El Poder Judicial prepara un pleno para debatir los nombramientos del Constitucional y refuerzos para el Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple dentro de un mes cuatro años en funciones, con el mandato caducado, pero se prepara para alargar su prórroga por tiempo indefinido. Descartada la posibilidad de acuerdo a corto plazo entre PSOE y PP para renovar el órgano, y mientras el Gobierno no active ningún plan para forzar el desbloqueo, fuentes del CGPJ señalan que la intención es celebrar en los próximos días un pleno extraordinario para debatir los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tiene pendiente designar y abordar también un “programa de trabajo” para los próximos meses. Entre las prioridades, buscar fórmulas para paliar el colapso que se vive ya en algunas salas del Tribunal Supremo, debido a la acumulación de vacantes por la prohibición de nombrar nuevos magistrados mientras el Consejo siga sin renovarse.

El pleno del órgano se reunió por última vez el pasado jueves 27 de octubre. Los vocales estaban entonces convencidos de que esa sería su última sesión ordinaria porque el anuncio del pacto entre PSOE y PP para cesarles y nombrar 20 nuevos consejeros se esperaba para el día siguiente. Progresistas y conservadores acordaron que, una vez confirmado ese acuerdo, ellos celebrarían un pleno extraordinario, probablemente el 10 de noviembre, para despedirse oficialmente y dejar cerrados algunos temas pendientes antes de ceder el testigo al nuevo Consejo. Pero justo antes de salir de esa reunión empezó a extenderse el rumor de que el acuerdo entre los partidos se tambaleaba por el rechazo del PP a que el Gobierno rebaje las penas del delito de sedición. La ruptura se confirmó esa misma noche, y, además de saltar por los aires el pacto político, quedó dinamitado el calendario que se había marcado el CGPJ unas horas antes.

Sin embargo, la idea ahora, señalan fuentes del órgano, es aprovechar esas fechas de las que se había hablado y fijar un pleno extraordinario para elaborar una estrategia de trabajo a medio plazo. “No sabemos si nos quedan cuatro meses o un año y pico, pero no contábamos con esto y hay que organizarse”, señala un miembro del pleno. La sesión corresponde convocarla el presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, pero de acuerdo al pacto alcanzado entre los dos grupos para designarle como sustituto de Lesmes, la convocatoria debe consensuarse entre ambos bloques, por lo que el asunto se debatirá esta semana, previsiblemente a partir de la reunión comisión permanente —el principal órgano de decisión tras el pleno— que se celebra este jueves.

Ambos grupos coinciden en la urgencia de designar a los dos magistrados del Constitucional, por lo que, si hay un acuerdo, los nombramientos podrían consumarse ya en ese pleno, en torno al 10 de noviembre. Si no hay pacto cerrado, serviría para debatir el asunto y buscar salidas, señalan las fuentes. La mayoría del bloque conservador (los ocho vocales que hasta la dimisión de Lesmes maniobraron para dilatar los nombramientos del tribunal de garantías más Wenceslao Olea) han mantenido una reunión este miércoles, unos de forma presencial y otros de forma telemática, y han acordado que es “imprescindible” recuperar los encuentros con los progresistas para consensuar la renovación del Constitucional. Con todo, fuentes de este sector aseguran no tener aún ningún candidato, pero afirman que lo buscarán “en los próximos días”.

Una vez solventada la renovación del tribunal de garantías, el tema que más preocupa en el CGPJ es cómo limitar el daño que está ocasionando, sobre todo en el Supremo, la imposibilidad de cubrir las vacantes que dejan magistrados que se jubilan, se marchan a otro órgano o fallecen. Vocales de ambos grupos dan por hecho que tendrán que ponerse en marcha nuevas medidas extraordinarias, como comisiones de servicio y refuerzos de magistrados, o al menos, de técnicos, que se sumen al plan de choque ya implantado por el Consejo y el Ministerio de Justicia. La intención es abordar estas medidas en el pleno y poder dirigir cuanto antes del Gobierno una petición oficial.

Este asunto también se ha abordado en la reunión de los conservadores, que consideran “urgente” adoptar medidas para paliar la situación. “En los próximos días se formularán las propuestas concretas a la vista de la información que se facilite por el Servicio de Inspección del CGPJ con el objetivo de, en la medida de lo posible, recuperar el funcionamiento normal del CGPJ y de la Administración de Justicia”, han señalado fuentes de este bloque tras el encuentro. Los vocales propuestos por el PP exigen también que se “impulse” la derogación de la reforma legal que impide al Consejo en funciones hacer nombramientos discrecionales, por lo que piden al Ejecutivo o a sus socios que planteen una iniciativa para dejar sin efecto esa norma.