Los conservadores del Poder Judicial vuelven a retrasar la renovación del Constitucional

Los vocales propuestos por el PP rechazan designar a los magistrados del tribunal de garantías antes de que el Supremo decida si suspende a Rafael Mozo como presidente suplente del Consejo

Pleno del CGPJ del 13 de octubre presidido por Rafael Mozo.
Pleno del CGPJ del 13 de octubre presidido por Rafael Mozo.CGPJ

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a retrasar el calendario con el que contaban los progresistas para renovar el Tribunal Constitucional. La comisión de vocales que negocia un acuerdo para pactar el nombramiento de dos magistrados del tribunal de garantías se ha reunido este miércoles, pero el encuentro ha terminado sin que se atisbe un pacto a corto plazo. Los consejeros propuestos por el PP, según fuentes del órgano, han impuesto su postura de que sería aventurado llevar a cabo las designaciones antes de que el Tribunal Supremo decida si suspende la elección del vocal progresista Rafael Mozo como presidente suplente del CGPJ en sustitución del dimitido Carlos Lesmes, tal y como han pedido el vocal Wenceslao Olea y el secretario general del Consejo, José Luis de Benito. El alto tribunal tiene previsto decidir sobre esa suspensión el próximo 23 de noviembre, por lo que, si los conservadores se niegan a seguir avanzando antes en los nombramientos del Constitucional, el objetivo inicial de votar la renovación del Constitucional en el pleno ordinario fijado para el día 24 resulta prácticamente inalcanzable, según admiten consejeros progresistas y conservadores.

Ambos bloques han quedado en verse de nuevo el día 23, cuando el Supremo ya haya decidido si mantiene a Mozo en el cargo o revoca el acuerdo del CGPJ por el que se le eligió presidente suplente. Pero el CGPJ se reúne al día siguiente y los vocales dan por hecho que no va a haber tiempo suficiente para cerrar un acuerdo en esas horas. Sobre todo porque el sector conservador, aunque insiste en que su intención es cumplir con la ley que les obligaba a designar a dos magistrados del Constitucional antes del pasado 13 de septiembre, no muestra indicios de querer consumar esa elección cuanto antes, sino más bien al contrario. Este grupo ya había insinuado hace días que, tras los recursos presentados sobre la elección de Mozo, podía ser prudente posponer la votación para renovar el Constitucional, pero no habían planteado formalmente esta circunstancia a los progresistas, como han hecho este miércoles. Durante el encuentro, los conservadores han sostenido que es arriesgado que el pleno del órgano presidido por Mozo elija a los magistrados del Constitucional sabiendo que esa presidencia puede ser revocada.

La reunión tampoco ha servido para avanzar en las candidaturas de uno y otro sector para el Constitucional. Los progresistas eligieron al suyo, el magistrado de la Sala tercera del Supremo José Manuel Bandrés, hace dos semanas, pero los vocales propuestos por el PP no le han dado todavía el visto bueno. Sostienen que no les gusta porque es afín al Gobierno y han sugerido a los progresistas que propongan otros nombres para que la negociación no sea un mero “intercambio de cromos”, pero no han manifestado abiertamente si se niegan a votar a Bandrés. Los vocales propuestos por PSOE, IU y PNV han quedado en reunirse en los próximos días para estudiar una respuesta, pero las fuentes consultadas no se muestran partidarias de ampliar su candidatura a nuevos nombres.

Mientras tanto, los conservadores siguen sin aportar ningún candidato. Fuentes del órgano señalan que se ha hablado con magistrados como Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar o Diego Córdoba, pero los vocales conservadores no quieren poner un nombre sobre la mesa para evitar que se desgaste antes de la votación definitiva, dando por hecho que esta no se va a celebrar en los próximos días.



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Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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