La España de las investigaciones parlamentarias

¿Cómo se originaron las tramas corruptas de los casos Púnica y Gürtel en Madrid? ¿Por qué hay listas de espera en la sanidad asturiana? ¿A qué se deben los millonarios sobrecostes de las autopistas de Ibiza? Todo eso, y más, indagan las más de 30 comisiones de investigación parlamentarias que hay repartidas por toda España entre el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos. Nunca antes hubo tantas. La aparición de Podemos y de Ciudadanos, que empezaron a tener representación municipal y autonómica en 2015, ha provocado ese inusitado efecto: los dos partidos están levantando las alfombras para ver si el bipartidismo del PP y el PSOE ha escondido algo debajo.

“Este número de comisiones no es frecuente”, resume Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, que atribuye la proliferación de investigaciones a la entrada de Podemos y Ciudadanos en las instituciones. “Se debe al clima político que vivimos”, sigue. “La corrupción es uno de los problemas que preocupan a los ciudadanos según los sondeos de opinión”, dice. “La política necesita buscar la responsabilidad y la rendición de cuentas de los corruptos para saldar este problema más allá de las sentencias judiciales”.

Desde que arrancó la legislatura, el Congreso ha apostado por investigar el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior, el rescate de las cajas de ahorros o la presunta financiación ilegal del PP. El Senado, por su parte, estudiará las finanzas de todas las formaciones. Las dos principales Cámaras del país reflejan lo que está pasando en el resto de España. Solo hay dos Parlamentos autonómicos sin comisiones (Canarias y Euskadi). Y hay tres que han aprobado hasta cuatro (Asturias, Murcia y Comunidad Valenciana). En consecuencia, cientos de políticos, altos cargos y expertos han pasado por las Cámaras, obligados a comparecer para intentar esclarecer casos de presunta corrupción, mala gestión o inversiones fallidas.

“Hay dos motivos para estas comisiones”, razona Emilio León, portavoz de Podemos en el Parlamento de Asturias. “Primero, que para impulsar un nuevo modelo productivo y reactivar la economía necesitamos recuperar recursos: eso se puede hacer investigando despilfarros, desfalcos y corrupción”, dice. “Y segundo, que eso también se consigue haciendo que las cosas funcionen de manera más eficiente”, sigue. “No hay atasco parlamentario. Lo que hay es que han robado mucho”.

Las conclusiones de las comisiones no tienen carácter legal ni sancionador. Sirven, sin embargo, para señalar a los responsables políticos. Aspiran a explicar escándalos que afectan a los ciudadanos. Y, en consecuencia, pueden influir en sus votos.

“La utilidad es investigar todas las fechorías que se han hecho en la Comunidad de Madrid”, resume César Zafra, de Ciudadanos. “Y sobre todo que la gente pueda ver que muchos responsables han usado sus puestos para enriquecerse ellos y sus partidos”.

El PP y el PSOE han apoyado muchas de esas investigaciones. También las han impulsado, como en Galicia o Murcia. Esto ha obligado a la colaboración entre los partidos. “Conforme avanzas, te das cuenta de que no todo es blanco o negro, sino que hay matices”, cuenta Alexis Marì, diputado de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. “Hay que llevar mucho cuidado para que la comisión no se desvirtúe. Se busca la verdad y no solo tener razón”.

Mientras los trabajos de unas comisiones avanzan, otros se preparan: el Congreso y el Senado investigarán la financiación del PP y la de todos los partidos.