El pasado de algunos magistrados del Constitucional los expone a ser recusados

Los perfiles elegidos para la renovación del Constitucional reúnen a la vez una largas trayectorias profesionales y unas afinidades políticas e ideológicas fácilmente detectables. La legitimidad de su elección no podrá ser discutida desde el punto de vista legal por esas inclinaciones, aunque solo sea porque no hay juristas sin ideología. Pero el propio tribunal de garantías asumió importantes riesgos para su estabilidad con decisiones que si bien fueron tomadas en otro contexto, en cualquier momento podrían replantearse. Por ejemplo, en materia de cuestionamiento de sus miembros, por la vía de las recusaciones.

El Constitucional introdujo la aluminosis en su apariencia pétrea como supremo intérprete de la Constitución, cuando en 2007 aceptó la recusación del magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, a quien el PP logró apartar de la deliberación de la sentencia del Estatut por haber realizado un trabajo científico retribuido para una fundación vinculada a la Generalitat. Un filón que ha sido explotado desde entonces con desiguales resultados, porque las más de las veces el tribunal rechaza las recusaciones para no quedar diezmado para sus decisiones más relevantes.

A diferencia de otras instancias, el Constitucional no tiene banquillo, y sus miembros no pueden ser sustituidos si se apartan de un caso por incurrir en causa de abstención, o si son recusados con éxito. Ya ha sucedido con la actual composición del tribunal. Los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido han tenido que apartarse de las sentencias sobre los recursos de los líderes del procés, tras ser cuestionada su imparcialidad. En parte por esta causa en el propio tribunal se ha visto muy positivamente la llegada de dos penalistas procedentes de la Audiencia Nacional y con mucha experiencia acumulada, como Ramón Sáez Valcárcel y Concepción Espejel.

Pero el problema que puede replantearse ahora en el Constitucional, a la vista de aspectos de la trayectoria de algunos de los candidatos propuestos, es si ofrecen flancos por los que pudieran ser cuestionada su imparcialidad. Sobre todo, por la evolución de la propia jurisprudencia europea en esta materia, y el alto valor que le concede a la simple apariencia de imparcialidad. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) esa apariencia resulta exigible. En gran medida, para afianzar la confianza de los ciudadanos en la justicia.

En el caso de Concepción Espejel, la experiencia de la recusación ya figura en su trayectoria. Ocurrió en la propia Audiencia Nacional, a propósito de su pertenencia al tribunal que debía juzgar el caso Gürtel. De hecho, lo iba a presidir. Una de las partes de la causa la recusó, y la Fiscalía Anticorrupción apoyó la petición de que fuera apartada del asunto.

El motivo de esta solicitud estaba en que Espejel fue propuesta en 2008 por el PP como vocal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La recusación prosperó, porque la Sala Penal consideró que era necesario preservar al máximo la apariencia de imparcialidad. Este mismo argumento es el que este mismo año ha llevado a los magistrados Narváez y Conde-Pumpido a abstenerse en las mencionados recursos del procés, para preservar unos fallos del Constitucional que antes o después serán revisados por el Tribunal de Estrasburgo.

En el caso Alsasua —relativo a la agresión a dos miembros de la Guardia Civil y a sus parejas en un bar de esta localidad— hubo otro intento de apartar a Espejel tras ser recusada por los procesados, pero esta vez la iniciativa no prosperó. El motivo de la recusación era que la magistrada está casada con un coronel de dicho cuerpo.

Otro de los candidatos propuestos, Enrique Arnaldo, ha estado a su vez muy vinculado a FAES, la fundación presidida por José María Aznar y laboratorio de ideas de los populares. Vista la experiencia del caso Pérez Tremps, una relación susceptible de entrañar eventuales dificultades en caso de recusación, sobre todo si se añade a grabaciones con cargos del PP sobre gestiones a favor de cambios en la estructura de la Fiscalía.