El bloqueo de la negociación para renovar paraliza sentencias clave en el Constitucional

El bloqueo de la negociación para renovar el Tribunal Constitucional tiene paralizadas sentencias clave sobre algunas de las leyes más importantes de la presente y anteriores legislaturas, como la ley de plazos del aborto, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y recurrida por el PP; o la Ley de Educación, conocida como ley Celáa, de 2020.

La rebeldía de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP y que ahora impiden el nombramiento de dos magistrados para el Constitucional ha causado incertidumbre en el tribunal de garantías, que esta semana pensaba celebrar su último pleno con la actual composición.

La visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders esta semana no ha servido para agilizar un posible pacto sobre la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial y el propio Constitucional, lo que sitúa de momento en el limbo la posible resolución de recursos tan relevantes como los presentados contra la ley del aborto de 2010, la de eutanasia de 2021 o la reforma educativa de la ley Celáa, de 2020.

Sobre dos de estas leyes, la del aborto y la de la reforma educativa de la exministra Isabel Celáa, existen los correspondientes borradores de sentencia, elaborados respectivamente por los magistrados Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez, ambos del sector conservador, en la actualidad mayoritario en el tribunal, pero que con la renovación pasaría a ser minoritario.

El primero de los recursos iba a debatirse tras la pasada Semana Santa, pero en ese momento se aplazó por la proximidad del final de mandato de cuatro magistrados, hecho que se produjo el pasado 12 de junio. La ponencia de sentencia sobre el segundo recurso contra la reforma educativa, está redactada desde hace casi un año. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido llevado a pleno, en virtud del acuerdo interno existente en el tribunal para no abordar asuntos clave, que son política y socialmente controvertidos.

Ese acuerdo se fraguó en noviembre pasado, para preservar un final de mandato del Tribunal Constitucional que evitara las tensiones registradas en 2021 durante la deliberación de las diversas sentencias sobre el decreto del Gobierno para combatir la pandemia mediante la declaración de un estado de alarma que restringía movimientos y actividades.

La conjura de la paz

El Constitucional se conjuró entonces para no repetir enfrentamientos tan duros como el que supuso dicha sentencia, aprobada por seis votos a cinco, partiendo al tribunal en dos mitades aparentemente irreconciliables. Luego esas votaciones se han repetido algunas veces, pero nunca en asuntos de especial trascendencia.

La polémica que rodeó la renovación de cuatro magistrados el pasado mes de noviembre —que ya se produjo con dos años de retraso— contribuyó a consolidar el propósito de aplazar algunos de los fallos más importantes hasta el siguiente relevo, con el fin de evitar que los más que previsibles enfrentamientos internos produjeran un efecto de desprestigio del tribunal de garantías.

En su entrevista del pasado viernes con Reynders, el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol —conservador y progresista, respectivamente— aludieron a la conveniencia de que el tribunal aparezca conectado con un “equilibrio de sensibilidades” que puede cambiar en función de la evolución social. En el propio Constitucional existe plena conciencia de que con su actual composición, el tribunal no refleja en estos momentos adecuadamente esos equilibrios.

Tanto los magistrados del sector conservador como los del grupo progresista ven con preocupación la falta de avances en el Consejo del Poder Judicial hacia una renovación del Constitucional. Cuatro magistrados tienen el mandato caducado desde hace tres meses y el nombramiento de los sustitutos corresponde al Gobierno (dos) y al Poder Judicial (otros dos).

Los magistrados del Constitucional de las distintas sensibilidades subrayan que la ley debe cumplirse, y en este sentido está muy extendida la reacción de perplejidad ante la contumacia con que el bloque conservador del Poder Judicial mantiene su negativa a negociar la renovación del tribunal.

El Constitucional espera que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, lleve a cabo pronto su anunciado propósito de someter a votación el nombre de dos candidatos, obteniendo el mínimo de 12 votos —del total de 19 posibles— para la elección, consiguiendo así doblegar la resistencia del bloque conservador rebelde y que la Ley se cumpla aunque sea con retraso.