Magistrados conservadores del Supremo expresan su voluntad de ir al Constitucional, pese a la falta de aspirantes alegada por los vocales conservadores

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que negocian el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional volverán a reunirse el miércoles. Sobre la mesa habrá, por primera vez, nombres de magistrados del Tribunal Supremo que aspiran a esos puestos, pero, por ahora, solo los aportados por el sector progresista, ya que los conservadores aseguraron en la reunión celebrada el viernes que ningún juez del alto tribunal se había dirigido a ellos para postularse. Este periódico ha hablado en las últimas horas con varios magistrados de distintas salas del Supremo considerados de tendencia conservadora que muestran su disposición a ir al tribunal de garantías, aunque no han acordado formalmente su candidatura con los vocales propuestos por el PP. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha sondeado a algunos de ellos, que le han dado su conformidad a que su nombre pueda tenerse en cuenta en las negociaciones. Entre ellos están Inés Huerta, Diego Córdoba, Francisco Marín Castán, Antonio Sempere y Rafael Fernández Valverde, que ya fue propuesto por los vocales progresistas el viernes, en la comisión negociadora constituida para tratar de alcanzar un acuerdo sobre los dos candidatos que debe nombrar el Consejo.

Desde que en julio el CGPJ recibió el encargo de designar dos magistrados del Constitucional, el foco ha estado puesto en el Supremo, el tribunal del que suelen proceder los candidatos del Consejo cuando, cada nueve años, le corresponde realizar esta designación. Enseguida empezaron a trascender nombres de posibles aspirantes tanto por parte del ala progresista como de la conservadora. Los vocales progresistas fueron confirmando públicamente esas candidaturas y se mostraron dispuestos a empezar a debatirlas con el otro sector tras el verano. Sin embargo, la mayoría conservadora, atrincherada de inicio contra la ley que les obliga a nombrar a los dos magistrados del Constitucional, se ha negado hasta ahora a poner sobre la mesa nombres concretos o a confirmar si los que se habían difundido como posibles eran una opción real con la que hubieran contactado. Fuentes de este sector han sostenido en las últimas semanas que todavía no era el momento de hablar de nombres y que antes de revelar sus aspirantes querían conocer el elegido como candidato principal por los progresistas y el de los dos magistrados que le corresponde nombrar al Gobierno.

Pero el número de magistrados conservadores dispuestos a acceder al Constitucional es creciente, según se está poniendo de manifiesto a lo largo de los últimos días, en paralelo a las supuestas dificultades que encuentran los vocales de la misma área ideológica para proponer nombres que puedan representarlos. Tras dos reuniones entre ambos bloques, y ante el temor de que las conversaciones se eternizaran sin entrar en el fondo del asunto (acordar dos candidatos de consenso, uno por cada sector ideológico), los progresistas sugirieron el viernes empezar a concretar candidaturas. En aquel momento, los conservadores advirtieron de que no estaban en disposición de presentar ninguna porque no las tenían: ningún magistrado del Supremo afín a sus preferencias se había postulado ante ellos, aseguraron.

Ante ello, los progresistas anunciaron que ellos disponían de nueve nombres y que los iban a enviar a todos los miembros del Consejo como punto de partida en la negociación. En esta lista había cinco magistrados progresistas de los que se venía hablando semanas (Pablo Lucas, José Manuel Bandrés, Ángeles Huet, Eduardo Espín, y Jacobo Barja de Quiroga); y otros cuatro jueces del Supremo que se habían ofrecido a los progresistas o al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para estar entre los candidatos a ser nombrado magistrado del Constitucional: Isabel Perelló, María Luisa Segoviano, Rosa María Virolés y Rafael Fernández Valverde. Este último era hasta marzo ―cuando se jubiló de forma forzosa al cumplir 72 años― magistrado del Supremo y miembro del CGPJ, al que accedió a propuesta del PP y en el que fue parte activa del sector conservador. Él mismo, según las fuentes consultadas, ha informado de su disposición a sus antiguos compañeros del Consejo, tanto del sector progresista como del conservador.

EL PAÍS ha contactado con varios magistrados del alto tribunal considerados de tendencia conservadora cuyos nombres han sonado para integrar el Constitucional y siete de ellos han confirmado su interés. En rigor, ninguno se ha presentado como aspirante a acceder al tribunal de garantías, porque las reglas aprobadas para este proceso de elección no prevén la libre postulación personal de los candidatos. El sistema establecido consiste en dar la iniciativa a los vocales del CGPJ, quienes deben proponer unos candidatos tras asegurarse de que son magistrados dispuestos a aceptar la designación. Los puestos vacantes en el Constitucional son dos, y hasta el momento han aparecido no menos de 13 nombres de miembros del Supremo dispuestos a formar parte del tribunal de garantías. Se trata de los nueve sugeridos por los vocales progresistas el viernes y de los cinco antes mencionados.

Tanto Huerta como Marín Castán, Sempere, Córdoba y Fernández Valverde confirmaron este lunes a EL PAÍS que los negociadores pueden contar con sus nombres, dato que es conocido en el Supremo. Todos los consultados señalan su interés en ir al tribunal de garantías, pero coinciden en que no pretenden tomar parte en una competición para conseguirlo. Ninguno de ellos reprocha abiertamente a los vocales conservadores no haberlos propuesto, aunque tampoco ninguno ha negado su aspiración a formar parte del Constitucional. Para comprobarlo, basta con interesarse en la búsqueda de candidatos, y preguntarles sobre su disposición personal. Otros dos magistrados interesados, pero que han pedido anonimato, explican que, aunque han dado a conocer su disposición en el seno del tribunal, e incluso en conversaciones con vocales del Consejo, no han concretado su candidatura con ningún miembro del órgano de gobierno de los jueces.

Otros magistrados con los que ha hablado este periódico afirman que estarían dispuestos a presentar su candidatura, pero admiten que lo que los frena es la postura ambigua del bloque conservador del Consejo con los nombramientos. “Tiene que haber una cierta garantía de que va a ser una negociación seria”, señala uno de ellos. Fuentes del sector conservador del Supremo afirman que varios jueces han rechazado ser sus candidatos. Entre ellos, los magistrados Antonio del Moral y Pablo Llarena (de la Sala de lo Penal) e Ignacio Sancho (Sala Civil). Las mismas fuentes señalan que esperan que algunos de estos y otros nombres que por ahora no han querido dar el paso, acaben dándolo cuando la negociación avance.

Como magistrados del Supremo, por otra parte, todos ellos gozan de un amplio currículum, que incluye años de ejercicio en este alto tribunal. Este factor es clave porque los vocales conservadores han subrayado en varias ocasiones que la trayectoria profesional y la idoneidad para el cargo resultan esenciales en el proceso de elección. El comunicado dado a conocer por los vocales conservadores el viernes, al término de la primera reunión con la delegación progresista, hacía hincapié en este punto: “La selección de los candidatos a tan alta magistratura ha de llevarse a cabo tras una minuciosa evaluación de sus currículos”. La dificultad, en este aspecto, sería mínima, porque todos los magistrados a los que se les han pedido tales acreditaciones las han entregado, en este caso a los vocales progresistas, que son los que han elaborado una primera lista de nueve candidatos. No consta, en cambio, que la delegación conservadora haya pedido currículum alguno entre los magistrados del Supremo.