La negociación para renovar el Constitucional salta por los aires ante el nuevo bloqueo del sector conservador del Poder Judicial

La negociación abierta hace un mes entre el bloque conservador y el progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar el Tribunal Constitucional ha saltado este miércoles por los aires. Los ocho vocales del grupo progresista han dado por agotada esta vía después de que los conservadores, en una reunión entre ambas partes mantenida por la mañana, volvieran a bloquear cualquier posibilidad de acuerdo alegando que no encontraban ningún candidato a magistrado del Constitucional. Ante la falta de perspectivas para cerrar un pacto a corto plazo, el grupo progresista (seis vocales propuestos por el PSOE, uno por IU y otro por el PNV) ha optado por activar ya el plan b: buscar un acuerdo con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, explorando “vías alternativas” para la renovación, que garanticen los 12 votos necesarios para sacar adelante la votación a finales de esta semana o principios de la que viene.

Esa fórmula alternativa llevaba semanas fraguándose entre Lesmes y los principales interlocutores de los progresistas porque intuían que la negociación con el núcleo duro del sector conservador podía conducir a un callejón sin salida. Los ocho vocales contrarios de inicio a que el CGPJ nombrara a dos magistrados del Constitucional aceptaron a principios de septiembre sentarse a negociar para pactar dos candidatos, pero han ido poniendo todo tipo de obstáculos, si no para bloquear cualquier opción de acuerdo, sí para dilatarlo todo lo posible. “El Consejo tiene su propio ritmo y no nos lo va a marcar el Gobierno”, advertían vocales de este grupo en eferencia a la fecha del 13 de septiembre que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establecía como tope para que el CGPJ renovara el Constitucional.

Los progresistas han acudido a cada reunión con la intención de centrar el debate en los posibles aspirantes a los dos puestos en liza, pero lo cierto es que nunca se han llegado a abordar candidaturas concretas porque los conservadores se han negado a entrar en ese punto, que implicaba enfilar la recta final de la negociación. Lesmes y los progresistas se habían dado de plazo hasta la reunión de este miércoles: si el núcleo duro de los consejeros propuestos por el PP, compuesto por ocho vocales, seguía frenando cualquier posibilidad de pacto, habría que abandonar la posibilidad de lograr una candidatura de consenso que reuniera a la mayoría de los 19 miembros del órgano de gobierno de los jueces y optar por un acuerdo de mínimos que garantice los 12 votos necesarios para renovar el Constitucional.

En el encuentro de esta mañana los vocales conservadores, conscientes de que el tiempo dado por Lesmes y los progresistas se estaba agotando, han intentado desterrar la idea de que ellos estén dilatando innecesariamente los nombramientos y han insistido en que no presentan candidaturas porque no encuentran aspirantes afines en el Tribunal Supremo. Pero, pese a manifestar ese compromiso para elegir a los magistrados del Constitucional, este grupo de vocales no ha escondido que sigue sin tener prisa en realizar los nombramientos, más bien al contrario: defienden que es mejor esperar por si la visita a España que realizó la semana pasada el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, da los frutos que este sector esperaba: forzar a los partidos a desbloquear el CGPJ para así poder hacer una renovación “global” del Consejo y el Constitucional. “Hay que dar tiempo”, señalan los vocales de este bloque.

La actitud de los conservadores ha llevado a los progresistas a pedirle a Lesmes que busque ya la vía alternativa. Las fuentes consultadas en este sector creen que las conversaciones ya no se pueden alargar otra semana más, hasta el 13 de octubre, como acordaron los vocales en el último pleno. En este planteamiento coinciden con Lesmes, cuya intención es cerrar los nombramientos a finales de esta semana o a principios de la próxima y, después, presentar su dimisión, salvo que en este tiempo llegue algún indicio de que el PSOE y el PP van a retomar sus negociaciones para renovar el CGPJ, una posibilidad que ahora se ve remota. El presidente quiere irse antes de la celebración del 12 de Octubre, por lo que la votación para renovar el Constitucional tendría que celebrarse, como muy tarde, el próximo martes. Pero la intención es hacerlo antes, este viernes o el próximo lunes.

Este calendario es también el que ha marcado el grupo progresista en un comunicado enviado este mediodía a los medios: “A la vista de la situación, sin perspectiva de algún acuerdo inmediato, no imputable a los vocales que suscriben y de la que no nos hacemos responsables, tras una reunión con el resto de vocales a los que representamos (8 vocales del Consejo General del Poder Judicial), hemos decidido dar cuenta al Presidente del CGPJ de la falta de horizonte temporal y concreto de los trabajos de la comisión negociadora, e iniciar desde hoy mismo la exploración de otras vías alternativas de acuerdo inmediato a lo largo de hoy, mañana y pasado, con la voluntad de cumplir en el plazo más breve posible, con el mandato y las funciones que la Constitución Española, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, asignan al Consejo General del Poder Judicial”, señala el texto.

Para que salga adelante la votación, Lesmes debe recabar el apoyo de tres vocales propuestos por el PP y que quieran sumarse a los ocho progresistas. Miembros del órgano dan por hecho que el presidente cuenta con Wenceslao Olea y Vicente Guilarte, que no forman parte del grupo de ocho vocales que ha maniobrado contra los nombramientos. Pero le falta, como mínimo, otro voto, que podría salir, según estas fuentes, de algunos de los vocales del núcleo duro considerados más moderados, como Juan Martínez Moya o Nuria Díaz. En esa negociación va a ser importante el magistrado del Supremo que proponga Lesmes como candidato del grupo conservador. Fuentes consultadas señalan los nombres de Diego Córdoba, magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo, o Antonio Vicente Sempere, de la Sala de lo Social, como dos opciones posibles que podrían recabar los apoyos necesarios.