Prohibido investigar las comisiones de investigación de la transición

En el Congreso de los Diputados aún hay a día de hoy 12 comisiones de investigación de asuntos relacionados con el pasado y la transición que son secretas y a cuya documentación, actas y conclusiones ni los diputados actuales, ni los investigadores o periodistas, pueden tener acceso. Y ese oscurantismo no va a cambiar. El PNV lleva tiempo reclamando, oficialmente y por distintas vías, más transparencia en general y en concreto sobre una comisión sobre Derechos Humanos (y torturas) de la primera legislatura, pero se topa con un muro imposible. La Mesa del Congreso, el órgano que dirige la institución y en la que el PNV no está, se lo deniega recurrentemente, la última vez esta misma semana. Esas comisiones sí son públicas desde 1994, tras el caso Roldán.

Aitor Esteban, el portavoz del PNV, reapareció por el Congreso esta semana tras más de un mes de baja por una operación y en su primera comparecencia se quejó con vehemencia de un nuevo veto de la Mesa de la Cámara baja a una propuesta de su partido para instar a la presidenta, Ana Pastor, a flexibilizar su interpretación rígida del reglamento que regula el funcionamiento de las Cortes. Esteban había vuelto a pedir en la junta de portavoces a Pastor que se diese acceso a todos los diputados a la documentación y deliberaciones de todas las comisiones de investigación que se han desarrollado en el Congreso en esta etapa democrática. En total han sido 18, desde la legislatura constituyente en 1977.

Pastor lo rechazó y los demás grupos, incluidos PP y PSOE, tampoco mostraron mucho interés por ese debate. La Mesa lleva varios mandatos agarrándose al criterio de los letrados que defienden que esos documentos mantienen su carácter reservado. Los diputados pueden solicitar su consulta oficialmente pero con límites, sin poder hacer copias, ni difundirlas y con un funcionario que vigila determinadas identidades secretas.

El PNV, además, había pedido en esta ocasión ese cambio reglamentario a través de una Proposición No de Ley (PNL), que son las que los grupos deben utilizar para exigir algo al Gobierno de turno, es decir al poder político, no a la Mesa. La vía normal para variar el reglamento es a través de modificar su propia ley y eso lleva otros trámites, que tampoco tienen ningún viso de prosperar.

El PNV volvió a poner el grito en el cielo como hizo la semana anterior con una queja formal cuando reclamó papeles y legajos de una comisión sobre derechos humanos y malos tratos en la cárceles que se formó en la primera legislatura, entre 1979 y 1982, que fue declarada secreta como las otras 11 que se montaron entre la constituyente (1977) y la V (1993-96). El Congreso abordó esa reforma en junio de 1994, tras dos resoluciones de apertura para las futuras comisiones de investigación aprobadas en el debate de la nación de aquel convulso año, en plena resaca de casos de corrupción del Gobierno de Felipe González y tras el escándalo que acabó con Luis Roldán, exdirector fugado de la Guardia Civil. Desde entonces ha habido seis comisiones de investigación ya abiertas (tres en funcionamiento en la actualidad), con sesiones y papeles públicos y con los límites que fije la Justicia.

Antonio Morillo Crespo, presidente de aquella primera comisión denominada de Derechos Humanos, no le ve ningún sentido a ese secretismo y traslada ahora desde su botica en Vejer (Cádiz) que no hubo en sus escasas dos o tres sesiones ni en los corolarios de sus trabajos y visitas a las cárceles nada extraño ni ningún mal trato digno de ser denunciado. Y recuerda que entre sus miembros más activos estaba el histórico abogado y diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés.