Efe, un precedente peligroso
Nombrar al exsecretario de Estado de Comunicación presidente de la agencia pública de noticias española puede llevarnos a una pendiente resbaladiza que acabe con exministros del Gobierno en la Fiscalía o en el Tribunal Constitucional
La decisión de nombrar al ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia pública de noticias española, Efe, es preocupante. Las cualificaciones profesionales de Oliver no se discuten; lo que resulta poco edificante es que no se pretenda dar la menor imagen de imparcialidad. En la pandemia, Oliver tomó decisiones controvertidas y provocó la protesta de numerosos medios porque filtraba las preguntas al Gobierno. Proteger al Ejecutivo era más importante que prestar un servicio a los medios y a los ciudadanos. Lo desalentador es que parece que se le escoge precisamente por eso: el sectarismo es la virtud requerida. El PP ha pedido que el puesto sea elegido por el pleno del Congreso de los Diputados, lo que tampoco es un sistema de selección óptimo. Por otra parte, no está claro para qué necesita España a estas alturas una agencia estatal de noticias. En las circunstancias comunicativas actuales, su existencia no se justifica en nombre del derecho a recibir información. Hay muchas otras formas de enterarnos de lo que pasa y, por otra parte, los gobiernos tienen abundantes recursos en forma de redes sociales, medios y publicidad institucional para diseminar su propaganda.
Es importante señalar esta inaceptable decisión ahora, cuando todavía se pueden cambiar las cosas. Que un Gobierno esté dispuesto a poner a una figura tan marcada al frente de una agencia que debe aspirar a la neutralidad nos conduce a una pendiente resbaladiza. Este tipo de nombramientos pueden convertirse en tendencia y contagiarse a instituciones centrales del Estado. Sin ánimo de ser agoreros, podría suceder que un organismo como el Centro de Investigaciones Sociológicas acabase al servicio de un partido político. Podría ocurrir incluso que una exministra de Justicia fuera nombrada fiscal general del Estado, o que un exministro o un ex alto cargo del Ejecutivo pasaran a formar parte del Tribunal Constitucional. Podría llegar a pasar que un líder se mostrara dispuesto a perdonar delitos a cambio de votos para una investidura, y que un socio de gobierno amenazara a jueces y periodistas en una intervención parlamentaria. Estos fenómenos parecen lejanos, pero no son completamente imposibles. Es importante detener estas dinámicas iliberales antes de que sea demasiado tarde. @gascondaniel
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