Los vocales progresistas del Poder Judicial encuentran nueve candidatos al Constitucional donde los conservadores no hallan ninguno

La primera reunión de las delegaciones progresista y conservadora del Consejo General del Poder Judicial tuvo el viernes como nota destacada el hecho de que la primera fuera capaz de aportar hasta nueve nombres de aspirantes a ocupar plaza en el Constitucional, mientras que la segunda no presentó candidato alguno, supuestamente por no haberlo encontrado. Los progresistas expusieron que en su propuesta habían incluido a un magistrado conservador, Rafael Fernández Valverde, recientemente jubilado en la Sala de lo Contencioso del Supremo, para tratar de facilitar con esta sugerencia la labor de sus interlocutores, que arguyen dificultades hasta ahora insalvables en la búsqueda de candidatos procedentes de la derecha judicial.

Dominio de la Sala de lo Contencioso. La lista proporcionada por la delegación progresista sobre los interesados en acceder al Constitucional incluye a seis magistrados de lo Contencioso del Supremo —Ángeles Huet, José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Pablo Lucas, Isabel Perelló y el ya mencionado Fernández Valverde—, junto a dos integrantes de la Sala de lo Social o laboral, también del Supremo –la presidenta de la propia Sala, María Luisa Segoviano, y la magistrada Rosa Virolés—, y finalmente al presidente de la Sala de lo Militar, Jacobo Borja de Quiroga.

El Supremo es el origen. Todos pertenecen a la carrera judicial, excepto Espín y Lucas, que accedieron a ella desde sus respectivas cátedras de Derecho Constitucional. Ahora bien, a los efectos de su candidatura para el Constitucional, los nueve son ahora magistrados del Supremo, con independencia de su procedencia. Lo acordado en principio por ambos sectores del Consejo es que los dos magistrados que ahora se elijan para el Constitucional provengan del Supremo.

Dos exletradas del Constitucional. Además de Eduardo Espín y Pablo Lucas —por su condición de catedráticos de Derecho Constitucional— en la lista proporcionada el viernes por el sector progresista hay dos magistradas que han tenido especial relación con el tribunal de garantías. Se trata de Isabel Perelló y Ángeles Huet. La primera fue letrada del Constitucional entre 1993 y 2003, y la segunda entre 1995 y 1996.

La ponente sobre los indultos del ‘procés’. Ángeles Huet, por otra parte, fue la ponente de la resolución del Supremo que rechazó inicialmente los recursos del PP, Vox y tres diputados de Cs contra los indultos a los líderes del procés. La tesis de Huet fue que los recurrentes no estaban legitimados para ejercer dicha impugnación. En mayo último, un cambio de composición de la Sala supuso que el Supremo rectificase su criterio y admitiera a trámite los recursos, argumentando que la decisión sobre la existencia o no de legitimación de dichos partidos se resolvería en la sentencia del caso.

El juez que controla al CNI. Pablo Lucas, a su vez, fue jefe de gabinete del expresidente del Consejo del Poder Judicial Javier Delgado, que dirigió el órgano de gobierno de los jueces entre 1996 y 2001, y en la actualidad es el magistrado del Supremo encargado de autorizar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) las autorizaciones para escuchas e interceptación de las comunicaciones. Sus autos, por tanto, fueron los que autorizaron dichas escuchas en el caso de 18 dirigentes independentistas tras la sentencia del procés.

El conservador que anuló el indulto al kamikaze. En el caso de Fernández Valverde —que no ha ocultado en ningún momento su deseo de acceder al Constitucional una vez jubilado como magistrado— no era difícil manejar su nombre, porque aparte de su pertenencia al Supremo ha sido miembro del Consejo del Poder Judicial durante dos ejercicios. El primero, en la etapa de José María Aznar (PP) como presidente, y el segundo durante los últimos ocho años, como miembro del Consejo que tiene su mandato caducado desde 2018, tras haber accedido en el período de Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno. Fernández Valverde fue el autor de la sentencia que anuló el indulto a un kamikaze que causó la muerte a un joven, tras conducir cinco kilómetros en dirección contraria. La sentencia se basó en la “irrazonabilidad” de dicha medida de gracia.

Un currículum de 115 páginas y otro de dos folios. El sector progresista no acaba de explicarse cómo esta posible candidatura ha pasado inadvertida a sus compañeros del bloque conservador, dada la notoriedad y el prestigio de Fernández Valverde. De hecho, el currículum que este magistrado ha aportado para apoyar su interés en dicha plaza es el más extenso de cuantos han llegado a manos de los proponentes. La exposición de la trayectoria de este magistrado consta de 115 páginas, mientras que la de Pablo Lucas —miembro de la misma Sala de lo Contencioso— cuenta con 71, y las de Isabel Perelló y Eduardo Espín, extraordinariamente sintéticos, ocupan solo dos folios.

Renuncia al derecho de veto. La delegación del bloque progresista explicó el viernes a sus interlocutores que renunciaba de entrada a una práctica que ha sido relativamente habitual en las negociaciones para la renovación de órganos constitucionales. Se trata del derecho a veto de los candidatos que propone la otra parte. Los progresistas dan por hecho que cualquier candidato que finalmente se decidan a proponer los conservadores reunirá los requisitos de prestigio e idoneidad para el cargo que se requiere para acceder al Constitucional, puesto que lo acordado como punto de partida es que los futuros miembros del tribunal de garantías que ahora se elijan deberán ser magistrados del Supremo. Por esta misma razón, entre los integrantes de la delegación progresista no se concibe que los miembros del bloque conservador puedan tener intención de vetar a candidato alguno de los propuestos en la lista de nueve nombres puesta sobre la mesa.