Los vocales conservadores del Poder Judicial impiden un acuerdo para renovar el Constitucional antes de final de mes

Los conservadores imponen su ritmo y no habrá acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar el Tribunal Constitucional hasta, como mínimo, final de mes. Esta es la última maniobra para retrasar la designación por parte del sector conservador, que en la reunión mantenida este miércoles con los progresistas ha comunicado que su grupo no volverá a reunirse hasta el miércoles, 28 de septiembre, un día antes del próximo pleno ordinario del CGPJ y de la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que tiene previsto verse con el Gobierno, la oposición y el presidente del Consejo, Carlos Lesmes. Los consejeros propuestos por el PP alegan que los nombramientos exigen que rija “el principio de eficiencia y no el de urgencia”. Ante la negativa de estos a acelerar la negociación, los progresistas han advertido de que no se hacen responsables de la dilación en el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional, que por ley tenía que haberse hecho antes del 13 de septiembre.

La visita del comisario Reynders, anunciada la semana pasada, se había convertido en los últimos días en una de las excusas que alegaban algunos vocales conservadores para rechazar pactar antes de esa fecha los dos nombramientos pendientes. Hasta ahora, sin embargo, solo algunos aludían a esa posibilidad, mientras que otros vocales de este grupo se mostraban partidarios de avanzar en las conversaciones y, a ser posible, llegar con los nombramientos hechos al pleno ordinario del 29 de septiembre. Pero la confirmación de que los vocales propuestos por el PP no volverán a reunirse hasta el día 28 supone un nuevo triunfo del ala más dura de este sector, contraria de inicio a estos nombramientos porque rechazan la reforma legal que ha devuelto al Consejo las competencias para nombrar a los magistrados del Constitucional, pero mantiene el veto para designar a los del Supremo (que cuenta con 14 vacantes de un total de 79 plazas).

En una breve nota difundida tras la reunión, los conservadores no justifican el retraso de su próxima reunión ni aluden a la visita de Reynders ni al pleno del Consejo del día 29. Se limitan a explicar que han comunicado al otro bloque ideológico que su grupo no volverá a reunirse hasta el día 28. Y avisan: “Hemos puesto de manifiesto que la relevancia de estos nombramientos exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia”. La ley que les encomendó la designación de dos magistrados del Constitucional antes del 13 de septiembre se aprobó a principios de julio, pero un grupo mayoritario de vocales conservadores, contrarios a esta norma, amagaron durante el verano con incumplirla, y no ha sido hasta septiembre cuando han accedido a negociar.

Una diferencia “de tiempos”

Ante esta postura, los progresistas, partidarios de pactar los nombramientos cuanto antes, han advertido de que no se responsabilizan de las consecuencias del retraso en las designaciones que la ley les obligaba a hacer antes del 13 de septiembre. Los vocales de este sector han emitido un comunicado en el que afirman que se ha constatado “una diferencia en cuanto a los tiempos”. “Por nuestra parte, hemos reiterado la voluntad de alcanzar dicho acuerdo en el plazo más breve posible y siempre antes del pleno convocado para el día 29 de septiembre”, explican. Y añaden: “Sin embargo, una vez más, nuestros interlocutores nos han manifestado que al día de hoy no están en condiciones de presentar candidatos/as; y que no consideran que deba producirse la designación en el pleno del día 29. De igual modo, no ha sido posible fijar una fecha para una nueva reunión antes del día 29″.

Pese a la evidencia de que los conservadores están dilatando el acuerdo y han decidio impedir que cualquier posibilidad de pacto antes de final de mes, los vocales de este sector presentes en el encuentro (José Antonio Ballestero y Carmen Llombart) han manifestado su compromiso “firme” con la ley que les obliga a nombrar dos magistrados del tribunal de garantías. No han explicado públicamente por qué entonces aplazan la designación, pero miembros de este bloque sostienen que es mejor no hacerlo hasta que se produzca la visita del comisario europeo, por si esta contribuye a desatascar la renovación del Consejo, pendiente desde diciembre de 2018. Entre las razones para retrasar la designación de los magistrados del Constitucional, el núcleo más duro de los conservadores ha abogado por que la negociacion para nombrar a esos dos magistrados se haga “en paralelo” a la negociación de PP y PSOE para desbloquear el CGPJ, por lo que sostienen que conviene esperar a la visita del comisario europeo.

Lista de candidatos

En la reunión de este miércoles había por primera vez una lista de candidatos sobre la mesa. Todos ellos han sido aportados por el sector progresista, que en un intento de encarrilar las conversaciones hacia el debate de nombres, ha recopilado las candidaturas de magistrados del Supremo afines, pero también la del resto de jueces del alto tribunal de distintas tendencias que se han dirigido a este grupo o a Lesmes para postularse al Constitucional. Entre ellos, hay al menos dos jueces de larga trayectoria y clara tendencia conservadora: Rafael Fernández Valverde (magistrado y vocal del Consejo a propuesta del PP hasta que se jubiló en marzo pasado) e Inés Huerta (de la Sala de lo Contencioso-Administrativo). Esta última no estaba en la lista de nueve nombres remitida la semana pasada por los progresistas al resto del órgano, pero según fuentes de este sector, ella misma ha enviado esta semana a todos los vocales su currículum para que se la tenga en cuenta en la negociación.

Los conservadores, sin embargo, insisten en que no han recibido “en el seno del grupo” ninguna candidatura ni oficial ni oficiosa, y que solo se ha producido un “contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual”. Los vocales de este bloque avisan, además, de que no se sienten vinculados por ninguno de los nombres que han llevado a la reunión los progresistas, ni por otros magistrados conservadores que, como publicó EL PAÍS, se han ofrecido para ser candidatos. “Solo aquellos candidatos seleccionados tras análisis y deliberación de nuestro grupo serán propuestos como tales. A tal efecto, el grupo buscará a aquellos aspirantes que, por su excelencia, considere idóneos para tan alta magistratura”, afirman en el comunicado difundido tras el encuentro.