El Congreso aprueba las comisiones del “lawfare” que el PSOE pactó sobre Cataluña

El Congreso aprobó en su primera sesión plenaria de esta XV legislatura, además de dar el pistoletazo de salida a la ley de amnistía, tres comisiones de investigación parlamentarias pactadas por el PSOE y sus socios de investidura nacionalistas catalanes, Junts y ERC, centradas sobre todo en indagar sobre corrupciones y operaciones ilegales fomentadas por las cloacas policiales y las cúpulas del Ministerio del Interior del gobierno del PP de Mariano Rajoy. La primera de esas comisiones se denomina Operación Cataluña, la segunda pretende trabajar sobre aspectos no esclarecidos de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, y la tercera busca confirmar si se utilizó el llamado sistema Pegasus para espiar a políticos, periodistas y abogados por razones políticas. En el debate, partidos ahora socios del Ejecutivo, como Junts o Sumar, y de la oposición, como Vox y el PP, relacionaron esas comisiones con un posible lawfare o persecución de instrumentos del Estado contra partidos independentistas catalanes o con un pago a la investidura de Pedro Sánchez. Las dos primeras comisiones han recibido 178 a favor, 171 en contra y 1 abstención, y 179 síes y 171 en contra la última, la referida a Pegasus.

Antes de los debates en el pleno sobre las tres comisiones, portavoces y dirigentes del PSOE, de sus partidos aliados ahora en el Congreso, pero también de la oposición del PP y Vox, concluyeron que las tres propuestas tenían en realidad un denominador común y mucho que ver con la propia ley de amnistía y la situación política en Cataluña.

El debate comenzó con la proposición de Junts y PNV de retomar la investigación parlamentaria de la denominada “Operación Cataluña” sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del PP en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial. Esa misma comisión ya se abordó al final de la anterior legislatura, pero se quedó en ciernes. En el caso de la comisión sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 lo que se cuestiona es si pudo haber algo oscuro y extraño detrás.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no desaprovechó la oportunidad de destacar que ella y su partido ya habían demandado más indagaciones sobre la Operación Cataluña en el pasado sin éxito para resaltar que ahora, gracias a los imprescindibles siete votos de su partido para la investidura de Pedro Sánchez, se podrá hacer “de la necesidad virtud” y “no por la convicción” del PSOE. Nogueras, que se mostró dura con algunas de las actuaciones policiales de aquel momento y también con conocidos periodistas que se prestaron a divulgar informaciones falsas contra dirigentes separatistas, no dejó pasar la oportunidad para señalar además que su formación lo que persigue en última instancia es la independencia de Cataluña.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, respaldó la investigación y concedió que todo lo que se discutía ayer tenía que ver con Cataluña, la amnistía y operaciones irregulares de aquellos gobiernos del PP. Gerardo Pisarello, de Sumar y en representación de En Comú Podem, abundó en esas ideas y en su percepción de que Cataluña se convirtió entonces “en un banco de pruebas para la guerra política y mediática” y enumeró algunos de los nombres de miembros de Unidas Podemos y de su formación que sufrieron esos ataques. También citó a los máximos responsables del Ministerio del Interior de aquella etapa del PP de Rajoy como Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández.

Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, quiso subrayar que su partido ya se atrevió en el pasado a ser “valiente” para reclamar esas sesiones de investigación en el Parlamento cuando otros no lo exigían, en una nueva alusión a Junts en su permanente competición sobre quién logra más réditos en sus negociaciones con el Gobierno central y con el PSOE. Rufián precisó que en la Operación Cataluña no solo se atacó a partidos y políticos de esa comunidad sino que se socavó los principios de la democracia. Y se preguntó si a día de hoy siguen existiendo en los aparatos del Estado policías y responsables policiales como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que está en el núcleo de muchos de esos montajes policiales y de informes falsos y que ha aportado grabaciones y acusaciones nuevas contra distintos responsables del PP de aquella época.

Tanto Ignacio Gil Lázaro, de Vox, como Carlos Rojas, del PP, vincularon la creación de esas comisiones como un pago o chantaje “indecente” y “corrupto” del Gobierno y el PSOE de Sánchez para “maquillar su investidura” y coincidieron en su oposición. Rojas contraatacó al PSOE sobre corrupción con el caso de los ERE de Andalucía.

David Serrada, del PSOE, enfatizó sobre las acusaciones de indecencia y de corrupción que el PP las lleva como algo “inherente” porque las cuatro comisiones de investigación que se han montado en el Congreso hasta ahora tenían por objeto corrupciones de esa formación, alguna con sentencia judicial y afirmó que su partido las apoya “para seguir clarificando aquellas tramas de corrupción amparadas y promovidas por el PP“.