La UE plantea imponer un pago de hasta 22.000 euros por refugiado a los países que rechacen acogerlos

Acoger o pagar. La UE plantea que los Estados miembros que no quieran admitir a un número determinado de solicitantes de asilo llegados a territorio comunitario —pactado en el reparto común europeo— tengan que contribuir de otras formas a la cesta de solidaridad común. Esa aportación podrá ser económica o, en ocasiones, a través de medios técnicos o logísticos cuantificables para el control de la migración, según un borrador de la nueva regulación europea de asilo, presentado por la presidencia sueca de turno y que negocian ahora los Veintisiete, y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Será la Comisión Europea la que, en un paso posterior, ponga cifras a esa cesta de solidaridad obligatoria de acogidas o pagos. Se estudia una contribución de entre 10.000 y 22.000 euros por persona no acogida, según fuentes de la negociación, aunque la cifra todavía está muy abierta.

La regulación de asilo, que también incluye la gestión de las solicitudes en la frontera, es uno de los flecos pendientes de cerrar del pacto migratorio de la UE, bloqueado desde hace tiempo por los debates entre los socios sobre el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad de acogida de demandantes de asilo. Con las normas actuales, que saltaron por los aires en la crisis migratoria de 2015 —espoleada sobre todo por la guerra de Siria—, cuando decenas de miles de migrantes llegaron a la UE, son los países de primera línea fronteriza los que afrontan la mayor carga de responsabilidad. Esto deja gran parte de la primera presión de llegada por el Mediterráneo a Italia, Grecia, España y Malta. La UE quiere ahora establecer un nuevo sistema de “solidaridad obligatoria, pero flexible”, apuntan fuentes comunitarias.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, encargada también de inmigración, aseguró el martes que no se prevé un sistema de “reubicaciones obligatorias”, como se propuso en la crisis desatada entre 2015 y 2016. El nuevo reglamento, que analizarán los ministros del Interior de los Estados miembros mañana jueves en una reunión en Luxemburgo, afirma, por el contrario, que la acogida, la financiación o la aportación de medios —una “caja de herramientas permanente”— tienen “el mismo valor”. “Con un acuerdo todos ganamos, incluidos los migrantes, porque cuando trabajamos juntos también podemos acoger migrantes y refugiados de manera más ordenada y sin arriesgar sus vidas”, ha remarcado Johansson. En 2022 se registraron unas 330.000 llegadas irregulares (por todas las rutas) a la UE, la cifra más alta desde 2016, aunque también coincide con el final de la pandemia.

Mientras, organizaciones de derechos humanos han criticado el espíritu del reglamento, que consideran que busca convertir a la UE en una fortaleza. “Las propuestas no solucionarán las deficiencias crónicas del sistema de asilo, sino que señalan el deseo de la UE de blindarse y bloquear a los solicitantes”, opina Stephanie Pope, experta en migración de Oxfam.

El sistema de contribución a distintas cestas de solidaridad para llegar al equilibrio común ha coleado otras veces, pero nunca ha salido adelante. En el nuevo reglamento que está ahora sobre la mesa se prevé que la Comisión Europea —en consulta con los socios y las agencias especializadas de la UE— prepare cada año un informe de “gestión de la migración” que evalué la situación a lo largo de las rutas migratorias, en todos los Estados miembros y el nivel de preparación; y que lo acompañe de una “decisión” en la que establezca qué socios están “bajo presión migratoria”, y emita una recomendación de las distintas fórmulas de solidaridad: reubicaciones, contribuciones financieras o medidas alternativas, apunta el borrador, que todavía puede cambiar en la negociación liderada por Suecia, que ostenta la presidencia de turno semestral del Consejo de la UE.

El nuevo reglamento enfrenta todavía grandes escollos para salir adelante. Polonia y Hungría se oponen a todo. No quieren acoger solicitantes de asilo, pero tampoco quieren contribuir a la cesta financiera ni a la de los medios logísticos excepcionales (aportar, por ejemplo, un helicóptero para vigilancia de fronteras o drones, material, uniformes). Otros países están tratando de negociar la horquilla de entre 10.000 y 22.000 euros que habría que pagar por cada persona no acogida de las que les corresponderían del reparto común. La cantidad correspondiente a las acogidas de cada país variará. La Comisión Europea la calculará teniendo en cuenta las llegadas al territorio UE, la población y el PIB de cada país, dice el texto del reglamento. También es flexible el cálculo económico por solicitante de asilo no acogido, según fuentes diplomáticas.

Para la Comisión Europea y la presidencia sueca, que cederá el testigo a España el 1 de julio, el objetivo es sacar adelante este fleco del pacto migratorio y cerrar el capítulo. Están dispuestos a hacerlo pese a la oposición de algunos Estados miembros, a través de una mayoría cualificada. Pero para eso aún hace falta que Italia, uno de los países más críticos y que más presión migratoria recibe, esté a bordo. Ahora está en el aire y no se quiere avanzar sin contar con el visto bueno de todos los países de primera línea fronteriza. Se quiere evitar que la regulación acabe en la mesa de los líderes en la próxima cumbre del 28 de junio —porque entonces solo se podía aprobar por mayoría absoluta— o que vaya más allá, se encalle y quede para el semestre español. Si sale adelante ahora aún quedaría la negociación con el Parlamento Europeo para tener un texto definitivo.

Centros para migrantes cerca de las fronteras

El nuevo reglamento, que tiene dos patas —gestión de asilo y procedimiento de asilo—, también avala la creación de centros para migrantes y de instalaciones de detención en las fronteras de los Estados miembros, en territorio de tránsito o en “las cercanías de la frontera exterior”, mientras se tramita la acogida o se decide la repatriación de la persona, según un borrador del día 5. Algunos países, como Alemania, están negociando lograr una excepción y que no se pueda internar allí a las familias con hijos menores de 12 años.

Esta parte también preocupa a las ONG, señala la experta Pope, que cree que la regulación está imitando el modelo de centros de las islas griegas. “Encerrará a los refugiados, incluidos niños, con un coste enorme, en centros similares a prisiones en los límites de Europa y bloqueará su derecho al asilo”, advierte.

La nueva regulación de asilo plantea revisar el plazo en el que el país por el que ha entrado la persona en situación irregular es responsable del caso. Los países del Mediterráneo, como Italia, quieren que ese plazo sea de un año; los países que reciben más movimientos secundarios (a los que se trasladan los migrantes o solicitantes de asilo, después) quieren que ese plazo suba hasta los tres años. Las normas planteadas en el texto impulsado por la presidencia de Suecia son más duras que las actuales en cuanto a las repatriaciones y devoluciones. Contempla un plazo menor y remarca que el procedimiento de devolución de la persona a la que se le haya denegado el asilo tendrá que abrirse inmediatamente.

La Comisión Europea establecerá también una lista común de “países seguros”, para que los Estados miembros sigan la misma pauta a la hora de analizar las solicitudes de asilo. Si proceden de un país seguro y las autoridades consideran que no tienen circunstancia de riesgo, pueden rechazar su petición. Esto, dice el borrador de la norma, “debería facilitar la convergencia en la aplicación de los procedimientos y también disuadir de los movimientos secundarios”, es decir, los desplazamientos de demandantes de asilo que llegan a un país de la UE en el que tienen menos posibilidades de ser acogidos y se van a otro. En este último punto están países como Francia, Alemania o Suecia.

Queda otro fleco importante del pacto migratorio —que se combinará con las medidas de acción exterior, para frenar las llegadas, y los acuerdos con los países de fuera de la UE—: el reglamento de gestión de crisis, que prepara ahora la presidencia sueca y que trata de pautar qué hacer en casos de un aumento extraordinario o inesperado de llegadas, apuntan fuentes comunitarias. El Parlamento Europeo ya ha advertido de que no se sentará a negociar si este último reglamento no está en el paquete con el resto.

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