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El Constitucional espera un acuerdo que le permita desbloquear sentencias clave

El tribunal de garantías mantiene su decisión de no resolver sobre el aborto, la eutanasia o la ley Celáa hasta que haya sido renovado

Reunión del Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Pedro González-Trevijano, el pasado diciembre.
Reunión del Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Pedro González-Trevijano, el pasado diciembre.KIKE PARA
José María Brunet

El Constitucional va a celebrar a partir de hoy un pleno en circunstancias excepcionales, derivadas de su falta de renovación, que debió producirse en junio último, y del “último intento” negociador anunciado ayer por el Gobierno y el PP para desbloquear tanto el propio tribunal de garantías como el Consejo del Poder Judicial. Esa excepcionalidad de la situación se traduce en que el Constitucional mantiene su voluntad de no abordar los asuntos más importantes que tiene pendientes de sentencia con su actual composición, ya caducada.

Los magistrados también confían en el acuerdo para evitar tener que pronunciarse sobre si aceptan o no la llegada de los magistrados que nombre el Ejecutivo, en el caso de que éste decida designarlos sin esperar a que el órgano de gobierno de los jueces elija a los otros dos que le corresponden. El tribunal espera, en suma, que el Gobierno y el PP lleguen a un acuerdo que le permita desbloquear los recursos contra leyes que han sido clave en ésta y pasadas legislaturas, y poder recuperar un ritmo de actividad normal, en el que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad contra leyes como la del aborto, pendiente desde 2010, o contra la reforma educativa de la ley Celáa, o la de Eutanasia.

Ahora, el Constitucional está decidiendo sobre todo recursos de amparo que también son importantes, porque resuelven asuntos concretos de presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, pero que al plantearse sobre casos particulares tienen mucha menos repercusión sobre el conjunto de los ciudadanos. El tribunal no quiere que se repitan polémicas de otras etapas, en que el hecho de resolver asuntos muy controvertidos con una composición caducada provocó fuertes polémicas y una pérdida de prestigio. En paralelo, se mantiene entre los magistrados el compromiso de evitar fracturas internas como las que provocó la sentencia sobre la declaración del estado de alarma frente a la pandemia, motivando fallos aprobados por 6 votos a 5, que posiblemente volvieran a producirse con respecto a leyes como las mencionadas.

En el Constitucional existe la certeza de que este tipo de divisiones y enfrentamientos se daría nuevamente ahora en el caso de que por la falta de acuerdo con el PP el Gobierno nombrara a los dos magistrados que le corresponde designar en el propio tribunal de garantías, sin que el Consejo del Poder Judicial hubiera elegido a los suyos. Fuentes del Constitucional estiman que si el Ejecutivo no ha dado ya ese paso, a pesar de que el Consejo lleva más de un mes instalado en un flagrante incumplimiento de la ley que fijaba el 13 de septiembre como límite para los nombramientos, ha sido precisamente para evitar un nuevo choque de trenes en el tribunal, que podría haber derivado en que el pleno de este órgano no diera su “placet” a la incorporación de los dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.

En todo caso, las mismas fuentes dan por hecho que el Ejecutivo procederá a tales nombramientos si las conversaciones con el PP vuelven a encallar y se pierde ya toda posibilidad de alcanzar un acuerdo. En tal caso, los magistrados del sector progresista del tribunal darán la batalla para que los nuevos magistrados puedan acceder al Constitucional, pero conscientes de que en un clima de choque definitivo entre Gobierno y PP sería difícil obtener el apoyo de los miembros del sector conservador del órgano de garantías. De ahí que unos y otros prefieran que haya un pacto y que ni populares ni socialistas se sientan tentados de pasar cuentas sobre las fuerzas o la influencia que conservan en el Constitucional.

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