Las condiciones de los vocales conservadores del Poder Judicial abocan a alargar la negociación para renovar el Constitucional

La primera reunión de los interlocutores designados por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acordar el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional deja el vaso medio vacío o medio lleno, según el ánimo con el que se quiera mirar. En el encuentro celebrado por videoconferencia este viernes no se debatió ni un solo nombre de posible candidato al tribunal de garantías, y la hora y media que duró la cita se fue en acordar una serie de reglas propuestas por los conservadores que necesariamente implican alargar la negociación. La interpretación más optimista es que ambas partes han quedado en verse el próximo miércoles, que esta reunión será presencial (como los progresistas llevaban exigiendo sin éxito desde hace días) y que habrá ya nombres de candidatos sobre la mesa, aunque, por ahora, solo los aportados por el sector progresista, ya que se ha acordado que la elección se hará, como es habitual, sobre magistrados del Tribunal Supremo y los conservadores aseguran que ningún miembro del alto tribunal afín a sus preferencias se ha dirigido a ellos para ofrecerse.

La primera reunión entre conservadores y progresistas para negociar la designación de los dos magistrados del Constitucional que les corresponde elegir se ha celebrado tres días después de que, el martes, se cumpliera el plazo legal para hacer esas designaciones. Los conservadores ya advirtieron de que plantearían varias condiciones antes de empezar a debatir los nombres de los candidatos, y ninguno de los dos bloques llegaba con expectativas de que este viernes se pudiera cerrar a un acuerdo para la designación. La previsión se ha cumplido y en el encuentro no se ha hablado todavía de posibles aspirantes, aunque sí se han pactado unas pautas para buscarlos. Entre otras, que los nombramientos han de realizarse por una amplia mayoría y que la selección de los candidatos se lleve a cabo tras una “minuciosa evaluación” de sus currículos, como ha exigido el sector conservador. Ambas condiciones apuntan hacia una negociación larga, un temor expresado antes y después del encuentro de este viernes por los progresistas, cuyos intentos por agilizar las conversaciones se están topando con las trabas de los conservadores.

Ante el peligro de que la supuesta falta de candidatos eternizase la negociación, los progresistas enviaron este viernes a todos los miembros del Consejo una lista con nueve nombres: los cinco con los que contaba este grupo desde hace semanas, y otros cuatro magistrados de diversas tendencias —incluso un ex vocal del CGPJ a propuesta del PP— que se han postulado ante este bloque o ante el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para ir al tribunal de garantías. Fuentes del sector conservador no han querido avanzar su postura sobre estos candidatos y se han limitado a afirmar que hay nombres que les podrían encajar y otros que no están dispuestos a aceptar. En cualquier caso, estas fuentes aseguran que esa lista no será la definitiva sobre la que se centre la negociación, ya que los vocales propuestos por el PP pretenden aportar sus propios candidatos, pero aseguran que todavía no los tienen.

El ala más dura del sector conservador es abiertamente partidario de prolongar la negociación durante semanas casi como una forma de reivindicar que el CGPJ tiene su propio ritmo y que no va a ceñirse por el marcado en una ley a la que el propio Lesmes se refirió ante el Rey en su discurso de apertura del Año Judicial como “un agravio”, en referencia a la decisión impulsada por el Gobierno de devolver al Consejo las competencias para designar a magistrados del Constitucional pero manteniendo el veto para los nombramientos del Supremo. La situación del alto tribunal, que tiene ya vacantes 14 de sus 79 plazas, fue esgrimida en la reunión de este viernes por los vocales propuestos por el PP, representados por Carmen Llombart y José Antonio Ballestero. Ambos advirtieron que su grupo no quiere contribuir a agravar las carencias del Supremo, por lo que defendieron que al estudiar los nombramientos se tenga en cuenta “la repercusión” de los seleccionados “en los órganos judiciales de procedencia”.

Los tres vocales progresistas que ejercen como interlocutores de su grupo (Álvaro Cuesta, Roser Bach y Rafael Mozo) rechazaron esta condición y defienden que ningún candidato puede verse perjudicado por las circunstancias por las que está pasando el Supremo, pero temen que esa premisa de los conservadores contribuya a atascar la negociación más de lo que ya lo está. “Todo son excusas que, en la mayoría de los casos, no tienen otro objetivo que dilatar las conversaciones”, apunta un vocal progresista. Cuando los consejeros propuestos por el PP han planteado esa petición ya sabían que cuatro de los cinco candidatos propuestos de entrada por el otro sector —Pablo Lucas, José Manuel Bandrés, Ángeles Huet y Eduardo Espín— pertenecen a la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), la que más vacantes tiene y a la que sus propios magistrados sitúan al borde del colapso. El quinto, Jacobo Barja de Quiroga, es el presidente de la Sala Quinta (Militar), también afectada por la imposibilidad de nombrar nuevos jueces, pero en menor medida.

Los conservadores no han rechazado en el encuentro de este viernes votar a cualquier magistrado que proceda de una de las salas afectadas por las vacantes, pero el condicionante de estudiar las consecuencias de la designación para la sala de la que proceda el candidato puede complicar la negociación porque todas tienen puestos vacíos, salvo la Sala Segunda (Penal), de la que no ha trascendido por ahora el nombre de ningún aspirante al Constitucional. De los cuatro candidatos incorporados a la lista que los progresistas han enviado a todos los vocales, una juez —Isabel Perelló— pertenece también a la Sala de lo Contencioso, mientras que otras dos —María Luisa Segoviano y Rosa María Virolés— forman parte de la Cuarta (Social), también especialmente afectada por las bajas. El cuarto es Rafael Fernández Valverde, que hasta marzo pasado ―cuando se jubiló de forma forzosa al cumplir 72 años― era magistrado del Supremo y miembro del CGPJ, al que accedió a propuesta del PP y en el que fue parte activa del sector conservador. Se ha postulado para ir al tribunal de garantías, donde no existe edad tope, pero su nombre no ha sido propuesto por ahora por sus antiguos compañeros de bloque, sino que ha sido el presidente Lesmes el que ha informado de su candidatura al sector progresista.

Los dos sectores se han comprometido a que las negociaciones se lleven a cabo con “lealtad” y a que los nombramientos se realicen con una “amplia mayoría”, según fuentes de ambas corrientes. La designación de los magistrados del Constitucional necesita 12 de los 19 votos del pleno. Los progresistas suman 8 y los conservadores, 11. La intención, según lo pactado este viernes, es lograr candidatos de consenso (uno progresista y otro conservador) que sumen más de los 12 apoyos necesarios, pero nadie descarta que, si se entra en un callejón sin salida, se acabe cerrando una candidatura por la mínima: bien con el bloque conservador al completo y algún vocal progresista o con el bloque progresista y el ala más moderada de los conservadores, entre ellos el presidente Lesmes.