Lesmes intenta ganar tiempo y se da siete días para romper el bloque conservador del Poder Judicial

La agonía de Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va camino de alargarse otra semana más. El presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo ha renunciado este jueves a su pretensión de dejar cerrado esta semana el acuerdo para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y ha convocado para el próximo jueves 13 de octubre el pleno extraordinario para abordar esa designación. Lesmes ha optado por retrasar la cita a petición del grupo progresista y en un intento de ganar tiempo, tras comprobar que no cuenta con apoyos para sacar adelante la renovación del tribunal de garantías que el CGPJ tenía que haber aprobado antes del 13 de septiembre. El presidente necesita convencer al menos a uno de los ocho vocales propuestos por el PP que hasta ahora han maniobrado para dilatar los nombramientos. Pero, según las fuentes consultadas, Lesmes está teniendo problemas para recabar ese voto.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces se ha mantenido en las últimas semanas al margen de la negociación entre el grupo conservador y el progresista para renovar el Tribunal Constitucional. Mientras se situaba en segundo plano, transmitía en su entorno y entre los consejeros favorables a esos nombramientos que tenía encauzado un ‘plan b’ por si la primera negociación descarrilaba. Esa vía consistía en pactar dos candidatos con los ocho vocales progresistas y tres del sector conservador, para que, junto al voto del presidente, sumaran los 12 apoyos necesarios para que los candidatos salgan elegidos. Lesmes contaba con que los vocales conservadores Wenceslao Olea y Vicente Guilarte estarían dispuestos a sumarse a esta opción. Y se mostraba convencido de que podría convencer a uno, o incluso dos, del resto de miembros conservadores.

Pero la hora de la verdad llegó este jueves, cuando el grupo progresista se plantó tras mantener una nueva reunión infructuosa con los negociadores conservadores y le pidió al presidente que buscara ya otras opciones. Lesmes empezó a moverse, contactando directamente con varios vocales que en las últimas semanas se habían mostrado ante él dispuestos a salir del inmovilismo del núcleo duro del sector conservador, pero se encontró con que ninguno quería dar el paso. El presidente sí tiene el apoyo de Olea y, según las fuentes, Guilarte se ha mostrado abierto también a sumarse, pero no ha dado su sí definitivo. Y, en cualquier caso, Lesmes necesita, al menos, otro voto.

Entre los ocho vocales del sector conservador que hasta ahora han bloqueado los nombramientos hay algunos proclives a propiciarlos y así se lo han manifestado al propio Lesmes. Pero por ahora no se han comprometido. Por una parte, señalan fuentes del órgano, hay “preferencias discordantes” respecto a los candidatos. El que gusta a uno, no gusta a otro. Para intentar centrar el debate, el presidente ha emplazado a los negociadores de cada bloque y a algunos vocales con los que se podría contar para el acuerdo a que pongan sobre la mesa el próximo lunes el nombre de un candidato. La propuesta del grupo progresista (formado por seis consejeros propuestos por el PSOE, una por IU y otro por el PNV) gira en torno a dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo: José Manuel Bandrés y Pablo Lucas, pero la mayoría se inclina por el primero.

Los conservadores no han avanzado ningún nombre y no tienen uno decidido que guste a todos. El núcleo duro lo ha intentado con Antonio del Moral y Pablo Llarena (de la Sala de lo Penal) e Ignacio Sancho (Sala Civil), pero ninguno de los tres ha querido presentarse. Algún vocal ha sondeado a Antonio Vicente Sempere, de la Sala Social, que en principio tampoco accedió y que, según fuentes del órgano, gusta a algunos. Pero para los más conservadores es considerado muy moderado. Lo mismo ocurre con Diego Córdoba, que, según señalan miembros del órgano, podría ser uno de los nombres que proponga Lesmes si no hay consenso en el bloque conservador. El nombre de Miguel Colmenero, de la Sala de lo Penal, se ha sondeado también en los últimos días como una de las opciones que podría recabar más apoyos dentro de este grupo.

Una amenaza de dimisión que complica el proceso

Estas fuentes sostienen también que la amenaza de dimisión que el presidente lanzó el 7 de septiembre en la apertura del año judicial ha terminado por complicar un proceso, el de la renovación del tribunal de garantías, que ya estaba sobre el alambre. Hasta ahora, Lesmes siempre había logrado sacar adelante todas las votaciones comprometidas. La última, en julio pasado, cuando el CGPJ avaló la designación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, con 12 votos a favor y siete en contra. Pero su más que probable renuncia le ha hecho perder fuerza entre los vocales más afines, que ahora se encuentran ante la disyuntiva de acompañar en el último tramo a un presidente a punto de marcharse o mantenerse fieles a la mayoría de su grupo.

Por otra parte, el anuncio de dimisión y los movimientos de Lesmes para cumplir cuanto antes con el mandato legal de renovar el Constitucional ha molestado a los más duros del sector conservador, que no están dispuestos a propiciar que el presidente se vaya con la tarea cumplida. Algunos insinúan que, una vez que Lesmes se marche, podrían facilitar los nombramientos, admiten fuentes del órgano.

En la votación de julio para avalar al fiscal general fue el vocal Juan Martínez Moya quien se salió del llamado núcleo duro del órgano y respaldó a Álvaro García Ortiz. En este vocal, y en otros como Nuria Díaz o Juan Manuel Fernández, también de talante moderado y que en varias ocasiones han propiciado acuerdos de los que han discrepado los más duros de su grupo, tiene puesta la esperanza Lesmes para la próxima semana.

La fecha del 13 de octubre es la que fijó el pleno la semana pasada para volver a reunirse en el caso de que no fuera posible alcanzar un pacto antes de ese día. Pero después de que Lesmes y los progresistas dieran por agotada la posibilidad de alcanzar un acuerdo de consenso que aglutinara a la mayoría de los vocales, la idea era cerrar un pacto esta semana y señalar el pleno, como muy tarde, para el próximo lunes o martes. Después, Lesmes presentaría su dimisión, salvo que en este tiempo llegue algún indicio de que el PSOE y el PP van a retomar sus negociaciones para renovar el CGPJ, una posibilidad que ahora se ve lejana. Fuentes del órgano señalan que el presidente ha contactado este jueves con el Gobierno y el PP para sondear si se plantean retomar en breve las conversaciones para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces (cuyo mandato venció en diciembre de 2018), pero no ha obtenido una respuesta definitiva.

Si Lesmes concluye que no va a haber renovación del CGPJ a corto plazo y da el paso de dimitir, su intención era hacerlo antes de la celebración del 12 de Octubre. No quería acudir a los actos institucionales con los nombramientos sin aprobar y su renuncia sobre la mesa. Pero las dificultades que ha encontrado para sumar apoyos le han obligado a retrasar de nuevo el calendario y volver al plan inicial. Ha sido a petición de los tres vocales progresistas que han ejercido como negociadores de su grupo (Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo), que han mantenido en la mañana de este jueves un encuentro con Lesmes y le han pedido que mantenga la fecha del 13 para intentar apurar todas las opciones.

Lesmes se ha comprometido a retrasar hasta entonces su dimisión. El orden del día de esa reunión tiene un único punto que ya da cuenta de que está todo en el aire: “Evaluar los trabajos llevados a cabo por la comisión negociadora y, en su caso, valorar posibles candidaturas al Tribunal Constitucional”. No es seguro que se llegue a ese día con un pacto que garantice los 12 votos necesarios, aunque ni el entorno de Lesmes ni el de los progresistas tiran por ahora la toalla.