Levante Toño. Los dos presuntos cabecillas, Ismael Bousnina, alias Salva, y Massinissa Ferrah, Erik, permanecen recluidos desde su detención en la prisión de Teruel. En la causa se investigan delitos de extorsión, amenazas, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación, blanqueo y organización criminal.

La trama de sextorsión ahora investigada es descrita por la Guardia Civil en uno de los primeros informes incorporados a la causa como “un grupo criminal organizado” dedicado al chantaje sexual a personas que habían contratado o intentado contratar los servicios de prostitutas a través de la web pasion.com. Los investigadores recogían en aquel documento policial que la red podría llevar actuando “incluso años” y ya hablaban de “centenares o miles de víctimas”, aunque aún sin concreción.

La Guardia Civil destacaba que los presuntos integrantes de la misma tenían “una actividad extorsionadora compulsiva y depredadora sobre las víctimas, quienes —ante el temor de ser descubiertos por familiares y parejas su consumo habitual o esporádico de servicios sexuales— realizan desembolsos de diversas cantidades en una o en varias ocasiones”. Para conseguir sus objetivos, la red amenaza a las víctimas con enviar a sus domicilios a los supuestos integrantes de un grupo mafioso de Europa del Este para darles una paliza o, incluso, matarles si no pagaban. “En media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna”, le dicen a un hombre al que reclamaban 450 euros.

‘Mulas’ para cobrar

“Es ese temor a un mal que creen factible el que logra paralizar a las víctimas y conlleva el pago de las sumas solicitadas, llegándose a superar, en algunos casos, los varios miles de euros”, destacan varios informes de la Guardia Civil, que recogen el caso de una víctima que entregó a la red 25.000 euros. Cuando se produjeron los primeros arrestos, las pesquisas apuntaban ya a que la red de chantaje sexual había conseguido un botín de “cientos de miles de euros”. Para cobrar estas cantidades, los presuntos extorsionadores habían montado un entramado de cuentas a nombre de testaferros para recaudar el dinero sin que se les pudiera conectar con los chantajes. A través de una familia del conflictivo barrio valenciano de La Coma, coordinaban una red de mulas, personas que prestaban sus cuentas bancarias para recibir los ingresos a cambio de una pequeña comisión: de cada 1.000 euros, 50 eran para el coordinador y otros 50 para la mula. El dinero se retiraba de inmediato de las cuentas, la mayoría de las veces sin dejar siquiera el rastro de una tarjeta, sino mediante un código. Uno de los implicados llegó a mover “en unos pocos meses” más de 250.000 euros, de los que 233.000 salieron enseguida hacia cuentas abiertas por personas con pasaportes de Malawi, que los investigadores sospechan que son falsos.

La Guardia Civil conoció la existencia de la trama en abril de 2018, cuando una de las víctimas denunció en el cuartel de Sarrión (Teruel) después de ver que, pese a efectuar un primer pago, la extorsión no cesaba. “Habrá consecuencias y tu familia se enterará”, le amenazaron. En los siguientes meses, otros seis vecinos de la misma provincia denunciaron hechos similares y, poco después, las pesquisas se extendieron a Navarra, Castellón o Guipuzkoa, donde aparecieron nuevas víctimas. Las primeras investigaciones apuntaron como origen de los chantajes sexuales la provincia de Valencia, donde estaban las sucursales bancarias donde la trama había abierto las cuentas para recibir el dinero. Diez meses después eran detenidos como presuntos cabecillas dos veinteañeros valencianos, Salva y Erik.

El juez Cano ya intentó el pasado año que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de las pesquisas a la vista de “la magnitud de la causa”, pero entonces el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama, rechazó la inhibición, con el apoyo de la Fiscalía, al considerar que no era competente porque no estaba acreditada “la existencia de una generalidad de personas afectadas” por las actividades ilegales de la red de extorsión. Por ello, el juez de Teruel se dirigió el pasado 3 de diciembre al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia y que este decida qué órgano debe, finalmente, hacerse cargo de la investigación, según confirmó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El principal argumento del juez Cano es que las investigaciones practicadas hasta el momento cifran ya en “un total aproximado de 4.000 potenciales perjudicados ubicados en la práctica totalidad del territorio nacional” a las víctimas de la red de sextorsión.