Sangre maldita

El militar retirado Rey Pardellas fue uno de los jefes del Batallón de Comunicaciones 181 en la ciudad argentina de Bahía Blanca. Tuvo a su cargo la represión en el área 511, un centro de detención clandestino instaurado por la dictadura que comenzó en 1976. Es juzgado por delitos de lesa humanidad desde 2022. A comienzos de marzo, en una audiencia, se refirió al robo de bebés, hijos de militantes de la guerrilla armada, a quienes los militares criaban como propios. El robo, dijo, demuestra el “sentido humanitario” de quienes se apropiaron de “los hijos de terroristas”, ya que “de esa forma se evitaría que crecieran odiando como odiaban sus padres. Pero se ha comprobado que muchos de estos, al igual que sus padres, tienen la sangre maldita”. El mismo día se supo que el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, ordenó eliminar de los programas educativos del secundario el término “terrorismo de Estado” para referirse a la dictadura de su país (1973-1985), y reemplazarlo por “suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”. El 8 de marzo, horas antes de la marcha por el Día de la Mujer, el Gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció que del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada se descolgarían cuadros de chicas destacadas ―María Elena Walsh, Juana Azurduy, Victoria Ocampo―, se reemplazarían por los de varones ilustres ―el general Roca, Bartolomé Mitre―, y pasaría a llamarse Salón de los Próceres. Al día siguiente, un diario argentino dio cuenta de la convocatoria multitudinaria de la marcha por el 8M. Había comentarios de lectores. Dos de ellos dialogaban entre sí. El primero decía: “Qué buen momento para repartir jabón y cera depilatoria”. El segundo: “O nafta y un fosforito”. Todo un ecosistema: palabras que reivindican el delito, eufemismos que intentan maquillarlo, gestos nada inocentes que alimentan una hoguera que ya ni siquiera se preocupa por disimular sus llamas.