Fallece el magistrado del Tribunal Constitucional Francisco José Hernando

El magistrado del Tribunal Constitucional Francisco José Hernando Santiago, de 77 años, ha fallecido en la noche del jueves en Madrid a causa de una enfermedad que un portavoz del tribunal no ha precisado.

Hernando, que pertenecía al denominado bloque conservador, se incorporó al Constitucional en 2010 tras ser elegido entre los magistrados elegidos por el Senado, a propuesta del PP. Por lo tanto, su suplente tendrá un mandato único de tres años, ya que a los nueve que conforman el nombramiento, han de descontarse también los tres de retraso con los que se produjo la designación de Hernando.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio San Isidro de la capital y el entierro tendrá lugar mañana en la más estricta intimidad por expreso deseo de la familia.

Junto a Enrique López, un hombre de claro perfil político y polémico vetado varias veces por el PSOE, Hernando era una de las dos piezas claves que el PP había situado en el Constitucional para garantizarse el control político de un órgano clave, en un momento especialmente sensible con un proceso soberanista en marcha, un gran debate sobre el aborto y recortes claves como el del sueldo de los funcionarios recurridos. Desde el pasado junio, con la renovación de cuatro de los 12 magistrados del órgano judicial, el Constitucional tenía 7 conservadores frente a 5 progresistas.

Antes, Hernando había sido presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo entre 2001 y 2008. Al frente del Poder Judicial, Hernando, junto a López, promovió un informe del Poder Judicial sobre el Estatuto catalán que nadie había pedido.

En esa época, fue cuestionado por haber manifestado que, si trabajara en Cataluña aprendería catalán, con el siguiente matiz: "Como un enriquecimiento, como cuando voy a Andalucía me gustaría bailar sevillanas".

Además, delante de varios micrófonos, señaló también que el Estatuto catalán "no se podía reformar a espalda de 10 millones de españoles" -calcando uno de los argumentos de Mariano Rajoy por esos días-, y avaló públicamente la decisión del PP de pedir firmas contra la reforma estatutaria.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como abogado en Madrid, Toledo, Granada, Vizcaya y Zaragoza y como profesor de Derecho de dicha universidad. En 1986, accede a la magistratura por la vía que corresponde a juristas de reconocido prestigio, tras 26 años de profesión. Pasó a ocupar la plaza de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Era académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y le había sido otorgada la Cruz de San Raimundo de Peñafort.