La cúpula del Supremo exige que “se ponga fin de inmediato a este desastre institucional”

Los vocales del Poder Judicial se centran en aclarar quién debe sustituir a Lesmes y retrasan de nuevo la renovación del Tribunal Constitucional

Carlos Lesmes, a la entrada del Tribunal Supremo durante el acto de apertura del Año Judicial, en septiembre.Foto: EFE | Vídeo: EPV

“Desastre institucional”. Así ha calificado la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ―que reúne a los presidentes de las cinco salas y a cinco magistrados elegidos por sus compañeros― la situación creada por el retraso de casi cuatro años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este lunes ha provocado la dimisión de Carlos Lesmes como presidente de ambas instituciones. La reacción acordada de la cúpula del alto tribunal, convocada de urgencia por el presidente para comunicarle oficialmente su dimisión, resume el malestar que en la mañana de este lunes recorría el Supremo y el Consejo, cuyos miembros no se habían sacudido todavía el desconcierto generado por la decisión de Lesmes de abandonar el cargo en medio del proceso de negociación para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al CGPJ. Esta renovación sigue adelante y los vocales progresistas confían en poder desatascarla, pero admiten que ahora la prioridad es aclarar quién debe sustituir al presidente, un debate que previsiblemente va a acaparar el pleno del órgano convocado para el próximo jueves.

Lesmes ha llegado este lunes temprano al Supremo para hacer oficial lo que ya había anunciado el domingo por la noche: que, ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, él dejaba el cargo. Había llamado a algunos vocales del CGPJ a última hora del domingo, después de que el equipo de comunicación del CGPJ difundiera su decisión. Con otros ha ido hablando este lunes, aunque solo se ha reunido oficialmente con los siete que forman parte de la comisión permanente, el principal órgano de decisión después del pleno. El presidente sí había anticipado a la Casa Real y al Gobierno su decisión, pero esta mañana lo ha dejado por escrito en una carta enviada al jefe de la Casa del Rey y al Ministerio de Justicia. Además, ha informado a los presidentes del Congreso de los Diputados, del Senado y del Tribunal Constitucional.

Para hacerlo oficial en el alto tribunal, Lesmes ha convocado una reunión de la Sala de Gobierno, que ha emitido un duro comunicado en el que reclama “que se ponga fin de inmediato a este desastre institucional” cuyas consecuencias, asegura, “no solo están llevando en particular al Tribunal Supremo a una situación límite, sino que están suponiendo, además la deslegitimación del propio Consejo General del Poder Judicial, perjudican la imagen del Poder Judicial y afectan gravemente a la misma Constitución”. La cúpula del tribunal ya se pronunció el 26 de septiembre sobre la situación creada por el bloqueo en la renovación del CGPJ. En aquella ocasión, reclamó un acuerdo entre las fuerzas políticas para evitar la dimisión de Lesmes. Una vez consumada esta, ha elevado el tono y reprocha al Congreso y al Senado el “incumplimiento ya casi por cuatro años (...) de su obligación” de elegir a los vocales del nuevo CGPJ.

Los magistrados afirman sentirse obligados a manifestar públicamente “su más profundo pesar y el de todos los magistrados del Tribunal Supremo por la situación, sin precedentes en la experiencia constitucional de España”, al tiempo que reiteran el apoyo que ya le dieron a Lesmes hace dos semanas, reconocen su “compromiso y dedicación al Tribunal Supremo y al Poder Judicial” y lamentan que haya debido dar ese paso.

La Sala de Gobierno no alude en este acuerdo al proceso de sustitución del presidente, pero en el de hace dos semanas aseguraron compartir el criterio marcado por el gabinete técnico, que señala que el sucesor de Lesmes, tanto en el alto tribunal como en el CGPJ, debe ser “de forma automática” el vicepresidente del tribunal, Francisco Marín Castán. La mayoría de los vocales del CGPJ no asume, sin embargo, esa premisa, y el tema se debatirá en el pleno del órgano convocado para el jueves.

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Esa sesión estaba fijada, en principio, para intentar cerrar el acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que están pendientes de designar desde el 13 de septiembre. Ese punto se mantendrá, pero ha pasado a segundo plano tras la renuncia de Lesmes. Siete de los ocho vocales progresistas, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Roser Bach, han pedido que se incluya en el orden del día de esa sesión un punto sobre la “valoración ―y, en su caso, decisiones que legalmente procedan― del pleno tras el cese del presidente del Consejo General del Poder Judicial”. Con este añadido, señalan fuentes del órgano, se quiere dar pie a debatir sobre la sustitución de Lesmes.

Ambos bloques defienden que el asunto debe quedar zanjado en el pleno del jueves. La previsión es que para entonces Lesmes todavía sea le presidente oficial porque si el cese se publica ese día en el BOE no entrará en vigor hasta el día siguiente.

Dudas jurídicas

Lesmes acudirá a despedirse, pero no presidirá la sesión, al frente del cual se situará casi con toda seguridad el vocal de mayor edad, Rafael Mozo, ya que la sustitución puntual en un pleno no genera dudas jurídicas. A partir de ahí, se abren las interpretaciones.

La mayoría de los vocales, tanto del bloque progresista como conservador, coinciden en que la sustitución de Lesmes en el Consejo debe decidirla el pleno, pero entre los progresistas la tesis predominante es que las funciones que deja el presidente dimitido tienen que ser asumidas por el vocal Mozo. Algunos conservadores comparten esta tesis, mientras que otros se inclinan por Marín Castán, pero siempre previo acuerdo del órgano de gobierno de los jueces.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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