Europa se decanta por la línea dura contra la inmigración irregular

Las posturas más duras sobre migración van ganando terreno en Europa. Este jueves, en una reunión paralela durante la cumbre de Granada, los líderes de Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos, Albania y la Comisión Europea se han emplazado a tomar medidas conjuntas para reforzar las fronteras y para detener a los barcos de las mafias que llevan a las costas de Europa a las personas en situación irregular, y a detenerlos incluso con iniciativas y cooperación conjuntas, según fuentes comunitarias al corriente del encuentro, celebrado a puerta cerrada. Es un tema controvertido que tiene, además, un encaje complejo dentro del derecho internacional. La gestión de la inmigración y las tensiones entre los países europeos estarán muy presentes este viernes en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Polonia y Hungría, contrarios a cualquier acuerdo comunitario sobre inmigración, amenazan con bloquear cualquier declaración común de la cumbre si se aborda este asunto. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha criticado este viernes, a su llegada a la reunión, el pacto migratorio europeo y ha asegurado que Varsovia y Budapest han sido “legalmente violadas” por el acuerdo, que implica un cierto reparto de solicitantes de asilo cuando se produzca un número extraordinario de llegadas a la UE. “Hemos sido legalmente violados, forzados legalmente a aceptar algo que no queríamos”, ha dicho el ultraconservador populista húngaro empleando una metáfora enormemente desafortunada. También el ultraconservador polaco, Mateusz Morawiecki, embarcado además en campaña electoral, habló del “dictado de Berlín y Bruselas”.

El asunto, extremadamente tóxico políticamente en algunos Estados miembros, se están calentando. Las llegadas irregulares a Europa y cómo afrontarlas no estaba como tema de agenda en la cita de la Comunidad Política Europea en Granada, que ha reunido a más de 40 líderes del continente el jueves. Pero el primer ministro británico, Rishi Sunak, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, que querían un debate europeo común, han promovido un encuentro que no ha gustado a España, anfitriona de la cumbre, ni a Alemania, que no estuvo presente en la reunión paralela del jueves.

Hace unas semanas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni —promotora junto al primer ministro británico, Rishi Sunak, de la cita paralela— reclamó a la UE patrullas para detener a los migrantes en el mar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que está escorando su discurso sobre migración cada vez más a la derecha, se mostró abierta a “explorar” las misiones navales en el Mediterráneo. Controlar en el mar las llegadas en operaciones que no se dediquen, además, al salvamento es complejo y puede no estar amparado en el derecho internacional.

“Hemos llevado a cabo un trabajo conjunto para luchar contra los traficantes y parar sus movimientos”, ha explicado el presidente francés, Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa tras la cumbre.

La reunión paralela de Granada ha servido para “buscar enfoques comunes”, según fuentes conocedoras de la reunión, y para visibilizar que la inmigración irregular no empieza ni termina en las fronteras exteriores de Europa. Los Seis de Granada son, además, férreos defensores de acuerdos con países de origen y tránsito para controlar las llegadas. Acuerdos como el controvertido con Túnez, cuyo Gobierno está señalado por las vulneraciones a los derechos humanos y ataques a los migrantes, que recibe asistencia económica de la UE para gestionar los flujos migratorios; es decir, fondos a cambio de cerrar las puertas.

La Comisión Europea está ahora diseñando nuevos acuerdos como el de Túnez y sondea ya a Egipto o Nigeria. Y se espera que la presidenta de la Comisión Europea, que estuvo presente en la reunión paralela, ponga al día sobre el asunto a los líderes de los Veintisiete este viernes. Sin embargo, el acuerdo de Túnez está a punto de descarrilar por las andanadas del presidente del país magrebí, Kais Said, que está tratando de obtener más fondos y se ha embarcado en una sonora y hostil disputa pública con los oficiales europeos. Said ha asegurado que ha rechazado la ayuda pública por “irrisoria”, el comisario de Ampliación y Vecindad, Oliver Varhelyi, sin embargo, afirma, mostrando documentos tunecinos, que Túnez ya ha cobrado y ha exigido a Said que devuelva la ayuda si no la quiere.

Lo sucedido con Túnez muestra que el tema migratorio está cada vez más caliente en todos los frentes y que el debate puede no apagarse. El miércoles, en vísperas de la cumbre de Granada, los Veintisiete acordaron el último reglamento —el de gestión de crisis— para cerrar el pacto migratorio, un paquete de normas que restringen aún más las posibilidades de entrada y solicitud de asilo y marca cuotas obligatorias de acogida a repartir entre todos los Estados miembros o el pago de 20.000 euros por cada solicitante de asilo rechazado. Hungría y Polonia, que rechazan cualquier política migratoria común, ya han dicho que tratarán de buscar medios para bloquear estas regulaciones.

El asunto amenaza, incluso, la declaración que los líderes aspiran a rubricar en la cumbre de Granada, un texto que urge a iniciar las reformas internas de la UE previas a la próxima gran ampliación hacia el este y a reforzarla industria de defensa, según el último borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“La inmigración es un desafío europeo que requiere una respuesta europea”, dice el borrador de la declaración. “No permitiremos que los contrabandistas decidan quién entra en la UE”, dice el texto en el que Varsovia y Budapest exigen que se incluya un punto que indique que cualquier decisión sobre migración debe tomarse por unanimidad. Ahora estas decisiones se toman por mayoría, lo que impide que el veto de Hungría y Polonia secuestre los acuerdos. Varsovia y Budapest amenazan con no firmar la declaración de Granada si no se atiende su reclamo, aunque el texto podría salir sin mencionar la inmigración.

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