Estado de la nación

El debate sobre el estado de la nación que empieza el martes llega en un momento político singular y económicamente preocupante. Por eso mismo, constituye una gran oportunidad para que todos sus protagonistas hagan un esfuerzo de realismo, responsabilidad y capacidad de acuerdo; por el bien de esa ciudadanía que, en tiempo de turbación, necesita recuperar la confianza en sus dirigentes y afianzar sus expectativas ante el futuro inmediato sobre fundamentos consistentes.

En lo político se registra un vaivén inédito en la legislatura. De un lado, la consolidación de una nueva dirección al frente del Partido Popular, que ha sabido recuperar terreno y ser percibido por vez primera como alternativa —aunque con la necesidad de apoyos externos—. De otro, la coalición de Gobierno ha realizado ya una ingente labor reformista, pero cuyo impacto en cerrar brechas sociales y remover obstáculos estructurales no termina de ser percibido por la sociedad. Esto es así por la inquietud sobre el futuro económico y por el ruido de las discrepancias internas de la coalición, pero sobre todo por el efecto devastador de la inflación en la cesta de la compra.

Como la economía es ahora la primera preocupación ciudadana, pero también el principal activo del Gobierno y la palanca con que la oposición quiere erosionar su labor, parece evidente que hay que exigir a cada fuerza que hilvane desde su posición sus argumentos para alcanzar un diagnóstico solvente, ni polarizado, ni oportunista.

Desde la óptica de este periódico, la situación es de emergencia —por su especial carácter bifronte e incierto— y requiere respuestas de peso. En el lado positivo de la balanza, se mantiene un crecimiento notable del PIB en torno al 4% (solo un punto menos que en 2021), algo inigualado desde la Gran Recesión de 2008, y que organismos y expertos pronostican que va a continuar este año. El empleo marca récords históricos, con más de 20 millones de afiliados en la Seguridad Social y, al fin, menos de tres millones de parados. Y se han superado las anteriores fases críticas (pandemia y recuperación pospandémica) sin perjuicio del mercado laboral, de la vitalidad empresarial y de la cohesión social.

El lado negativo de la balanza pesa enormemente en el estado de opinión. La sensación (y la realidad) de que la cabalgada de los precios contrae poder adquisitivo, salarios, ahorros y riqueza es acuciante. Se trata de un fenómeno importado casi en su totalidad, por el alza internacional de los precios energéticos y de otras materias primas y productos básicos, y al que hay que añadir la angustia ante el incierto devenir de la guerra de Vladímir Putin contra Ucrania, que se promete de desgaste y que influye con fuerza en los problemas económicos mundiales: de prolongarse mucho tiempo tenderá a agravarlos, especialmente para Europa, dada su proximidad y su dependencia de algunos suministros rusos.

Si esto es así, hay que reclamar a las distintas fuerzas que ni exageren, ni tampoco ignoren esa naturaleza dual de la coyuntura. Hará bien el Gobierno en subrayar la expansión económica: pues es real, y no ficción. Pero sin difuminar las crecientes, fuertes y dramáticas amenazas de los precios y de las incertidumbres de origen internacional. Al revés, profundizando en su respuesta, ampliando su alcance y su visibilidad, con el firme compromiso de hacer todo lo que sea necesario para proteger la economía, mantener la cohesión y cuidar de los más vulnerables. Y recibiendo más a la oposición —incluido a su jefe— para buscar algún grado real de concertación.

Hará bien la oposición en subrayar lo que considere errores de cálculo, de firmeza o de ritmo en la acción del Gobierno: para eso está, para controlarlo. Pero más aún deberá renunciar al catastrofismo que supone la profecía de una “profundísima crisis económica”, pues no hay ni certeza de ese escenario —como ha recordado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal—, ni es inevitable. Lanzar esta bomba resulta irresponsable, imprudente e inmoral, porque contribuye a precipitar ese lúgubre escenario: es un anuncio procíclico, que incentiva la peor de las posibilidades, aunque sea remota y solo contemplable en el marco de una grave y prolongada recesión europea, hoy por hoy descartable. Amén de criticar, es también obligación de una oposición de Estado plantear propuestas viables.

Los socios del Gobierno y sus aliados deberían anotarse nuevas exigencias ante el momento que vivimos. Sin negar los distintos acentos legítimos en política interior, asuntos territoriales, inmigración o compromisos internacionales, convendría que sopesasen la conveniencia de primar la agenda económica y social, justo porque constituye la prioridad de los ciudadanos. Y evitar que las discrepancias se conviertan en disonancias; las diferencias, en ruido, y todo esto en una patética sensación de división y desgobierno. Es lo que contribuye a debilitarlo, a cuestionar el tramo final de la legislatura, y la posible reedición de este Gobierno: lo contrario de una estrategia adecuada para reconstituir y reforzar la confianza ciudadana y superar la emergencia.

Las responsabilidades exigibles no se circunscriben al poder (y al contrapoder, que es otra forma de poder) político. Alcanzan a la sociedad civil organizada, sustantivamente a los agentes económicos y sociales. Sobre ellos recae la viabilidad de alcanzar un pacto de rentas, de salarios y dividendos: el mejor instrumento para limitar el alza de precios y asegurar la equidad de respuestas ágiles a una situación cambiante.

Pero no solo a ellos. El poder de la riqueza individual, familiar y corporativa —en síntesis, la influencia de ricos y famosos— debería remar a favor del esfuerzo colectivo: para repartir mejor sus cargas y evitar la necesidad de sacrificios excesivos. Sucede con frecuencia en otros países avanzados, en Escandinavia o Estados Unidos —vimos en 2019 a una veintena de multimillonarios pedir en este país que les subieran los impuestos a ellos—, y no se entiende el estruendoso silencio que el grueso de este segmento practica entre nosotros.