Los 11 acusados por el robo de bebés en la dictadura argentina

En el banquillo de los acusados por el caso de los niños robados durante la dictadura argentina se sientan dos dictadores, seis militares, un miembro de la prefectura naval o guardia marina, un agente de inteligencia y una civil, Susana Inés Colombo. Excepto Colombo, todos se encuentran en prisión o bajo arresto domiciliario. Ocho están procesados por organización o encubrimiento del aparato criminal de las apropiaciones de niños. Y tres (Juan Azic, Víctor Gallo y su antigua esposa, Susana Inés Colombo) son juzgados por haberse quedado con hijos de desaparecidos.

Jorge Rafael Videla, el dictador más cruel

Encabezó la dictadura más cruel de la historia argentina entre 1976 y 1981. Bajo su régimen desaparecieron 30.000 personas, según los organismos de derechos humanos. Buscó instaurar una cultura represora y un modelo económico neoliberal a ultranza. General del Ejército, durante el histórico juicio contra las Juntas Militares que asolaron Argentina fue condenado por primera vez en 1985 a reclusión perpetua por terrorismo de Estado. Pero en 1990 el entonces presidente Carlos Menem, lo indultó. No obstante, en aquel juicio no se juzgaron los robos de bebés y por esta causa Videla volvió a prisión en 1998. Permaneció tras las rejas solo 38 días hasta que consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria, dado que era mayor de 70 años.

En 2008 regresó a la cárcel. Y en 2010, después de la anulación de las leyes del perdón y los indultos en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), fue condenado por segunda vez en su vida a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba. No ha reconocido la autoridad de los jueces y desmiente que haya habido nunca un plan sistemático por parte del Ejército para apropiarse de menores. En su alegato final declaró: “Lo que sí es cierto es que todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la fiscalía, eran militantes activas de la maquinaria del terror. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes”. Tiene 86 años.

Reynaldo Bignone, entre la represión y la transición

Fue el general que se hizo cargo del final de la última dictadura argentina (1976-1983). Asumió el poder en 1982 tras la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas, entre el malestar político y económico de la población. Convocó a las elecciones en octubre de 1983 y se retiró dos meses después. Pero antes ordenó la destrucción de todos los archivos sobre detenciones, torturas y asesinatos del régimen y dictó una amnistía, que poco tiempo después fue anulada durante la democracia. No fue juzgado en el juicio a las Juntas, pero había acusaciones contra él de que perpetró actos de terrorismo de Estado antes de asumir la presidencia de facto.

Las leyes del perdón del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) lo mantuvieron alejado de las rejas, pero en 1999 cayó bajo arresto domiciliario por la causa del robo de bebés. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las normas del perdón y Bignone debió responder ante la justicia. En 2010 ingresó en prisión porque fue condenado a 25 años por delitos cometidos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Al año siguiente fue condenado a cadena perpetua por otros vejámenes cometidos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Ahora se le acusa de encubrir las apropiaciones de niños. Tiene 84 años.

Eduardo Ruffo, acusado de abusar de una niña robada

Eduardo Ruffo, apodado Zapato, fue un agente de la Secretaría de Inteligencia y de la paramilitar Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Era el número dos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Pese a las acusaciones por secuestros y torturas, siguió trabajando en Inteligencia tras la llegada de la democracia. Cuando su caso tomó estado público, dejó el cargo y se dedicó a vender información sobre los desaparecidos a familiares de las víctimas y periodistas. Fue detenido en 2006 por la causa Orletti y condenado en 2011 a 25 años de prisión. Ruffo fue imputado de apropiarse de una hija de desaparecidos, Carla Rutilo Artés, quien lo acusó también de abusos sexuales. La justicia ya lo condenó por la falsificación del documento de la niña.

Inés Colombo, esposa separada del militar maltratador

Era la esposa de Víctor Gallo, excapitán del Ejército, hasta que se separaron en 1994, después de que su marido cayera preso por el asalto a una compañía financiera. Colombo declaró que un día su marido trajo a un bebé recién nacido a la casa diciendo que había sido abandonado en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Alegó ante el tribunal que fue Gallo quien lo había inscrito como hijo propio. El niño, ahora de 34 años, Francisco Madariaga, ha recuperado la identidad y afirma que su madre miente para victimizarse y que en aquel entonces sabía que era hijo de desaparecidos.

Colombo era maltratada por Gallo, quien recibió una condena judicial por ese motivo. Francisco cuenta que no cuajaba en esa familia violenta y en 2010 le preguntó a su supuesta madre por sus orígenes. “Era la primera vez que me lo preguntaba y yo le contesté que podía ser un hijo abandonado en el hospital, podía ser hijo de Gallo, porque era un mujeriego, o hijo de desaparecidos”, confesó Colombo ante los magistrados. Tiene 59 años.

Víctor Gallo, de represor a delincuente común

Era capitán del Ejército en tiempos de la dictadura y esposo de Inés Colombo. En aquel tiempo se apropió de un hijo de desaparecidos, Francisco Madariaga. Integró el movimiento de militares Carapintadas que se rebelaron contra el Gobierno de Raúl Alfonsín para exigirle las leyes del perdón. Fue condenado por maltrato a su mujer y estuvo preso por el robo a una compañía financiera en 1994. Después de recuperar la libertad fundó una empresa de seguridad privada, adonde contrató a su supuesto hijo. Francisco, cansado del maltrato de Gallo, le reclamó a Colombo que le contara la verdad sobre sus orígenes. “Fueron 32 años de angustia, de vivir mucha violencia y maltratos”, declaró Francisco después de someterse a análisis de ADN y recuperar su identidad. Gallo también está siendo investigado por presuntos crímenes en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo.

Juan Antonio Azic, el oficial que se apropió de una futura diputada

Era oficial de inteligencia del grupo de secuestros de la Marina que encabezaba el propio almirante Emilio Massera, quien rivalizaba con Jorge Videla por dominar la junta militar imperante. Azic torturó en la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de esta fuerza militar. Incluso atormentó al bebé de 20 días de un detenido para que este confesara. En 2003 fue imputado por crímenes de lesa humanidad en España y trató de suicidarse de un tiro en la boca. Fue ingresado entonces en un hospital psiquiátrico de Argentina.

Su hija adoptiva, la actual diputada progresista Victoria Donda, comenzó a investigar sus orígenes biológicos y en 2004 comprobó que era hija de desaparecidos y que había sido entregada por su tío, el jefe de la ESMA Adolfo Donda, a Azic. También se demostró que la otra supuesta hija de Azic también había nacido en la ESMA, Laura Ruiz Dameri. Laura se resistió a someterse a los análisis genéticos para comprobar su identidad, pero una juez tomó objetos personales de ella para contrastarla. Victoria Donda asume que su padre tiene que pagar por lo que hizo, pero siempre reconoció que fue tratada con amor por Juan Antonio Azic. El año pasado, Azic consiguió permiso judicial para asistir a la boda de Laura Ruiz Dameri. Este oficial de la Armada había sido condenado a principios de 2011 a 18 años de prisión en la megacausa por los crímenes de la ESMA. Tiene 70 años.

Jorge Luis Magnacco, el obstetra de las desaparecidas

Era médico de la Armada y llegó al rango de capitán de navío. Fue obstetra en el centro clandestino de detención de la ESMA, donde se había montado una maternidad para atender a las secuestradas embarazadas y después entregar a los bebés a personas que no pertenecían a su familia sino, en general, a vinculados con las fuerzas de seguridad. Cuando regresó la democracia, trabajó en el Hospital Militar porteño y en una clínica privada, la Mitre, de la que lo despidieron después de sucesivos escraches (manifestaciones en su contra) del colectivo HIJOS, integrado por descendientes de desaparecidos. Por las investigaciones sobre robo de bebés quedó detenido en 2001 bajo arresto domiciliario, dado su edad avanzada. En 2005 fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el secuestro del bebé Rodolfo Pérez, cuya madre parió en la ESMA. “Actuó con conocimiento y voluntad de prestar una ayuda indispensable en un parto que culminaría, ineludiblemente, con la sustracción del recién nacido y la desaparición forzada de su madre”, consideró el juez que lo sentenció. Ahora afronta las demandas por otros casos.

Santiago Riveros, el general tres veces condenado

En el régimen militar fue el general a cargo de la represión en Buenos Aires y su periferia, donde vive un tercio de la población argentina y donde fue sustraída la mayor parte de los hijos de desaparecidos. Estaba a su cargo el Hospital Militar de Campo de Mayo, el centro del Ejército donde parían muchas de las mujeres detenidas. Como era comandante del Ejército, fue procesado y detenido en 1985. En 1990 salió libre por el indulto de Carlos Menem. En Italia fue sentenciado por la desaparición de ciudadanos de ese país, pero ni él ni ningún otro represor argentino han sido jamás extraditados. En 2009 fue condenado a prisión perpetua en Argentina por el secuestro y la tortura de Floreal Avellaneda, militante comunista de 15 años, y su madre. Por su edad, cumple la condena bajo arresto domiciliario. En 2010 recibió otros 25 años por comandar la represión en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Al año siguiente enfrentó la tercera sentencia de su vida: otra cadena perpetua por secuestros, torturas y homicidios en la zona norte del Gran Buenos Aires. Tiene 91 años.

Antonio Vañek, de la formación en EE UU al Plan Cóndor

Este marino había encabezado misiones a la Antártida y se había formado en Estados Unidos, donde fue agregado naval de Argentina, antes de regresar a su país para involucrarse en el terrorismo de Estado. Fue jefe de operaciones navales entre 1977 y 1978 y era el segundo responsable de la ESMA, solo por debajo del máximo responsable de la Marina, Emilio Massera. En 1985 fue procesado, pero se acogió a los indultos de Carlos Menem.

En 1999 se convirtió en el primer militar detenido por el robo de bebés: se le acusa de diez sustracciones. Permanece bajo arresto domiciliario dado que es mayor de 70 años. Ha recibido una condena en Italia por desaparecidos de ese país. Después del juicio por el robo de niños deberá enfrentar otro por el Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras militares sudamericanas en la represión ilegal de opositores. Tiene 87 años.

Jorge Acosta, el Tigre de la ESMA

Apodado El Tigre, Acosta fue capitán de fragata y perteneció al grupo especial de represión que comandaba el propio almirante Emilio Massera. Era uno de los hombres más poderosos de la ESMA y como tal ordenó que fueran arrojadas vivas al mar, en los llamados vuelos de la muerte, a varias secuestradas en la iglesia Santa Cruz en 1977: dos monjas francesas y tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo pertenecientes al primer grupo que empezó a reclamar por sus hijos.

En 1981 viajó a Sudáfrica para asesorar al Gobierno del apartheid en su lucha contra los insurgentes. Cuando regresó la democracia se benefició de las leyes del perdón del Gobierno de Raúl Alfonsín. En 1997, el juez Baltasar Garzón pidió la extradición de 46 argentinos, incluido Acosta, por la desaparición de ciudadanos de su país, pero el Gobierno de Carlos Menem las denegó.

En 1998 se había descubierto que Acosta contaba con una cuenta en Suiza. Finalmente fue detenido en 1999 en Argentina en la causa por el robo de bebés, tarea en la que estaba involucrado como jefe dentro de la ESMA. En 2003 se reabrieron otras causas contra él que habían sido paralizadas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El año pasado fue sentenciado a cadena perpetua en la megacausa ESMA por secuestros, torturas, asesinatos y robos a sus víctimas.

Igual que el resto de condenados, ante el tribunal ha negado la existencia de un plan sistemático. "Los procedimientos no hablaban de partos ni apropiación de niños, no he participado de ningún plan sistemático durante la guerra civil de la que se me ordenó participar. Hay casos particulares que sí existen y que como delitos que son deben ser analizados, pero no participé de ningún plan", declaró. Tiene 71 años.

Rubén Franco, de la dictadura a las acusaciones de contrabando

Este almirante de la Armada integró la última Junta Militar de la dictadura, entre 1982 y 1983. Es decir, participó de la transición hacia la democracia junto a Reynaldo Bignone. Franco tampoco fue juzgado en el juicio a las Juntas de 1985, aunque más tarde comenzaron investigaciones contra él por presunto encubrimiento, dada la orden de destrucción de archivos del régimen, y también por el robo de niños. En 1997, el juez Baltasar Garzón pidió su extradición. En 2006 quedó detenido en Argentina en la causa por los secuestros de bebés. También ha sido investigado por el presunto contrabando de armas a Croacia en la Guerra de la ex Yugoslavia, uno de los principales casos de corrupción del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Tiene 84 años.