El Gobierno apunta ya a un próximo nombramiento de sus dos magistrados del Constitucional ante el bloqueo del Poder Judicial

El Gobierno empieza a estar harto de los retrasos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le tocan a este órgano, que lleva casi cuatro años con el mandato caducado y ahora también tiene a un presidente suplente porque dimitió el titular, Carlos Lesmes. El Ejecutivo lanza cada vez señales más claras de que está cerca su decisión de nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le toca renovar a él —de los cuatro que deben nombrarse ahora, se reparten dos el CGPJ y dos el Ejecutivo— sin esperar al órgano de gobierno de los jueces. En La Moncloa no quieren confirmar oficialmente ninguna fecha, pero si el presidente, Pedro Sánchez, quiere llegar al día 6 de diciembre, cuando se celebra el día de la Constitución, con este asunto resuelto, solo le quedan dos consejos de ministros para hacerlo: el próximo, martes 29, y el lunes 5, donde muy probablemente se convocará otro.

El Gobierno está esperando que el CGPJ agote su intento para renovar, para ofrecerle una argumento jurídico que permita justificar la anomalía de renovar solo la mitad del cupo que toca esta vez. Y ese argumento puede llegar este jueves si el pleno del CGPJ, dos meses y medio después de que transcurriera el plazo del 13 de septiembre fijado por la ley para renovar el Constitucional, no es capaz de hacerlo. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no quiso fijar una fecha, pero fue muy tajante, más que nunca. “Hay que ver de dónde venimos. Del bloqueo del principal partido de la oposición que se niega a cumplir la Constitución, algo que llegó a provocar la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ. El PP ha puesto en jaque al CGPJ. Hemos hecho un ejercicio de comprensión, pero vamos a cumplir con esa obligación constitucional, vamos a hacer el nombramiento [de los dos magistrados que corresponden al Gobierno]”.

La decisión final la tomará Sánchez, y la estrategia la dirige Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Ambos llevan semanas esperando el momento adecuado, y han intentado de todo para que saliera el plan a, esto es, que se pudiera pactar los dos magistrados que tiene que renovar el CGPJ para que el Gobierno hiciera después lo mismo. Pero llegados a este punto, y ante la evidencia de que el sector cercano al PP vuelve a optar por maniobras dilatorias, el momento parece inminente.

La última excusa de los vocales conservadores para demorar el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que le corresponde elegir al Consejo vence previsiblemente este miércoles, cuando el Tribunal Supremo prevé decidir si mantiene al frente del órgano de gobierno de los jueces a Rafael Mozo, el vocal progresista al que el pleno del CGPJ eligió como presidente suplente tras la dimisión de Carlos Lesmes. La elección de Mozo fue recurrida por el vocal Wenceslao Olea y por el secretario general del órgano, José Luis de Benito, que pidieron al alto tribunal que la suspendiera cautelarmente mientras decide sobre el fondo del asunto. Esta es la decisión que debe tomar este miércoles la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo).

Los vocales propuestos por el PP pidieron la semana pasada a los progresistas no avanzar en la renovación del Constitucional hasta conocer la decisión del Supremo sobre Mozo, para evitar que una hipotética revocación de su presidencia pudiera poner luego en cuestión las decisiones tomadas por un pleno con él al frente. Si el Supremo, como parece previsible, rechaza la cautelar y mantiene a Mozo como presidente suplente, al camino hacia la renovación del Constitucional estaría teóricamente despejado y podría encarrilarse en la reunión que va a mantener este mediodía la comisión de conservadores y progresistas que negocia los nombramientos. Fuentes conservadoras, sin embargo, admiten que superado ese escollo van a plantear otro.

Los vocales propuestos por el PP han pedido a los progresistas (en el que se integran consejeros propuestos por PSOE, IU y PNV) un “cambio de metodología” en la negociación. Los progresistas ya tienen un candidato oficial, el magistrado de la Sala Tercera del Supremo José Manuel Bandrés, y están a la espera de que los conservadores comuniquen el suyo, pero estos creen que ahora cada grupo debe evaluar y valorar la propuesta del otro. “No se trata de aceptar sin más al candidato único que ellos propongan. Para eso no hace falta negociar”, señala un vocal conservador.

El trasfondo de esta exigencia es que los consejeros propuestos por el PP no quieren al candidato Bandrés porque sostienen que es afín al Gobierno. “Queremos evaluar a su candidato y que ellos hagan lo mismo con el nuestro. Debatir sobre ambos nombres”, señalan fuentes conservadoras, que aseguran que, si los progresistas aceptan esta fórmula, ellos podrían dar ya el nombre de su aspirante oficial. Pero los consejeros propuestos por PSOE, IU y PNV rechazan cambiar a su candidato, un magistrado de 66 años y larga trayectoria judicial y académica, experto en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y en derecho constitucional y contencioso-administrativo. Fuentes conservadoras señalan que si los progresistas no aceptan su petición, los nombramientos del Constitucional pueden naufragar definitivamente.