Lesmes, presidente del Poder Judicial: “Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la ley”

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, afronta una semana clave, con el acto de apertura del año judicial —presidido por el Rey y en el que Lesmes pronuncia este miércoles su discurso más importante del año— y el pleno del jueves en el que el Consejo debe elegir a dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación. Ambas circunstancias han puesto al presidente del CGPJ en el foco político y mediático, y Lesmes, poco dado a mostrar en público sus inquietudes, se ha despachado este lunes en una comparecencia ante los medios improvisada tras la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y la ley. Y no lo hago porque tenga interés en ir al Tribunal Constitucional, sino porque es nuestro deber”, ha asegurado en referencia a informaciones publicadas en los últimos días que dan cuenta del rechazo de un grupo de vocales del Poder Judicial a propiciar la elección de los dos nuevos magistrados del Constitucional.

Cuatro de los 12 magistrados del Constitucional están pendientes de renovación desde el pasado 12 de junio. La elección de dos de ellos corresponde al CGPJ, que celebrará este jueves un pleno para intentar llegar a un acuerdo sobre los elegidos. Los otros dos deben ser designados por el Gobierno, que ha dado de plazo al Consejo hasta el 13 de septiembre para que elija a los suyos. El presidente del CGPJ, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años, se ha mostrado convencido de que el órgano elegirá a sus dos magistrados, aunque ha admitido que no puede asegurar que el acuerdo se alcance en el pleno de este jueves. “El nombramiento ha de hacerse sin ninguna duda, el día 8 si es posible. Si no es posible, en días sucesivos”, ha señalado, descartando así la posibilidad de que se imponga un sector del Consejo que abogaba por hacer fracasar esta elección en respuesta a la reforma legal del Gobierno que devolvió al CGPJ las competencias para designar a los magistrados del Constitucional, pero mantuvo el veto para el resto de nombramientos discrecionales, incluida la designación de magistrados del Supremo.

Lesmes ha admitido que en el Consejo existe “desafección” por esa decisión del Ejecutivo y que él la comparte. “Me parece inaceptable que el consejo recupere las competencias para [elegir magistrados de] el Constitucional y no para el Supremo, cuando la situación del Supremo es mucho peor que la del Constitucional”, ha dicho. Pero “el que uno esté quejoso”, ha añadido, “no debe impedir” que cumpla con su obligación.

Lesmes ha desmentido una información publicada este lunes por El Mundo que asegura que él tiene intención de dar el salto al Constitucional en un futuro próximo y que el Gobierno le ha amenazado con impedirlo si ahora no consigue sacar adelante en el CGPJ la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías. “Yo no sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si lo ha dicho ha mentido, porque en el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato del Tribunal Constitucional. Lo saben porque se lo he puesto yo del manifiesto”, ha asegurado visiblemente molesto. “Sería indecente que yo me prevaliera del cargo para obtener un cargo en el Constitucional, y quien diga otra cosa miente interesadamente”.

Preguntado por quién cree que puede estar detrás de esas filtraciones, ha afirmado no saberlo. “Son personas que quieren mediatizarme en mi posición institucional para evitar que haga nombramientos”. Sobre la posibilidad de que esas informaciones provengan de personas vinculadas al PP por el rechazo que ha mostrado este partido a que se renueve el Constitucional, el presidente del Consejo no ha querido pronunciarse. “No sé quién es, pero creo que la finalidad es que yo me tambalee. Pero no me voy a tambalear. Las leyes hay que cumplirlas”, ha zanjado.

A dos días de su discurso en el acto de apertura del año judicial, Lesmes ha adelantado que centrará gran parte de su comparecencia en exigir la renovación del CGPJ y denunciar que la situación en la que se encuentra la justicia española como consecuencia de ese bloqueo es “insostenible e inaceptable”. Hasta ahora, cada vez que ha sido preguntado en público por la renovación del Consejo, el presidente del órgano se había mostrado confiado en que esta se consumaría más pronto que tarde. Pero este lunes, ha dado muestras de haber perdido la fe. “A día de hoy no albergo ninguna esperanza, y me parece lamentable”, ha asegurado Lesmes, quien ha lamentado que este retraso ha dejado al alto tribunal en una situación “desoladora”, en referencia a las 14 vacantes que ya acumula debido a que las plazas que quedan vacía por jubilación, fallecimiento o marcha voluntaria de algún magistrado, no pueden cubrirse mientras el Consejo no se renueve. “Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones y en meses el Tribunal Militar Central se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros y no se podrá reunir”, ha advertido Lesmes, quien se ha quejado de las consecuencias de la reforma legal aprobada en 2021 para impedir que se hagan nombramientos discrecionales mientras el Consejo se encuentre, como ahora, con el mandato caducado.

“La situación de la justicia es lamentable”, ha dicho antes de responder a una pregunta sobre quiénes cree que son los responsables de que no se aborde el cambio institucional pendiente en el Poder Judicial: “¿Los responsables? El Congreso, el Senado y los partidos que tiene capacidad para hacerlo”.

En el Gobierno se evitan las declaraciones públicas sobre este asunto para no añadir más presión porque entienden que es una cuestión que debe resolver el Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo está preocupado por la presión que atribuye al PP y su entorno sobre los vocales del sector conservador, e incluso algunos progresistas, para que no renueven a los dos miembros del Constitucional que les corresponden antes del 13. El Gobierno está convencido de que el PP moverá hasta el final sus hilos para intentar que el CGPJ no cumpla con su obligación de nombrar, pero a la vez cree que hay un grupo importante de vocales conservadores y todos los progresistas que, en la línea marcada por Lesmes en sus declaraciones, quieren renovar el Constitucional como les exige la ley. En el Gobierno recuerdan que lo que debería pasar ahora no es nada extraordinario, es lo habitual, lo que se ha hecho siempre: que el CGPJ nombre dos miembros del Constitucional de forma acordada, uno conservador y otro progresista, y después el Ejecutivo renueve los dos que le corresponden, como se ha hecho con todos los Gobiernos anteriores, informa Carlos E. Cué.

En la dirección del PP rehusaron comentar las declaraciones de Lesmes e insistieron en que su planteamiento sobre el CGPJ es conocido, ya que hicieron público un documento con su propuesta a finales de julio, informa Elsa García de Blas. Fuentes del equipo de Feijóo sostienen que le corresponde al Gobierno moverse si quiere un acuerdo, pero insisten en advertir que la designación solo de los magistrados del Constitucional por parte del CGPJ supone una “voladura de puentes” con el PP. Además, este lunes el líder del PP dio pábulo a la información publicada por El Mundo sobre que el Gobierno habría presionado a Lesmes para que propiciara los nombramientos en el Constitucional, y acusó al Ejecutivo de llevar a cabo “amenazas y chantajes”, que calificó de “inadmisibles”, tanto “al Consejo General del Poder Judicial, a algunas compañías, a la oposición”. El líder del PP ha argumentado que ha puesto mucho de su parte para alcanzar un acuerdo sobre el CGPJ, hasta el punto de que el PP, dijo, “renunció a sus principios”, por haber dejado de lado su exigencia de un cambio en el método de elección de los vocales. En el Ejecutivo están desconcertados con esta actitud del PP, porque esta fórmula para renovar el Constitucional es la que se pactó con la anterior dirección de los populares y es lo habitual, renovar por bloques cuando toca, en este caso ya con tres meses de retraso.

Antes de que Lesmes compareciera ante los medios, el protagonismo del día estaba centrado en Álvaro García Ortiz, que ha tomado este lunes posesión de su cargo como fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Después se ha desplazado a la Fiscalía general, donde se ha dirigido por primera vez a los fiscales y otras autoridades convocadas en la sede del ministerio público. En un breve discurso, García ―cuya designación para sustituir a Dolores Delgado ha sido muy criticada por sectores conservadores precisamente por su proximidad a su antecesora― ha defendido la “legitimidad” de su elección. “Es al Gobierno, al poder ejecutivo, a quien corresponde proponer al candidato o candidata a fiscal general del Estado”, ha subrayado.

García Ortiz, consciente de lo que está en juego esta semana, ha lanzado otro recordatorio que parecía dirigido directamente al PP por sus reticencias a renovar el Consejo General del Poder Judicial: “Quienes creemos en el Estado de derecho sabemos que no se elige el cómo ni el cuándo y que el cumplimiento de la ley no se condiciona”, ha señalado García Ortiz, para quien “ante los mandatos constitucionales” para la renovación de las instituciones, “no hay alternativas, bien se trate de nombramientos discrecionales, bien sometidos a otros sistemas de designación”.