El Poder Judicial, al borde de incumplir la ley por no renovar el Constitucional a tiempo
El bloque conservador rebelde pide margen y consenso para hacer los nombramientos
El Consejo General del Poder Judicial (CGJ) no elegirá este jueves a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde nombrar, pero iniciará la negociación para cerrar estas designaciones en las próximas semanas, probablemente durante este mes. El núcleo duro del bloque conservador del Consejo, compuesto por 8 de los 19 miembros, impedirá de facto que se renueve el tribunal de garantías porque para tales nombramientos son precisos un mínimo de 12 votos. Dicho grupo tiene, por tanto, capacidad de bloqueo, porque en ningún caso podría alcanzarse tal número de apoyos sin su concurso. No obstante, miembros de este sector se han comprometido con el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, a que la renovación del Constitucional pueda llevarse a cabo en breve.
Para ello, el bloque conservador considera que deben obtenerse algunos avances en días previos. En primer lugar, asegurar que no habrá votación alguna para elegir a los dos nuevos magistrados del Constitucional que debe nombrar el Consejo —el Gobierno designa a otros dos— sin que exista un pacto previo sobre sus nombres. Esta premisa es compartida por el propio Lesmes y por el grupo progresista del Poder Judicial.
Pero los vocales del sector conservador conjurados para imponer una serie de condiciones consideran necesario también que no se vote un tándem previamente constituido, sino que cada candidato sea avalado en una votación singular. Lo justifican con el argumento de que de otro modo la elección podría ser recurrida ante el propio Supremo alegando que se limitó la capacidad de propuesta de los vocales. A su juicio, es mejor que si un vocal tiene un candidato propio, ajeno a lo pactado entre los dos bloques, pueda presentarlo, aunque no vaya a salir elegido.
“No hay que votar nada sin que haya un acuerdo previo sobre los candidatos”, afirma uno de los vocales conservadores, quien añade que “hacerlo de otro modo no tendría sentido”. Lo explica argumentando así: “En el Consejo nunca hemos votado un tándem cerrado. Ahora podría costarnos una impugnación formal que pusiera en riesgo el acuerdo”.
La estrategia de los conservadores supone, en todo caso, que se va a incumplir el plazo que la ley da al órgano para efectuar los nombramientos. La reforma legislativa que devolvió parcialmente competencias al Consejo prevé que las designaciones se hagan antes del 13 de septiembre, y nadie en el órgano de gobierno de los jueces espera que ese plazo se cumpla. De hecho, la cuestión de los tiempos ha sido una de las causas en las que se han apoyado los vocales conjurados para bloquear temporalmente los nombramientos. En la cena del martes en la que los integrantes del sector conservador definieron su estrategia, se decidió que se deberían pactar unas “reglas del juego” en esta negociación, y que “una vez establecidas (…) resulta fundamental que se respeten los tiempos de decisión del Consejo”.
Esos “tiempos de decisión” se agotarán, en todo caso, antes de que termine el presente mes. El Gobierno está decidido a no esperar más a que el CGPJ llegue a un acuerdo, y si los vocales no lo consiguen, el Ejecutivo designará a los otros dos magistrados que le corresponde nombrar. Esta posibilidad no es deseada por el Constitucional, donde existe una mayoría inclinada a rechazar el ingreso de solo dos magistrados, los elegidos por el Gobierno, si no acceden al tribunal de garantías al mismo tiempo que los dos que deben provenir del Consejo, por estimar que una renovación parcial sería inconstitucional.
Rebasar la fecha del 13 de septiembre significa superar el límite previsto por la ley. Por tanto, ese retraso implica un incumplimiento de los preceptos establecidos en la reforma impulsada por el Gobierno para que el Consejo recuperase la capacidad de nombrar a dos magistrados del Constitucional, sin que sucediera lo mismo con los nombramientos del Supremo, de lo que el miércoles se quejó Lesmes rotundamente.
Dicha reforma estableció una nueva redacción del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para determinar que “la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial (…) tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior”. Esa fecha límite es la del próximo 13 de septiembre, que será rebasada salvo un acuerdo rápido tras el pleno de este jueves, una situación que nadie cree que vaya a producirse. El Gobierno, a su vez, mantiene su decisión de aplicar con flexibilidad los plazos, y, por tanto, no nombrará a los dos magistrados que le corresponden hasta la primera quincena de octubre, para dar tiempo a un pacto en el Consejo.
Finalmente, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dejó claro el miércoles que la hipótesis de dimitir si llega a la conclusión de que no se va a renovar el Consejo en esta legislatura excluye la posibilidad de una renuncia previa a la elección de los magistrados del Constitucional. En ningún caso Lesmes dejará sus cargos actuales en el órgano de gobierno de los jueces y en el Supremo sin antes acordar la renovación del órgano de garantías.
