La cúpula del Supremo reclama la renovación inmediata del Poder Judicial para evitar que Lesmes dimita

La cúpula del Tribunal Supremo ha reclamado este lunes la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar que Carlos Lesmes dimita. Así lo ha acordado la Sala de Gobierno ―que reúne, además de a Lesmes, a los presidentes de las cinco salas y a cinco magistrados elegidos por sus compañeros― después de que el presidente del Supremo y del CGPJ les haya entregado el informe elaborado por los técnicos que señala a Francisco Marín Castán, presidente de la Sala I (Civil), como su sustituto si finalmente opta por renunciar al cargo. La sala de Gobierno respalda a Lesmes y pone el foco en el Congreso de los Diputados y el Senado, a los que recuerda su “obligación constitucional” de propiciar la renovación del Consejo, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018.

El texto firmado por la cúpula del Supremo este lunes después de escuchar a Lesmes tiene solo dos puntos y apenas 10 líneas, pero implica el apoyo unánime de la Sala de Gobierno a su presidente en una semana clave y cuando algunos vocales del CGPJ, especialmente los del grupo conservador, le están reprochando su amenaza de dimisión. “La Sala de Gobierno lamenta profundamente que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, al que respalda, pueda verse abocado a renunciar al cargo y aún confía en que el Congreso de los Diputados y el Senado cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales antes de llegar a este punto”, recoge el segundo punto del acuerdo suscrito por los magistrados después de que el presidente les diera cuenta del informe que él mismo solicitó al gabinete técnico sobre quién debe relevarle si, como anunció en el acto de apertura del año judicial, decide dimitir ante el bloqueo en la renovación del CGPJ.

Ese paso decidido de Lesmes hacia su renuncia no gustó a la mayoría de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces, que consideran que el presidente va a abandonar el Consejo en pleno vendaval. Los vocales, tanto del sector progresista como del conservador, tampoco comparten la conclusión a la que han llegado los técnicos de que sea Marín Castán el nuevo presidente de ambos órganos. Para los consejeros elegidos a propuesta del PP, el sustituto de Lesmes deberían elegirlo los propios miembros del CGPJ en un pleno, porque así se elige al presidente al inicio de cada mandato. Los progresistas, sin embargo, creen que el sustituto de Lesmes al frente del órgano debe ser el vocal de más edad, en este caso, uno de los miembros destacados de este bloque, Rafael Mozo. Los técnicos no comparten ninguna de estas dos interpretaciones: señalan que el presidente del Supremo y del CGPJ debe ser la misma persona, consideran que el cargo debe recaer en el vicepresidente del alto tribunal (Marín Castán) y que, además, este tiene que asumirlo “de forma automática”, sin necesidad de ningún “acto o acuerdo” por parte del CGPJ.

Los reproches que ha recibido Lesmes en el seno del CGPJ contrastan con el respaldo transmitido por la cúpula del Supremo. Los magistrados (de diversas tendencias) le han mostrado expresamente su apoyo en su decisión de dimitir si ve que el acuerdo para renovar el CGPJ es imposible a corto plazo: la Sala de Gobierno considera que la renuncia es un paso al que Lesmes “puede verse abocado”. Además, al contrario de lo ocurrido en el Consejo, los magistrados del alto tribunal “comparten” el informe del gabinete técnico y así lo han dejado por escrito en el primer punto del acuerdo adoptado este lunes.

Ese acuerdo carga en el Congreso y el Senado la responsabilidad de propiciar la renovación del CGPJ, y prescinde de cualquier alusión a la falta de acuerdo entre los partidos o a la actitud obstruccionista del PP, a la que el propio Lesmes aludió en su discurso de apertura del año judicial. Fuentes de la sala de gobierno consultadas señalan que se ha hecho así para mantener la neutralidad y no entrar en argumentos políticos, y recuerdan que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPG) establece que son los presidentes del Congreso y el Senado quienes “deben adoptar las medidas necesarias” para que la renovación del Consejo se produzca “en plazo”. El propio Lesmes se ha dirigido en varias ocasiones a ambas Cámaras para apremiarles a propiciar la renovación, ya que fueron ellas quienes pusieron en marcha el proceso en 2018, antes de que expirara el actual mandato. No obstante, para que ese proceso salga adelante hace falta el voto de tres quintos de la Cámara (210 diputados en el caso del Congreso), lo que obliga a buscar un acuerdo entre el PSOE y el PP.