El partidismo ciega las comisiones de investigación

¿Sirve de algo investigar en el Parlamento el engaño a los ciudadanos por entidades públicas o privadas? ¿Por qué se impide crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la quiebra de Bankia o la actividad de Novagalicia, pero se aceptan otras como la del fraude de los ERE en Andalucía, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) o las entidades financieras en Cataluña? ¿Servirán de algo estas últimas o sus conclusiones serán las que imponga la mayoría política?

La sociedad demanda que se indague sobre la quiebra de Bankia, el engaño a miles de ahorradores en la compra de productos de alto riesgo como las preferentes, los agujeros de las cajas de ahorros, los sueldos de sus consejeros y la dudosa contabilidad de las entidades financieras, pero las comisiones de investigación parlamentaria o no se utilizan o casi siempre se emplean en favor de la mayoría.

“No tendría por qué prevalecer la mayoría”, asegura Peces Barba

En 33 años de democracia y ocho legislaturas el Congreso de los Diputados, máximo representante de la soberanía popular, ha celebrado solo 17 comisiones de investigación parlamentaria, 11 con el PSOE en el Gobierno, tres con el PP y tres con la UCD. La última tuvo lugar hace ocho años, bajo Gobierno socialista, y abordó la matanza del 11-M. ¿Aportaron algo a los ciudadanos o se utilizaron por los partidos mayoritarios para imponer su verdad política? ¿Son incompatibles estas comisiones con la investigación judicial?

La Constitución establece que el Congreso y el Senado pueden constituir comisiones de investigación para indagar en asuntos de interés público. Corresponde solicitarlas a la Mesa del Congreso, dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados. La lista de comisiones de investigación rechazadas es interminable: desde asuntos relacionados con la Corona, el mal uso de los fondos reservados, la implicación de altos cargos en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) hasta los vuelos secretos de la CIA en territorio español.

Gregorio Peces Barba, de 74 años, expresidente del Congreso, reconoce que los grandes partidos utilizan la mayoría para emplear este instrumento en su propio beneficio. “Una comisión de investigación en la que prevalezca la mayoría es como ese refrán que dice que el que tiene un tío en Alcalá no tiene tío ni tiene ná. Si sigue el principio parlamentario de mayoría, beneficia al partido del Gobierno y no tendría por qué. No debería ser así”.

Leopoldo Torres, de 71 años, abogado y exfiscal general del Estado en el Gobierno de Felipe González, lo cree inevitable. Torres presidió en 1984 la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Acababa de estallar el caso Flick en Alemania con su ramificación en la financiación del PSOE. “El resultado de cualquier comisión de investigación está en función de quién tiene la mayoría en ese momento. Las conclusiones se acomodan al voto mayoritario sin perjuicio de los votos particulares. Es lo obligado. Es una imposibilidad metafísica que sea de otra manera. La experiencia demuestra que ha sido siempre así. ¿Es decepcionante? A los precedentes me remito”, dice.

“Soy escéptico. No son útiles para investigar”, dice Sáenz de Cosculluela

Para algunos no siempre ha sido así. Josep López de Lerma, de 61 años, presidió en 1994 la comisión de investigación sobre el caso Roldán, el exdirector general de la Guardia Civil condenado años después a 31 años de prisión. Un escándalo de corrupción que estalló en el corazón del Gobierno de González y acabó con 14 años ininterrumpidos de Gobierno socialista.

El exdiputado de CiU asegura que entonces no predominó la mayoría. “No ocurrió en la comisión Roldán. No me sometí a ningún control por parte del Gobierno de González y tuve su máxima colaboración. El comportamiento del Ejecutivo fue modélico, pero no es lo habitual. Redacté el dictamen en mi casa. Creo que es el único redactado por el presidente de una comisión por encargo de sus miembros. Se aprobó por unanimidad”, dice López de Lerma. Reconoce que el PSOE se opuso a la comparecencia de Narcís Serra, entonces responsable del Cesid (servicio secreto) y a responsabilizar a González de las irregularidades de Roldán. El PP hizo un voto particular en ese sentido.

“Es verdad que la mayoría tiene la facultad de oponerse a la presencia de ciertos testigos, tiene derecho de veto y derecho a que el dictamen final se pueda aprobar por mayoría. Solo cabe aquello que menos hiera al Gobierno de turno, aunque hay votos particulares, pero le aseguro que a mí nunca me presionaron”, afirma el exparlamentario de CiU, hoy abogado en un despacho de Cataluña.

En sus 26 años de actividad parlamentaria, Luis Mardones, de 74 años, exdiputado por Coalición Canaria, ha formado parte como vocal de varias comisiones de investigación (Filesa, caso del lino y Gescartera). Ve la mayoría como algo natural e inevitable. “El parlamentarismo se resuelve por una cuestión aritmética, es normal que las mayorías condicionen su funcionamiento. Pese a sus defectos e inconvenientes, creo que son muy necesarias”, afirma resignado.

Juanjo Aguirrezabala, de 52 años, diputado de Eusko Alkartasuna en el Parlamento vasco, presidió la comisión de investigación sobre el caso Miñano, que indagó en supuestos cohechos y espionaje a políticos en Álava. “Aquí las conclusiones no son necesariamente las del Gobierno. Hemos intentado y conseguido que sean independientes. No se pueden ni deben crear comisiones para defender los intereses partidistas del Gobierno”, dice convencido.

¿Y la batalla política? Las comisiones de investigación se han convertido muchas veces en territorio para prolongar luchas políticas ajenas a los intereses de los ciudadanos o de la verdad histórica. La del 11-M en 2004, la última celebrada en el Congreso, fue en ocasiones ejemplo de un ruido ensordecedor. Paulino Rivero, de 60 años, su presidente, la recuerda así: “Las propuestas fueron con el apoyo de los dos grandes partidos, pero quedaron tapadas por la batalla política. El cómo y el porqué de los atentados quedó en entredicho por las posiciones tan enconadas que se mantuvieron”. El ataque yihadista contra los trenes que provocó 192 muertos y miles de heridos se produjo tres días antes de las elecciones del 14 de marzo que ganó contra casi todos los pronósticos José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Sirven de algo estas comisiones si están tan mediatizadas por la mayoría? Javier Saénz de Cosculluela, de 68 años, ministro de Obras Públicas con Felipe González, hace una crítica que va más allá del instrumento. “Para generar debate y expresar la preocupación del pueblo sí son útiles, pero no lo son para investigar. Están reguladas de forma que aportan poca seguridad jurídica en sus conclusiones. He sido siempre muy escéptico sobre estas comisiones”.

El exministro recuerda la comisión que se celebró para investigar las dos catástrofes aéreas en Barajas en 1983. “El voto reflejó la postura de los grupos, pero no una apreciación en conciencia. El diputado es una máquina de votar las decisiones colectivas del partido. En la Transición fue útil la disciplina, pero superada esa fase el diputado debería tener más poder e independencia. Hoy ver levantar el dedo a los portavoces para indicar el voto me da vergüenza. Ya es hora de que los diputados tengan facultades individuales y subjetivas. Esto lo solucionaría el voto secreto”, dice.

López de Lerma dice que no se sintió presionado en el ‘caso Roldán’

Julio Fernández, promotor de la web www.parlamenta.es, que recoge toda la legislación parlamentaria nacional y autonómica, es partidario de estas comisiones. “Funcionan mal porque suelen utilizarse como campo de batalla partidista, pero siempre que hay un motivo de interés social que las impulse, como ocurre ahora con la necesidad de conocer las razones de la crisis del sector financiero y su gestión, rinden resultados insustituibles. No hace falta que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en las conclusiones, basta que acuerden un programa de trabajo y este se cumpla. La negativa a investigar en sede parlamentaria degrada al Parlamento a un papel de comparsa institucional”.

Algunas comisiones se cerraron en falso, como la de la financiación de los partidos políticos, que se disolvió porque se disolvieron las Cortes. “El Banco de España se negó a dar la información y tuve que conseguirla hablando con Luis Ángel Rojo y pedir partido a partido sus créditos. Hubo una gran opacidad en las cajas de ahorros”, recuerda Mardones. Otras, en cambio, acordaron útiles recomendaciones. En especial la del 11-M. “Se aprobaron casi 200 recomendaciones para mejorar la seguridad sobre un terrorismo nuevo y desconocido”, destaca Rivero, hoy presidente de Canarias.

López de Lerma recuerda la comisión que investigó el caso Roldán como “altamente” positiva. “Se adelantó a la actuación de la Justicia. Esta fue siempre por detrás de nosotros. En dos ocasiones trasladamos la información a la fiscalía. No llegó solo a Roldán, se descubrieron muchas cosas. Pero lo que debe investigar la Justicia no lo debe investigar el Parlamento, son planos distintos”.

“Las propuestas del 11-M las tapó la batalla política”, recuerda Rivero

Para Aguirrezabala, de Eusko Alkartasuna, los objetivos de la investigación judicial y parlamentaria son muy distintos: “Nosotros queremos saber quién no ha actuado conforme a la ley de contratos vigente. La Justicia busca determinar si hay delito. Creo que son compatibles”. Rivero opina que la investigación en el Parlamento debe hacerse después de la policial y judicial, aunque las que se reclaman o han comenzado en Cataluña y Valencia sobre el sector financiero pueden iniciarse antes.

Las comisiones de investigación parlamentaria están tan necesitadas de credibilidad que eso explica por qué las han presidido diputados de partidos bisagra como Rivero y Mardones, de Coalición Canaria, o López de Lerma, de CiU. “Hay un pacto no escrito. Si no se hacía así daban apariencia de falta de credibilidad”, confiesa Mardones.

El Movimiento 15-M, que reclama una regeneración democrática no ha llegado a un consenso sobre este instrumento de control parlamentario, pero Pedro Martí, abogado de 42 años y miembro de su Comisión de Economía, resume su postura personal en una breve frase: “Mejor sí que no”. “Sus miembros adolecen de imparcialidad porque muchas veces han sido partícipes en los casos que pretenden investigar. Habría que ver sus resultados. No se deberían utilizar como pretexto para decir que se ha investigado”, dice.

“Pese a sus defectos, resultan muy necesarias”, plantea Mardones

¿Cómo se pueden mejorar? Mardones hace una propuesta: “Hay que exigir veracidad a los comparecientes. En Estados Unidos se exige a los testigos decir la verdad. Tienen que jurar que van a decirla. Aquí no, pueden permitirse el lujo de mentir descaradamente o acogerse al derecho a no declarar. Camacho [Antonio, dueño de Gescartera] se negó a testificar. Se debería tipificar la mentira ante el Parlamento”. “El modelo anglosajón funciona de manera más convincente. El nuestro es manifiestamente mejorable”, apostilla Sáenz de Cosculluela.

La historia se repite: el PP ha excluido a presidentes del Consell y consejeros de la investigación de la CAM en las Cortes valencianas; el Parlamento andaluz inaugura con el escándalo de los ERE su primera comisión de investigación en 17 años de Gobierno; la quiebra de Bankia no merece, a juicio del Gobierno, una comisión de investigación; el PSOE se ha negado a investigar la intervención de Caja Castilla-La Mancha o Caja Navarra.