Pedro Sánchez renueva el Tribunal Constitucional con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo

El Gobierno también nombra magistrada del tribunal de garantías a Laura Díez, ex alto cargo de La Moncloa, sin esperar al CGPJ, bloqueado por los conservadores

Juan Carlos Campo, en su etapa como ministro de Justicia, en la sede del ministerio, en noviembre de 2020.
Juan Carlos Campo, en su etapa como ministro de Justicia, en la sede del ministerio, en noviembre de 2020.Luis Sevillano

El Gobierno se ha cansado de esperar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco meses sufriendo el veto a la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional por parte de ocho vocales cercanos al PP, y ha decidido elegir a los dos que le tocan. El Ejecutivo nombrará en el Consejo de Ministros de este martes a Juan Carlos Campo, juez y exministro de Justicia de Pedro Sánchez, y a Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional y ex alto cargo en La Moncloa —fue directora general de Asuntos Constitucionales hasta hace seis meses—, como nuevos magistrados del tribunal de garantías.

Cada nueve años, el Gobierno de turno tiene la potestad de renovar 2 de los 12 miembros del Constitucional. Y eso suele hacer que cambien las mayorías, como ocurrirá también esta vez, al pasar de un 6-5 a favor de los conservadores a un 7-4 para los progresistas. Hay un magistrado conservador que dimitió y no ha sido sustituido por el Senado. Si se logra un acuerdo para hacerlo, quedaría un 7-5 a favor de los progresistas.

En la última renovación, la de 2013, el PP eligió dos nombres muy políticos: Enrique López, actual consejero de Justicia de Madrid y hombre fuerte histórico del PP en el mundo de la justicia, y Francisco José Hernando, ya fallecido, entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y un referente conservador y de oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares también eligieron a magistrados que habían sido diputados —Andrés Ollero—, y tuvo un presidente del Constitucional que era militante del partido —Francisco Pérez de los Cobos—. En la última renovación, en 2021, el PP optó por dos personas muy cercanas a esta formación, como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Pedro Sánchez y su equipo han elegido esta vez también nombres con mucha trayectoria política.

Laura Díez, en su toma de posesión como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en febrero de 2020.
Laura Díez, en su toma de posesión como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en febrero de 2020.José María Cuadrado Jiménez / Moncloa

Campo fue ministro de Justicia de Sánchez hasta julio de 2021, y fue el encargado de redactar los indultos a los líderes independentistas, una de las decisiones clave de esta legislatura, que en su momento fue muy polémica, pero ahora reivindica el presidente como una medida fundamental para rebajar la tensión en Cataluña y buscar una salida al conflicto político que se vive desde el procés. Campo (Osuna, Sevilla, 61 años) tiene una larga carrera judicial que empezó en 1987 —actualmente está ejerciendo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional—, pero también política. Ha sido director general en la Junta de Andalucía, vocal del CGPJ, diputado del PSOE, secretario de Estado y después titular de Justicia.

Laura Díez (Barcelona, 52 años) es mucho menos conocida en el ambiente político. Hasta hace seis meses trabajaba en La Moncloa, en el equipo de Félix Bolaños y antes en el de Carmen Calvo en Presidencia, como directora de Asuntos Constitucionales. Dejó el puesto al ser nombrada en abril por el Parlamento catalán, de forma consensuada, integrante del Consejo de Garantías Estatutarias. Entre 2002 y 2004, fue asesora de la Generalitat para la reforma del Estatut y es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

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En el PP se extendió la idea de que el Gobierno iba a nombrar en el Constitucional a alguien cercano a ERC, pero no es el caso de Díez. Más vinculada al PSC aunque sin filiación de partido, en ningún caso es una persona cercana al independentismo, sino más bien especializada en estudiar los modelos federales. Ambos cumplen los requisitos que señala el artículo 159 de la Constitución: “Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional”.

En la anterior renovación de los dos magistrados que corresponden al Gobierno con el PSOE en el poder, en 2004, José Luis Rodríguez Zapatero eligió a Manuel Aragón Reyes y a Pablo Pérez Tremps. Y ahí cambió la mayoría a favor de los progresistas. En 2013 giró de nuevo a favor de los conservadores. Pero Aragón Reyes después cambió y en un asunto decisivo como el del Estatut se unió al bloque conservador para aprobar una polémica sentencia que tumbó una parte importante de ese texto. El Ejecutivo de Sánchez opta esta vez por dos perfiles más cercanos al mundo político, aunque también con largo recorrido profesional.

Campo, que sin duda será el centro de la crítica de la oposición por su trayectoria política, es para el Gobierno un candidato ideal porque conoce los tres poderes del Estado y es muy respetado en el mundo jurídico, también por los conservadores. Fuentes del Ejecutivo argumentan que ser ministro durante año y medio no te puede contaminar el resto de la carrera.

Se trata, por tanto, de dos nombramientos de perfil netamente progresista, con los que el Gobierno lanza un gesto de autoridad muy evidente, sobre todo porque ha decidido no esperar más al CGPJ ante la evidencia de que un grupo de unos ocho vocales más cercanos al PP están dispuestos a todo tipo de maniobras dilatorias para no nombrar a los suyos.

El Gobierno ha llegado a la conclusión de que el PP, después de la ruptura de las negociaciones para renovar el Poder Judicial, estaba dispuesto a bloquear sine die esta renovación para evitar que cambie la mayoría, algo que ha sucedido siempre con total normalidad cada nueve años. El Gobierno se queja de que la oposición no reconoce su victoria electoral de 2019 y le niega la legitimidad de nombrar a sus dos magistrados, como han hecho todos los presidentes.

Ahora empezará la discusión jurídica. El Gobierno ha esperado durante cinco meses al CGPJ porque sabía que esta opción, la de nombrar por su cuenta, podría suponer un conflicto jurídico, ya que la Constitución habla de renovar el órgano por tercios, esto es de cuatro en cuatro, en este caso dos el CGPJ y dos el Gobierno. Pero una vez constatado el bloqueo en el CGPJ, el Ejecutivo entiende que no cumplir con su obligación de renovar sí sería inconstitucional y supondría que el que incumple —el CGPJ— tiene capacidad de arrastrar a otra institución a incumplir. Además, una vez que este martes el Gobierno renueve a los suyos, nada impide que el CGPJ se reúna y haga lo propio. En teoría tiene una cita para hacerlo el 22 de diciembre, pero el Ejecutivo no confía, dadas las maniobras dilatorias de los vocales cercanos al PP hasta ahora.

El riesgo es que el Constitucional bloquee esta renovación. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo creen que la decisión es incuestionable jurídicamente cuando el CGPJ lleva desde el 13 de septiembre, día límite fijado por la nueva ley, sin cumplir con su obligación de renovar a dos magistrados. En el Gobierno apelan a una sentencia del tribunal de garantías, la 191 de 2016, en la que permitió que el CGPJ funcionara con una renovación parcial del Congreso, pero no del Senado, porque había un problema para ponerse de acuerdo. La sentencia avaló la constitucionalidad de una ley que permitía una renovación parcial del CGPJ. Esto abre la puerta a que se acepte también esta renovación por separado del Gobierno y el CGPJ, según el Ejecutivo.

En cualquier caso, aunque el Constitucional bloqueara temporalmente la renovación, en algún momento se produciría y estos dos candidatos, una vez elegidos por el Consejo de Ministros, son inamovibles, con lo que la mayoría cambiará a favor de los progresistas en algún momento. Es una cuestión decisiva porque el tribunal de garantías tendría así una mayoría progresista durante nueve años, un periodo en el que tiene que resolver cuestiones decisivas como la ley del aborto, la de la eutanasia o la reforma laboral.

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