El Gobierno designa a Pérez Tremps y a Aragón para renovar el Constitucional

El Consejo de Ministros acordó ayer proponer a Manuel Aragón Reyes y a Pablo Pérez Tremps, catedráticos ambos de Derecho Constitucional, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Estos dos juristas, unidos a los dos designados el 14 de abril por el Consejo General del Poder Judicial, Ramón Rodríguez Arribas y Pascual Sala, sustituirán a los cuatro magistrados que agotaron su mandato de nueve años el 8 de abril, entre ellos el presidente, Manuel Jiménez de Parga, y el vicepresidente, Tomás Salvador Vives. Tras la renovación, los 12 magistrados elegirán al presidente y vicepresidente.

Los dos candidatos del Gobierno son catedráticos de Derecho Constitucional

La designación de estos dos constitucionalistas ha sido recibida críticamente por los partidos nacionalistas, en especial por los catalanes. El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran, declaró ayer: "Esperaba que el Gobierno hubiese nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a algún jurista con sensibilidad autonomista. Creo que en Cataluña hay nombre suficientes". Entre esos nombres han sido candidatos para formar parte de la propuesta gubernamental Encarna Roca, catedrática de Derecho Civil, y Enoch Alberti, catedrático de Derecho Constitucional, ambos de Barcelona.

Por su parte, desde sectores jurídicos se considera que la renovación parcial del Tribunal Constitucional no ha cuidado la proclamada paridad hombre-mujer ni la incorporación de un penalista o un procesalista, habida cuenta de que la gran mayoría de los recursos de amparo se plantean contra condenas penales o invocan vulneración de garantías constitucionales en el proceso. En cambio, critican la inflación existente de magistrados de lo contencioso-administrativo.

En cuanto a la renovación de la cúpula del Tribunal Constitucional, un sondeo próximo a los magistrados indica que para la presidencia es muy probable que se produzca un empate entre el juez de lo contencioso-administrativo Vicente Conde Martín de Hijas y la catedrática de Derecho del Trabajo María Emilia Casas, que se resolvería a favor del primero, dada su mayor edad. De resultar elegido Conde, se rompería la regla de que presida un catedrático, y sería la primera vez que el presidente fuera un juez.

Votarán, además de los dos magistrados propuestos ayer por el Gobierno y de los dos propuestos por el CGPJ, María Emilia Casas, Vicente Conde Martín de Hijas, Guillermo Jiménez Sánchez, Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera, Roberto García Calvo y Montiel, Eugenio Gay Montalvo y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.

En cambio, para la vicepresidencia es probable que Casas obtenga siete de los doce votos, por lo que resultaría elegida, ya que en caso de que se produjera empate con Guillermo Jiménez, catedrático de Derecho Mercantil, este último resultaría elegido, dada su mayor edad sobre Casas.

Los cálculos sobre las votaciones para presidente y vicepresidente se basan siempre en que se cumpla la regla no escrita de que sólo sean candidatos aquellos magistrados a los que quedan sólo tres años de mandato en el Constitucional, como ocurre con Conde, Jiménez, Casas y Rodríguez-Zapata.

La renovación parcial -de cuatro magistrados- del órgano máximo intérprete de la Constitución se produce cada tres años, a propuesta por el Congreso o el Senado de los cuatro magistrados a renovar, o del Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a razón de dos magistrados cada uno, como ha ocurrido en esta ocasión.

Además de Jiménez de Parga y Vives, designados en 1995 por el Gobierno, los magistrados a sustituir en esta ocasión son Pablo García Manzano y Pablo Cachón, propuestos en su día por el CGPJ.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que, antes de que los cuatro nuevos magistrados juren ante el Rey y tomen posesión de su cargo, el actual pleno del Tribunal Constitucional deberá verificar que los cuatro propuestos cumplen "los requisitos exigidos" para ser designados. Tales requisitos, que establece la Constitución, son los de ser magistrados o fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, "todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional".

La verificación de esos requisitos se producirá el próximo lunes y, una vez superado ese trámite, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado los decretos de cese y de nombramiento y se fijará fecha para la jura ante el Rey y la toma de posesión en la sede del Constitucional.

Manuel Aragón Reyes, nacido en Benamejí (Córdoba) hace 59 años, es constitucionalista de la escuela de Francisco Rubio Llorente, actual presidente del Consejo de Estado. Aragón es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que fue profesor del príncipe Felipe. Fue decano de la Facultad de Derecho de esa Universidad, cargo que ocupaba cuando el 14 de febrero de 1996 fue asesinado por ETA el también catedrático de aquella facultad Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional.

Pablo Pérez Tremps, madrileño de 47 años, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Hace unas semanas su nombre se daba como seguro para director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que va a depender del Consejo de Estado, pero finalmente el Gobierno designó para ese cargo al catedrático de Historia de la Universidad Complutense José Álvarez Junco.

Tanto Aragón como Pérez Tremps han elaborado numerosos trabajos, entre otros, sobre la reforma de la Constitución.

Respecto a la reforma del Senado, Aragón ha pedido prudencia y ha recordado que la forma territorial del Estado es autonómica y no federal, y sobre la equiparación de sexos para la sucesión a la Corona manifestó en noviembre de 2003 que veía "con simpatía" esa reforma, pero que "no es urgente ni un asunto de importancia extrema". Por su parte, Pérez Tremps ha publicado varias obras sobre cuestiones autonómicas y judiciales y es autor de un dictamen sobre la conveniencia de reformar la Constitución española para adaptarla a la futura Constitución europea, una de las reformas proyectadas por el actual Gobierno socialista.