El PP de Ayuso y la Asamblea renuncian a presentar candidato al Tribunal Constitucional ante la crisis institucional

La secretaria general de la Asamblea de Madrid informó el pasado lunes a la Mesa que rige el día a día de la Cámara de un hecho inédito: había expirado el plazo para proponer candidatos al Tribunal Constitucional, sin que ninguno de los cinco partidos que se sientan en el hemiciclo madrileño registrara nombre alguno. Circunspectos, los diputados tomaron nota y acordaron informar al Senado de que la Asamblea de Madrid no propondrá un aspirante que opte al Constitucional, donde hay que renovar una de las cuatro plazas que se eligen a propuesta de los Parlamentos autonómicos. Como las Cortes de la Comunidad Valenciana y Extremadura han pedido que se ampliara el plazo para registrar aspirantes, la Cámara Alta esperará ahora, y como mínimo, hasta mediados de diciembre. Sin embargo, en el caso de Madrid todo queda en pausa ante la crisis institucional abierta por la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (que lleva cuatro años con el mandato caducado y uno sin poder realizar nombramientos en altos cargos) y la oposición de los vocales conservadores a renovar el Alto Tribunal.

“No se tendrá un nombre para candidato hasta que no se consiga una solución global a la situación actual”, resumen en el grupo parlamentario del PP, que dirige el portavoz Pedro Muñoz Abrines, en coordinación constante con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general autonómico del partido, Alfonso Serrano.

Pendientes de las negociaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los partidos de la oposición madrileña siguen creyendo que la iniciativa de proponer un nombre para que compita por la única plaza que hay vacante por la vía autonómica compete al PP. El puesto que hay que renovar es el de Alfredo Montoya Melgar, que fue elegido en 2017, y por nueve años, para luego renunciar este verano.

Más Madrid, el PSOE y Podemos consideraron hasta ahora la posibilidad de presentar sus propios candidatos como un ejercicio destinado a la melancolía: como el PP tiene mayoría en la Mesa de la Cámara, y domina el pleno en combinación con Vox, sus propuestas no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. La extrema derecha, por su parte, renuncia a presentar aspirante ahora y siempre. ”Nunca vamos a colaborar en el manoseo de la justicia por parte de los políticos”, transmiten.

Nada de eso ha cambiado una vez que se ha abierto un nuevo plazo para que los Parlamentos autonómicos presenten a sus candidatos: en Madrid, todos esperan a que el partido de Ayuso mueva ficha.

“Ahora el Senado ha ampliado el plazo, y si el PP sigue sin ofrecer una propuesta a los grupos valoraremos el siguiente paso a dar”, afirman en el PSOE de Juan Lobato. “Nuestra postura es que el PP, como partido mayoritario, nos haga una propuesta en la que podamos encontrar un consenso mayoritario”, añaden. “Pero de primeras no queremos buscar un enfrentamiento de candidatos, sino encontrar una propuesta común de consenso”.

La decisión de no presentar candidatos llega precisamente en el momento en el que el Tribunal Constitucional tiene mayor trascendencia para la Asamblea regional. El número de asuntos relacionados con el Parlamento madrileño que se agolpan en este órgano judicial no tiene precedentes.

Desde las elecciones de 2019, la oposición ha acudido a esta instancia por la composición de la Mesa de la Cámara (el Constitucional le dio la razón a Más Madrid, que se quedó fuera del órgano por un pacto de PP-Cs y Vox pese a tener más diputados que la extrema derecha). También, por la aprobación de la reforma de la Ley del suelo cuando, a su juicio, no había suficientes diputados presentes para que se votara. De la misma manera, ha sido objeto de recurso el cambio pactado por PP y Vox para controlar la radio y televisión públicas de la región. Y en septiembre se han conocido el recurso de Podemos contra la llamada Ley Uber y otro de Más Madrid para que el Ejecutivo regional responda por la gestión de la pandemia, sin escudarse en que esta se produjo en una legislatura anterior.

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