El ‘caso López’ se vuelve contra el Gobierno

El magistrado Enrique López llegó al Tribunal Constitucional sin prestigio ni experiencia suficiente y con un rechazo casi unánime de toda la oposición política por su descarado alineamiento con el PP. Se hizo con la plaza que desean todos los jueces gracias al dedo del Gobierno, que lo eligió como parte de la cuota que le pertenece en ese órgano: dos de los 12 magistrados son a propuesta del Ejecutivo. Ni en el Congreso de los Diputados (que elige cuatro) ni en el Senado (que nombra a otros cuatro) Enrique López habría conseguido la mayoría cualificada necesaria. De hecho, el PP lo intentó en 2010 por la vía del Senado pero no lo consiguió. La excusa que utilizaron entonces los partidos que se opusieron al nombramiento fue que carecía de los años suficientes de carrera judicial que le permitían acceder al puesto.

Durante su trayectoria como vocal del Poder Judicial, órgano del que fue portavoz, se caracterizó por ser un ariete contra el Gobierno socialista. Entró en el Tribunal Constitucional de la peor manera posible —el presidente de ese órgano tuvo que imponer su voto de calidad porque había un empate entre los magistrados que le consideraban idóneo y los que no— y saldrá, por primera vez en la historia de ese órgano clave, por una dimisión forzada tras una infracción de tráfico especialmente grave: conducía una moto sin casco a las siete de la mañana por el centro de Madrid y con una tasa de alcohol en sangre cuatro veces superior a la permitida.

El proceso judicial que se abrirá tras la imprudencia de Enrique López, reconocida por él mismo, abocaba al magistrado al cese. Su dimisión, que le aconsejaron ayer desde el propio Gobierno que le nombró, era el peor remedio para la imagen del Ejecutivo, pero el único posible.

El Tribunal Constitucional intentó evitar ayer el conflicto al señalar, cuando ya se conocía la grave infracción de tráfico de uno de sus magistrados, que se trataba de un “asunto privado”. Pero la ley que regula este órgano deja claro que esos asuntos privados de trascendencia penal los tiene que resolver el propio tribunal ante la eventualidad de una suspensión del magistrado implicado hasta que salga la sentencia. En este caso no ha hecho falta la intervención del tribunal porque Enrique López, habitual en las conferencias de FAES, la fábrica de ideas que alimenta al PP, optó por la única salida posible: la dimisión.

Su cese no provocará ningún terremoto en el Tribunal Constitucional: al tratarse de un magistrado nombrado por el Gobierno, su sustitución es sencilla; no requiere el consenso de la oposición. Además, la vacante tampoco provoca ningún cambio de fuerzas en el Constitucional hasta que sea sustituido. En el peor de los casos, hasta que el Gobierno nombre al sucesor de López seguirá habiendo una mayoría clara a favor del bloque de magistrados nombrados a propuesta del PP: seis frente a cinco.

Pero el caso López se ha vuelto contra el Gobierno, que sabía que su decisión de nombrarle iba a desencadenar numerosas incomprensiones. Fue un pago a los servicios prestados durante muchos años por Enrique López que le ha salido muy caro al Ejecutivo.