El Poder Judicial retomará la negociación para nombrar dos magistrados del Constitucional tras el portazo del PP a la renovación del Consejo

La ruptura por parte del PP de un pacto que en el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Constitucional ya daban por hecho, ha dejado a los miembros de estos tres órganos en shock. En el alto tribunal y el órgano de gobierno de los jueces intentaban ya este viernes hacerse a la idea de que pueden quedar por delante más de dos años de una situación que unos y otros consideran “insostenible”, por lo que asumen que hay que buscar fórmulas para revertir sus consecuencias, especialmente en el Supremo, donde ya están vacantes 16 de sus 79 plazas. El Constitucional mantiene el propósito de no resolver los casos con mayor carga política mientras siga sin renovarse, aunque esta renovación sí puede llegar a corto plazo porque vocales del sector progresista y del conservador del CGPJ aseguran que retomarán en los próximos días la negociación para nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías pendientes de designar.

El CGPJ, dispuesto a renovar el Constitucional. Los vocales del Poder Judicial terminaron el pleno del jueves convencidos de que esa era su última sesión ordinaria. El ambiente era de “despedida”, coinciden varios consejeros, y quedaron en convocar un pleno extraordinario el 10 de noviembre para terminar de cerrar algunos asuntos pendientes. Horas después, el anuncio del PP de que suspendía las negociaciones sorprendía a la mayoría de los vocales, aunque algunos admiten que a mediodía empezaron a recibir noticias de que el acuerdo se tambaleaba.

Este viernes, una vez asumida la situación, vocales del sector conservador y del progresista coinciden en que la primera consecuencia va a ser retomar las negociaciones para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que tienen pendiente designar. Tenían que haberlos elegido antes del 13 de septiembre, pero la mayoría conservadora maniobró para retrasarlo. Después, cuando PSOE y PP volvieron a sentarse para renovar el Consejo, los dos bloques del CGPJ estuvieron de acuerdo en frenar los nombramientos para que los hiciera ya el nuevo Consejo. Pero ahora, unos y otros coinciden en que hay que llevarlos a cabo y de forma urgente. Incluso vocales del núcleo duro del sector conservador aseguran que, ahora sí, una vez dimitido Carlos Lesmes y sin perspectiva de renovación, ha llegado el momento de cerrar estas designaciones “cuanto antes”.

El bloqueo del PP para constituir un nuevo CGPJ implica también que el presidente suplente de este órgano, el progresista Rafael Mozo, se mantenga en el cargo, previsiblemente, hasta que se jubile en julio. Vocales de ambos grupos admiten que cuando se eligió a Mozo se pensaba que iba a ser una solución a corto plazo porque se daba por hecha la renovación inmediata del Consejo, pero aseguran también que la mayoría no cuestiona su designación y no la van a poner en duda. No obstante, está recurrida ante el Supremo, que tiene pendiente decidir si la suspende cautelarmente, como han pedido el vocal Wenceslao Olea y el secretario del órgano, José Luis de Benito, al impugnar la designación.

El Supremo, con vacantes y una presidencia interina. El alto tribunal, el órgano que tiene en su mano la última palabra sobre decisiones judiciales que afectan a miles de ciudadanos, se encuentra en una situación límite. A los 16 puestos ya vacantes por la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras tenga le mandato cumplido, se le sumará antes de final de año uno más, y si no hay acuerdo para renovar el órgano antes de diciembre de 2023, las vacantes ascenderán a 22. La Sala Cuarta (Social) ha perdido a cinco de sus 13 miembros y ya no puede constituir las dos secciones de enjuiciamiento en las que suele dividirse porque cada tribunal requiere como mínimo de cinco magistrados. La Sala Tercera (Contencioso-administrativo) tendría que tener 33 miembros y se ha quedado en 25, por lo que en cuanto se produzca otra jubilación (la próxima, Octavio Herrero en diciembre) tampoco podrá conformar las cinco secciones de enjuiciamiento previstas en la ley.

Varios magistrados consultados coinciden en que, ante la perspectiva de que el bloqueo se prolongue más de un año, hay que buscar alternativas, bien sea para forzar la renovación del CGPJ (unos apuestan por la dimisión colectiva de la mayoría de sus miembros y otros ponen la pelota en el tejado del Gobierno) o bien para cubrir las plazas vacías del Supremo y otros órganos judiciales (un sector aboga por exigir que el Gobierno devuelva al CGPJ la competencia de los nombramientos discrecionales y otro, por buscar soluciones de refuerzo de emergencia). El portazo del PP a la negociación implica, además, que se mantendrá la interinidad en la presidencia del alto tribunal que ejerce ahora Francisco Marín Castán, una situación que también erosiona al órgano, según lamentan varios magistrados.

El Constitucional, la paz interna en el aire. El fin de las negociaciones entre el Gobierno y el PP deja al Constitucional en una situación precaria y sin precedentes. No es posible vaticinar qué curso va a seguir el tribunal, porque hasta ahora rige en su seno un pacto para evitar cualquier división o choque de trenes. Sin embargo, esta estrategia ha supuesto una congelación de sentencias difícil de mantener indefinidamente. El recurso que el PP presentó contra la ley del aborto lleva ya más de 12 años pendiente de fallo, mientras algunas de las reformas más importantes de esta legislatura —como la llamada ley Celáa o la ley de eutanasia— esperan también una decisión, junto a otros muchos recursos. Ninguno de ellos —tampoco el recurso contra la prohibición de nombramientos por parte del CGPJ— ha sido llevado a pleno, ni está previsto próximamente.

Ahora, todos dirigen la mirada hacia el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, de cuya mano llegó la propuesta de pacto interno para evitar enfrentamientos entre conservadores y progresistas, un acuerdo bautizado como pax trevijana en el órgano de garantías. Es el presidente quien tiene la competencia para decidir el orden del día de los plenos. Y la ha usado en más de una ocasión para que el tribunal no se desgaste en batallas ideológicas, sobre todo desde el 12 de junio, cuando terminó el mandato del Constitucional con su actual composición. Cuando se renueve, deberán salir cuatro de sus miembros, entre ellos el propio presidente; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares.

En el tribunal preocupa que el Gobierno nombre a los dos magistrados que le corresponde designar, sin esperar a que el Consejo elija a los suyos. En el sector conservador, que cuenta con seis votos, predomina el criterio de que la renovación tiene que ser conjunta de los cuatro magistrados. En el grupo progresista, que reúne cinco votos, se apoyará el ingreso por etapas. Pero ese podría ser el principio del fin del actual pacto por la paz interna del tribunal.