JUICIO AL PROCÉS

Cándido Conde-Pumpido, segundo magistrado del Constitucional que se aparta de las resoluciones sobre el ‘procés’

El exfiscal del Estado niega falta de imparcialidad, pero explica su decisión por la necesidad de “mantener la confianza” en la actuación del tribunal

El magistrado Cándido Conde-Pumpido, a la derecha, y el exministro de Justicia Francisco Caamaño, en 2019.
El magistrado Cándido Conde-Pumpido, a la derecha, y el exministro de Justicia Francisco Caamaño, en 2019.

El magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido se abstendrá de participar en las sentencias relativas al procés. Se convierte así en el segundo juez de este tribunal que se aparta de este tipo de resoluciones, tras Antonio Narváez el pasado 16 de febrero. Tanto Narváez como Conde-Pumpido han sido recusados por las defensas de los presos.

La renuncia ha sido comunicada formalmente este miércoles por carta al presidente del tribunal, Juan José González Rivas. En la recusación, todas las defensas en la causa del procés a Conde-Pumpido, exmagistrado de la Sala Penal del Supremo y exfiscal general, alegan una supuesta falta de imparcialidad basándose en una conferencia que pronunció en el Congreso en noviembre de 2017. Los letrados de los líderes independentistas entendían que con esas manifestaciones el tribunal habría perdido toda apariencia de imparcialidad.

El exfiscal del Estado niega esa falta de imparcialidad en su escrito, pero justifica su decisión por la necesidad de “mantener la confianza” en la actuación del tribunal.

Conferencia en el Congreso

Durante su intervención en las Cortes de 2017, poco después de la declaración unilateral de independencia en el Parlament, el magistrado afirmó sobre la situación generada tras los acontecimientos en Cataluña: “Lo que me preocupa es (…) la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”. Y añadió: “Me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que —esta sí— ha sido mayoritariamente aprobada. En resumen, me preocupa que se invoque la democracia —en concreto, la democracia directa para derrocar la Constitución—”.

En su carta al presidente del Constitucional ―a la que EL PAÍS ha tenido acceso―, Conde-Pumpido explica su abstención: “Es conocida y pública la controversia constitucional, social y política que ha ocasionado el enjuiciamiento penal de las decisiones adoptadas en años pasados por el Gobierno y el Parlamento de Cataluña en favor de la independencia unilateral de su territorio”. Y alude a la necesidad de que el tribunal de garantías no resulte deslegitimado: “Esta circunstancia excepcional impone y justifica, de forma singular, el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza en la imparcialidad de la actuación de este tribunal, de manera que, cualquiera que sea su sentido, no se puedan deslegitimar fundadamente las resoluciones que habrán de ser dictadas, en sentido estimatorio o desestimatorio”.

Conde-Pumpido niega también tener prejuicios. No cree que en su conferencia expresara “indebida y anticipadamente un prejuicio sobre la culpabilidad de los demandantes de amparo ni, obviamente, sobre si en el proceso penal apenas iniciado entonces se les habían vulnerado o no sus derechos fundamentales”. Y añade en el escrito: “No tengo tales prejuicios y no pude, por ello, expresarlos”.

El magistrado argumenta que en su conferencia, titulada La democracia representativa en Europa: amenazas y fortalezas, se basó en resoluciones que el propio Constitucional ya había dictado en relación con el procés. Y, con esas referencias, Conde-Pumpido asegura que no pretendió “anticipar un juicio de culpabilidad penal sobre las decisiones parlamentarias allí analizadas”, puesto que “determinadas actuaciones que luego pudieron considerarse relevantes en el procedimiento penal ya habían sido declaradas constitucionalmente ilegítimas por la jurisdicción constitucional”.

A partir de ahora, el Constitucional quedará compuesto por nueve magistrados cuando tenga que deliberar o decidir sobre los recursos del procés. En octubre pasado renunció el magistrado Fernando Valdés por causas ajenas al procés. Luego, llegaron la recusaciones primero a Antonio Narváez y después a Cándido Conde-Pumpido, quienes han tomado la decisión de abstenerse sin esperar a que se tomara una decisión sobre esas solicitudes de las defensas para apartarles de las resoluciones.

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