El Poder Judicial obvia el plazo para designar a los magistrados del Constitucional, pero pacta las bases para llegar a un acuerdo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cerrado este jueves sin acuerdo el pleno para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al órgano de gobierno de los jueces. Tras cuatro horas, el presidente, Carlos Lesmes, ha dado por finalizada la sesión después de que los vocales solo hayan pactado las normas de procedimiento, entre ellas que la convocatoria de un nuevo pleno para votar a los candidatos tendrá lugar cuando lo fije Lesmes por propia iniciativa o lo pidan al menos cinco vocales, pero la solicitud de convocatoria deberá incluir los nombres de dos candidatos. Los vocales podrán votar a un máximo de dos aspirantes en cada votación y la designación se tendrá por realizada solo en caso de que dos candidatos hayan obtenido el número de votos exigido por el quórum de votación previsto para el nombramiento (tres quintos del número de miembros presentes en el pleno), ya sea en una misma reunión o en días distintos.

La renuncia a votar este mismo jueves los primeros nombres de candidatos es una victoria del núcleo duro del sector conservador, los ocho vocales que amenazaron con bloquear cualquier posibilidad de acuerdo en protesta por la reforma legal que devuelve al Consejo las competencias para designar a los magistrados del Constitucional, pero no a los del Tribunal Supremo. Durante una cena celebrada el martes, estos consejeros aceptaron finalmente llegar a un acuerdo, pero exigieron que antes se estableciesen “las reglas del juego”. Esta postura fue asumida por Lesmes, que el miércoles, tras el acto de apertura del año judicial, avanzó que el primer pleno se centraría en fijar las reglas y que, previsiblemente, no se pondrían nombres de aspirantes sobre la mesa.

Aunque la intención del presidente es no volver a convocar otro pleno hasta tener consensuados dos candidatos para evitar sucesivas votaciones fallidas, las normas acordadas por los vocales no garantizan esa opción y hasta prevén las reglas para el caso de que fracasen las primeras votaciones, aunque vocales de distinta sensibilidad consultados coinciden en que las reglas están pensadas para que solo se convoque el pleno si hay pacto sobre dos nombres. No se fijará fecha para la reunión hasta que haya una propuesta en firme para dos candidatos, y la idea es que ese tándem incluya ya a dos aspirantes de consenso, uno conservador y otro progresista, aunque no necesariamente con la seguridad de que ambos recaben los votos necesarios. Pero el texto pactado este jueves establece que, una vez convocado el pleno, los vocales podrán presentar propuestas de candidatos adicionales hasta el mismo momento del inicio de la sesión, lo que puede dar lugar a baile de votos o a que vocales que estuvieran indecisos sobre uno de los inicialmente propuestos acaben decantándose por un tercero. Esta opción de incluir nombres al margen de los pactados existía también en ocasiones anteriores, porque según las fuentes lo contrario limitaría el derecho de los vocales a proponer aspirantes.

La designación de los nuevos magistrados del Constitucional solo se tendrá por realizada si dos candidatos obtienen el número de votos exigido de manera simultánea o sucesiva. Es decir, si en una votación un aspirante obtiene los votos necesarios, pero el resto no, la designación no se hace, pero a ese aspirante se le reservan los apoyos obtenidos hasta que haya otro que reúna los votos necesarios. “En caso de que ningún candidato obtuviera el número suficiente de votos, esa circunstancia no impedirá que en las sesiones sucesivas del pleno se puedan proponer los mismos candidatos”, aclara el texto. Aunque el escrito no lo establece, los vocales han pactado designar interlocutores en cada uno de los dos bloques (conservador y progresista) para encauzar las negociaciones.

La principal diferencia entre el modelo pactado ahora y el que se usó en 2013, la última vez que el CGPJ eligió magistrados del Constitucional, es que entonces la elección se hizo con voto secreto, pero una reforma legal posterior fijó que las votaciones del Consejo son públicas, por lo que desde entonces todos los nombramientos se hacen a mano alzada. En la votación de hace nueve años se pusieron sobre la mesa cuatro candidatos: dos conservadores (Santiago Martínez-Vares y Ricardo Enríquez) y dos progresistas (José Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido), pero había un acuerdo para que saliera uno de cada sector y, aunque la votación fuera secreta, se respetó: Martínez-Vares y Xiol obtuvieron 18 apoyos y Enríquez y Conde-Pumpido, tres.

La decisión de posponer este jueves la votación hasta que haya dos candidatos puede suponer que se incumpla la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dio de plazo al Consejo hasta el 13 de septiembre para designar a los magistrados del Constitucional. La elección todavía puede llegar a tiempo si las negociaciones progresan y Lesmes convoca la reunión para el próximo lunes o martes, pero varias fuentes dudan de que pueda alcanzarse un pacto antes y de que, en caso de convocarse el pleno, los aspirantes obtuvieran los votos suficientes. El asunto de la fecha ha sido debatido durante la reunión, pero se ha descartado incluirla en las reglas acordadas o fijar ya una reunión para el martes 13 para intentar cumplir el plazo. Varios vocales conservadores han intervenido para restar importancia a la fecha fijada por ley, y el propio Lesmes, según fuentes de ambos bloques, ha sostenido que lo deseable sería llegar antes al acuerdo, pero que no era imprescindible. La tesis de los conservadores es que el Consejo tiene “sus propios tiempos” y que una negociación como esta requiere muchas conversaciones que no pueden someterse a la presión del calendario político.

Vocales progresistas han defendido también que el plazo puede superarse. En este bloque hay, no obstante, cierto temor a que la mayoría del otro sector pretenda dilatar el proceso en exceso. Desde el inicio de la sesión los progresistas se han mostrado dispuestos a intentar este mismo jueves una primera votación, pero ya casi desde los primeros minutos del pleno quedó claro, según varios vocales, que la reunión se iba a limitar a aclarar el procedimiento. Consejeros conservadores aseguran que la intención es alcanzar un pacto en los próximos días y que las reglas aprobadas están pensadas para que haya acuerdo.

Aunque tampoco queda recogido en el escrito de las normas de procedimiento que ha difundido el CGPJ tras el pleno, los vocales han debatido además sobre la abstención de uno de ellos, el progresista Enrique Lucas (nombrado en su día a propuesta del PNV), que es hermano del magistrado del Supremo Pablo Lucas, uno de los candidatos que el bloque progresista plantea como opción. Finalmente, según fuentes consultadas, se ha acordado que solo se abstendrá hasta que se descarte la candidatura de su hermano (porque sea elegido o porque no reúna votos bastantes). Esa abstención rebajará los votos necesarios a 11 (si acuden el resto de vocales) en vez de a los 12 que hacen falta con los 19 miembros del pleno, y deja a los progresistas con un voto menos (siete en vez de ocho, frente a los 11 conservadores, incluidos Lesmes).