Lesmes denunciará en la apertura del año judicial la “sensación de agravio” del Supremo por el bloqueo en sus nombramientos

El acto solemne de apertura del año judicial, el próximo día 7 de septiembre en presencia del Rey, va a reflejar todas las tensiones políticas en torno a la justicia. De entrada, por el discurso que pronunciará el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que pondrá el acento en la “sensación de agravio” que reina en el alto tribunal, según fuentes del Consejo. La intervención de Lesmes servirá, por tanto, para lanzar una nueva advertencia sobre los riesgos que corre el sistema judicial en su conjunto por la imposibilidad del CGPJ en funciones de efectuar nombramientos y cubrir bajas, mientras en paralelo se le exige que designe a dos nuevos magistrados del Constitucional.

La queja del presidente del Supremo tiene que ver con el hecho de que al día siguiente, el 8 de septiembre, el Consejo celebrará un pleno extraordinario en el que deberá abordar esa renovación del Constitucional, cuyo plazo vence cinco días después: el 13, según el ultimátum dado por el Gobierno a través de una reforma legal. En el Consejo y en el Supremo predomina un ambiente abiertamente crítico con esta situación, es decir, con el contraste existente entre la obligación legal de acordar nombramientos para el Constitucional y que al mismo tiempo no puedan realizarse para las principales instancias de la organización judicial, algunas de las cuales han entrado en una fase de riesgo de colapso.

En el Consejo, no obstante, hay una mayoría clara a favor de cumplir la previsión legal y nombrar a los dos integrantes del Constitucional, pero entre los magistrados del sector conservador del Supremo existe una fuerte resistencia a aceptar ese puesto. Ante esta situación, Lesmes y su equipo han preparado para la apertura del año judicial una intervención que se haga eco de las quejas del Supremo y al mismo tiempo deje claro que la mencionada sensación de “agravio” no implica estrategia alguna de apoyo a un eventual boicot a la renovación del Constitucional.

El pasado 11 de julio, el Consejo aprobó una declaración en la que rechazaba la reforma legal que permite renovar el tribunal de garantías, pero mantiene la prohibición de efectuar otros nombramientos mientras el CGPJ —que finalizó su mandato hace casi cuatro años y debe renovarse con un acuerdo entre PSOE y PP— siga en funciones. Lesmes apoyó aquel documento, crítico con el Gobierno. Pero fuentes del Poder Judicial subrayan que, en paralelo, el propio Lesmes ha mantenido contactos con los vocales para que faciliten la elección de los dos magistrados que les corresponde nombrar.

Las fuentes consultadas en la cúpula judicial consideran, en cualquier caso, “muy preocupante” la situación del Supremo, y la vinculan con la renuncia expresada por varios magistrados —entre ellos, el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena— a aceptar una plaza en el Constitucional. Estos rechazos han generado cierta perplejidad en el tribunal de garantías. Primero, porque es tradicional que el Consejo nombre para el Constitucional a magistrados del Supremo, que habitualmente han considerado este cambio de destino como una óptima culminación de su carrera. Y segundo, porque la dificultad de hallar candidatos no se da entre los magistrados del sector progresista.

Lo que en todo caso consideran poco probable las fuentes consultadas del Poder Judicial es que el 8 de septiembre haya fumata blanca para elegir a los dos magistrados del Constitucional. Ese pleno se va a dedicar a una batalla previa: para asegurar el buen resultado de las negociaciones entre conservadores y progresistas se va a discutir primero cómo se va a votar a los candidatos. Hay varias posibilidades sobre la mesa, pero la que parece tener mayores posibilidades de prosperar es la que propone que lo que se someterá a votación sea un tándem, una única candidatura conjunta, compuesta por un candidato conservador y otro progresista. Fuentes del Consejo apuntan que esta opción es la que prefiere su presidente.

Lo que se busca con este procedimiento es evitar recelos mutuos y maniobras de última hora. Ponerlo en práctica requiere un pacto previo sobre los dos nombres sobre los que se va a votar, e impediría que uno de los dos candidatos reciba mucho más apoyo que el otro, dado que la votación sería única. Por este camino, en suma, se evitaría el riesgo de que existan votos de castigo de uno u otro sector.

“El primer pleno que celebremos en el nuevo año judicial va a ser de tanteo”, afirma un vocal del Consejo. “No va a ser fácil que ya exista un acuerdo sobre los nombres de los candidatos que hay que proponer. De modo que será una reunión exploratoria, una especie de calentamiento antes del partido”. Otro vocal expresa su convicción de que “Lesmes no va a disparar hasta que tenga la diana asegurada, lo que significa que, si el 8 de septiembre no hay acuerdo, no convocará otro pleno para elegir a los dos magistrados del Constitucional hasta que tenga una mayoría para ambos”. Esa mayoría es de 12 votos. La ley establece que las votaciones del Consejo sean nominales, no secretas, de modo que se conozca públicamente la postura de cada uno de los vocales del pleno.