La UE impulsa un pacto migratorio basado en el blindaje de fronteras y la expulsión de irregulares
Bruselas ultima una propuesta sin cuotas para evitar el veto de Polonia y Hungría
La Comisión Europea tiene previsto aprobar en las próximas semanas el llamado pacto migratorio, un proyecto que pretende evitar la repetición de crisis de movilidad como la de 2015 y restablecer la unidad de la zona Schengen, quebrada desde entonces. El plan, elaborado por el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, se basa en un refuerzo sin precedentes de la vigilancia de las fronteras exteriores y una escalada en la expulsión de migrantes irregulares. Bruselas confía en que esas medidas ayuden a superar el veto de Polonia y Hungría al objetivo fundamental del pacto: el compromiso de los 27 Estados miembros de compartir la gestión de unos flujos que ahora afrontan casi en solitario los países de la periferia.
La propuesta de la Comisión será el punto de partida para una de las negociaciones más tóxicas e ideologizadas de la Unión Europea, según la definen fuentes comunitarias. Los contactos de Schinas y Johansson con todas las capitales, salvo durante el parón provocado por la pandemia, tratan de allanar el camino porque la Comisión solo quiere hacer público el proyecto del pacto, cuyo contenido ha podido conocer este periódico, cuando tenga garantizado que ningún socio la rechazará de plano.
La pandemia también ha trastocado los planes de Alemania, país que presidirá el club a partir del 1 de julio. La canciller alemana, Angela Merkel, planea dejar el debate migratorio para la última parte de su semestre presidencial, una vez zanjadas las negociaciones del Fondo para paliar los daños económicos de la covid-19. Pero ni siquiera el socio más poderoso de la UE se ve en condiciones de cerrar un acuerdo a corto plazo y solo aspira a un posible pacto político sobre el calendario a seguir para llegar a un acuerdo definitivo sobre una política común de asilo e inmigración, que tal vez no llegue hasta finales de 2021.
El diálogo previo entre socios también es intenso. Berlín y París están coordinándose en un expediente que en otras épocas provocaba divergencias en el eje franco-alemán. Y este miércoles, la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, se reúne con su homólogo húngaro. España y Hungría representan, en cierto modo, los dos extremos a reconciliar. En 2019, el ratio de reconocimiento de solicitudes de asilo en España fue de 820 por millón de habitantes del país; en Hungría, de 5, según datos de Eurostat.
BLINDAJE DE LAS FRONTERAS
La primera piedra angular del pacto es la agencia europea de fronteras (Frontex), que durante la crisis de refugiados de 2015 era poco más que un centro administrativo de apoyo a las autoridades nacionales. La agencia ahora ha pasado a reclutar un cuerpo policial propio (que llegará a contar con 10.000 efectivos) y planea pertrecharse de abundante material de vigilancia terrestre, marítima y aérea.
Este mismo mes ha empezado la formación de los primeros 265 guardias de fronteras, seleccionados entre más de 7.000 candidaturas. “Y en septiembre, esperamos adjudicar otros 400 puestos”, señaló el director general de Frontex, Fabrice Leggeri, durante una reciente entrevista con EL PAÍS. Además de los coches patrulla con que ya cuenta, la agencia espera dotarse pronto de aviones de vigilancia en propiedad. Un impulso que Leggeri confía que se vea respaldado financieramente en el nuevo marco presupuestario de la UE (2021-2027), en plena negociación en estas semanas.
RESPUESTA URGENTE
El blindaje de las fronteras se completa con equipos de reacción rápida ante cualquier fisura en el perímetro exterior. El despliegue de fuerzas europeas podrá ser a petición del país que se vea desbordado por un flujo repentino de migrantes o como consecuencia del análisis de puntos vulnerables que realice periódicamente Frontex. La Agencia puede pedir a los Estados la movilización de recursos humanos (hasta 1.500 personas) en un plazo de cinco días y de material en 10 días.
Poco antes de la pandemia, la tensión en la frontera de Grecia con Turquía sirvió como botón de muestra para lo que aspira a convertirse en un modelo de reacción. Las amenazas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de alentar el éxodo de migrantes hacia suelo griego fueron neutralizadas de manera inmediata con la aprobación de una fuerza de intervención rápida de Frontex que aún sigue sobre el terreno. Los líderes de las instituciones comunitarias también se desplazaron de inmediato hacia el punto de conflicto, con una escenografía cuasi militar que desató las críticas de algunas organizaciones gubernamentales pero que pretendía dejar claro a Ankara que la UE no aceptaría chantajes. “Esto no es la frontera de Grecia, sino la frontera de la UE. Y le agradezco a Grecia que sea el escudo de Europa”, señaló la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tras llegar al lugar en helicóptero.
IRREGULARES DE IDA Y VUELTA
Junto al blindaje del perímetro exterior, el pacto aspira a acelerar y a mejorar la efectividad los procedimientos de expulsión de personas que han entrado de manera irregular en la Unión Europea. Como media, en la UE solo se ejecutan el 36% de las órdenes de expulsión, mientras decenas de miles de personas permanecen cada año en situación irregular en territorio comunitario. Bruselas quiere mejorar ese ratio un objetivo en el que Frontex también juega un papel creciente. “El año pasado organizamos 330 vuelos chárter para expulsión de migrantes, e decir, hay casi un vuelo diario”, señala el director ejecutivo de Frontex. Y Leggeri añade: “también utilizamos vuelos comerciales, en los que podemos cambiar el nombre del pasajero para expulsar a otra persona si la que estaba prevista desaparece en el último minuto”. La agencia ya participa en unas 16.000 expulsiones al año, el 10% del total.
Para Frontex, la clave para aumentar el ratio de repatriaciones estriba en recortar los plazos desde orden de expulsión y su ejecución. Y en ampliar el número de países que aceptan los retornos. “Hace cinco años, Frontex solo podía hacer devoluciones a 14 países. Hemos multiplicado casi por seis esas cifras y ya podemos hacer retornos a 82 países de fuera de la UE”.
SOLIDARIDAD OBLIGATORIA
La Comisión quiere esgrimir la creciente fortaleza de Frontex para superar las objeciones de Polonia o Hungría al pacto migratorio. A cambio de una política de fronteras mucho más dura, Bruselas pedirá a todos los países un esfuerzo de solidaridad obligatoria. El organismo presidido por Ursula von der Leyen descarta, sin embargo, recuperar las cuotas obligatorias de reparto de refugiados que tanto encresparon los ánimos durante el mandato de Jean-Claude Juncker. Tras cinco años de bloqueo, la Comisión espera avanzar hacia un modelo de solidaridad obligatoria pero más flexible. Los socios podrán colaborar no solo acogiendo asilados sino también con otras fórmulas, como aportación de recursos humanos o materiales, programas de ayuda a terceros países (sobre todo, en África), etcétera. Alemania incluso ha propuesto que el número de personas expulsadas podría computar como una contribución.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.