Un juez procesa a 92 personas por extorsionar a miles de puteros ‘on line’

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por organización criminal y extorsión a los 92 presuntos miembros de una organización criminal, uno de ellos menor de edad, que chantajeaba a los usuarios de una página web de prostitución con la amenaza de poner en conocimiento de sus familias que habían intentado contratar servicios sexuales. Informes de la Guardia Civil incorporados al sumario cifran en cerca de 4.000 el posible número de víctimas repartidos por “la práctica totalidad del territorio nacional”, aunque el juez solo cita un centenar de casos en su auto. El magistrado señala a dos veinteañeros imputados, Ismael Bousnina Obando, alias Salva, y Massinissa Ferrah Múñoz, Erik, como los presuntos cabecillas de esta trama de sextorsión.

Ellos se encargaban supuestamente de llamar a las víctimas para exigirles en pago de una cantidad de dinero que variaba según los casos. “En media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna”, “baja el tonito de voz si no quieres que te parta las piernas”, y “venga, hijo de la gran puta, ahora vas a ver, te voy a pegar dos tiros cuando te vea; te voy a vaciar un cargador en la cabeza”, eran algunas de las amenazas que vertían por teléfono. Entre los chantajeados figura Abelardo Fernández, entonces entrenador del Deportivo Alavés, quien en una comparecencia pública contó que había denunciado ante la Guardia Civil y que había prestado declaración ante el juez. El exjugador de Sporting de Gijón y Barça efectuó en abril de 2018 cuatro pagos por un total de 30.000 euros.

La existencia de la trama salió a la luz en abril de 2018, cuando una de las víctimas acudió al cuartel de la Guardia Civil en Sarrión (Teruel) a denunciar que estaba sufriendo una extorsión y que esta no cesaba pese a haber hecho ya un pago. “Habrá consecuencias y tu familia se enterará”, le amenazaron. En los siguientes meses, otros seis vecinos de la misma provincia denunciaron hechos similares y, poco después, las pesquisas se extendieron a Navarra, Castellón o Gipuzkoa, donde aparecieron nuevas víctimas. Se iniciaba así la Operación Lubido-Hezurra, cuyas primeras pesquisas apuntaron como origen de los chantajes sexuales la provincia de Valencia, donde estaban las sucursales bancarias en las que la trama había abierto las cuentas para recibir el dinero. Unos meses después, en octubre de 2019, fueron detenidos los presuntos cabecillas, Salva y Erik. Junto a ellos, fueron arrestadas una treintena de personas, entre ellos el futbolista del Levante Antonio García Aranda, Toño, acusado de guardar en su casa 4.820 euros de uno de los presuntos líderes de la trama. Toño, que en la actualidad no tiene equipo, es uno de los 92 presuntos integrantes de la trama señalados en el auto.

La investigación fue inicialmente asumida por un juzgado de Teruel, donde se presentó la primera denuncia, para pasar posteriormente a la Audiencia Nacional al operar la organización en más de una provincia. Según recoge el juez Calama en su auto, Salva y Erik ordenaban o efectuaban directamente la publicación de diversos anuncios en la página web de contactos sexuales para adultos pasion.com. Todos los anuncios tenían idénticos contenidos y números de teléfono de contacto, que los dos cabecillas controlaban directamente. Una vez que los usuarios de la web contactaban a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp con las mujeres que supuestamente prestaban el servicio, la trama se guardaba sus números de teléfono y obtenía información personal sobre ellos, fundamentalmente a través de los perfiles públicos de las redes sociales, para utilizarla durante la extorsión.

Una vez hecho esto, contactaban con las víctimas mediante llamadas de teléfonos o mensajes y se presentaban como los dueños “de varios pisos de alto standing”. En la comunicación les recordaban que hacía unos días habían concertado una cita con una de las chicas a la que no habían acudido. “Ahora el problema lo tienes conmigo y me vas a abonar lo que me has hecho perder”, les espetaban. Para lograr que pagaran, hacían saber a las víctimas que conocían datos personales suyos, como el lugar de residencia, el de trabajo o que tenían pareja, y que podrían difundir en sus entornos que eran usuarios de servicios de prostitución. Si ello no era suficiente, no dudaban en pasar a las amenazas de muerte para coaccionarles. En otras, sin embargo, recurrían a la compasión. “Hazlo por mi hijo, que está enfermo”, le dijo Salva a un hombre que se negaba a entregarles más dinero tras pagar 9.000 euros. Con Abelardo utilizaron una estrategia similar. El auto del juez acusa a Salva de 55 extorsiones y amenazas consumadas cometidas en solo cuatro meses, los que van de noviembre de 2018 y febrero de 2019, y a su compañero Erik, de 32. Sin embargo, la Guardia Civil sospecha que la red podría llevar actuando “incluso años”.

En uno de sus informes, la Guardia Civil destacaba que los presuntos integrantes de la trama tenían “una actividad extorsionadora compulsiva y depredadora sobre las víctimas”. La escuchas a los presuntos implicados lo corroboran. Así, el sumario recoge que el 24 de noviembre de 2018, los cabecillas de la trama hicieron decenas de llamadas a diferentes números en busca de víctimas dispuestas a pagar. En varias de ellas se encontraron con la resistencia de los destinatarios, que cortaban la comunicación. En ocasiones, esto les hacía perder la paciencia: “Voy a tirar la puerta abajo y me vas a pagar, maricón”, le espetó Erik en una segunda llamada a uno que le había colgado previamente. La escuchas de la Guardia Civil revelaron que la trama no perdía el tiempo con quien se resistía, pero que exprimían al límite a quien flaqueaba y hacía un primer pago.

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El juez Calama detalla que la organización estaba estructurada en tres niveles diferenciados. El primero, con funciones de organización y dirección, lo encabezaban Salva y Erik y a él pertenecían otras cuatro personas. El segundo, formado por una quincena de investigados, se encargaba de la logística, como facilitar tarjetas de telefonía desde las que hacer las llamadas para no ser detectados, insertar los anuncios en páginas web de contactos, y recibir el dinero de las víctimas y luego ocultarlo. En el último se sitúan 70 implicados (entre ellos el menor), que actuaban como lo que en jerga policial se conoce con el término de mulas, personas que prestan sus cuentas bancarias para recibir los ingresos de las víctimas a cambio de una pequeña comisión. Entre un 10% y un 15% en este caso, según el auto judicial. Cuando se produjeron los primeros arrestos, en febrero de 2019, la investigación de la Guardia Civil apuntaba ya a que la red de chantaje sexual había conseguido un botín de “cientos de miles de euros”.

Las pesquisas permitieron abrir una pieza separada, bautizada como banking, para investigar otro entramado criminal cuya única finalidad era la sustracción de información de bancos y empresas radicadas en España, Austria, Alemania, Francia y Portugal, así como de pagarés y cheques emitidos por entidades mercantiles. Esos datos eran utilizados para confeccionar y falsificar cheques bancarios que, posteriormente, facilitaban a otros miembros de la organización criminal para ser cobrados por mulas. En esta pieza, el juez Calama ha propuesto juzgar a 39 personas por los delitos continuados de falsificación en documento mercantil en concurso ideal con el de estafa y el de organización criminal.