La inflación crece cuatro veces más que los sueldos y compromete el poder adquisitivo de los trabajadores

El coste de vida en lo que va de año ha cuadruplicado a la evolución de los salarios. Los datos del IPC de marzo, confirmados este miércoles y que muestran que la inflación repuntó un 9,8% en el tercer mes de 2022, contrastan con el 2,36% que han subido hasta ese mismo mes los sueldos pactados en convenios colectivos. Así lo recoge la estadística del Ministerio de Trabajo a partir de 1.892 convenios con efectos económicos en 2022 (aunque la inmensa mayoría se firmaron en años anteriores) y que son de aplicación sobre casi cinco millones de trabajadores. Más de siete de cada diez (un 71% exactamente) no tenían cláusula de revisión salarial en sus convenios, lo que los hace más vulnerables a la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia del prolongado episodio inflacionista. De hecho, en esos convenios los salarios solo han mejorado un 2,18%, mientras que para el 29% restante lo han hecho un 2,78%.

Por sectores, los trabajadores del sector agrícola salen una vez más como los peor parados. Su incremento salarial medio es del 1,58%, frente 3,15% que han progresado los sueldos recogidos en los convenios de la construcción. Los industriales también se quedan por encima de la media (3,06%), mientras que los de los servicios se sitúan por debajo (2%). Y, como era de esperar, son más propicias las negociaciones dentro del ámbito de la empresa (2,48% de subida) que las de convenios de ámbito superior (los que afectan a más de una compañía, en los que las remuneraciones se han elevado un 2,35% de media).

“La pérdida de poder adquisitivo es evidente, pero no solo de ahora”, señala Josep Lladós, profesor de Economía y Empresa en la UOC. “No ha sido necesario llegar a niveles de inflación de casi dos dígitos para detectarla”, desarrolla. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO, coincide con el economista en que “los salarios han perdido poder de compra en relación con el IPC sin ningún género de duda”. Pero también apunta que la estadística de Trabajo todavía recoge pocos convenios y que, de los casi 1.900 que contempla —frente a una media anual que supera los 5.000—, apenas 66 se han firmado este año (con una subida media del 2,39%, ligeramente superior a la del conjunto) por lo que la foto es muy incompleta. Y uno de los motivos, apunta Vicente, es precisamente la falta de acuerdo entre sindicatos y patronales sobre la hoja de ruta a seguir.

Las centrales mayoritarias, CC OO y UGT, llevan semanas negociando con la CEOE y la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este documento realiza una serie de recomendaciones con las que se agiliza la negociación de convenios. Pero por encima de los porcentajes que deberían subir los sueldos este año y los dos próximos, el auténtico escollo para alcanzar un pacto es la posibilidad de incluir cláusulas que blinden el poder de compra de los asalariados. De hecho, los convenidos con efectos en 2022 que cuentan con alguna cláusula de ese tipo, sea retroactiva o no, han elevado los salarios un 2,78%, mientras que los que no la tenían lo han hecho solo un 2,18%.

Para los sindicatos es una línea roja y señalan que actualmente solo un 16% de los 11,5 millones de trabajadores sujetos a convenios cuentan con esa salvaguarda. Las patronales argumentan que, en una situación como la actual, las empresas ya se encuentran financieramente comprometidas por el encarecimiento de la luz o los carburantes. Y creen que revisar los salarios en función de la inflación que finalmente marque este año es convertir en estructural una situación coyuntural —por lo que piden fijarse en la inflación subyacente: la que elimina los precios de energía y de alimentos no elaborados, considerados muy volátiles— y alimentaría los denominados “efectos de segunda ronda” sobre los que han advertido organismos económicos y centros de análisis.

Un círculo vicioso

Los efectos de segunda ronda se han convertido en la letanía de esta crisis. Algo así como lo que eran las primas de riesgo en 2012. Al invocarlos, se alude a la posibilidad de que la inflación y los salarios entren en un círculo vicioso: al subir el coste de la vida, los trabajadores piden sueldos más altos, y estos a la vez presionan los costes de las empresas, que acaban encareciendo sus productos y servicios. Hay consenso en que hasta ahora es más un problema de EE UU. En Europa la inflación está marcada sobre todo por el alza de la energía, y esta se percibía como puntual hasta hace poco. El conflicto de Ucrania, sin embargo, hizo pensar que la subida de precios se quedaría más tiempo del esperado. El Banco de España calcula, por ejemplo, que la media de 2022 se situará en el 7,5%, más del doble que en 2021. Pero hasta el verano pasado, hace cuatro días, como quien dice, la obsesión de los supervisores era cómo hacer que el IPC se elevara hasta el 2%, el límite que los supervisores financieros consideran óptimo para tener un crecimiento económico sano.

¿Hay un antídoto contra esta endiablada situación? El Gobierno cree haberlo encontrado con el impulso de un pacto de rentas, una fórmula que el Banco de España ha bendecido y cuenta con el aval de organismos internacionales. Se trataría, según explicó en su día el Ejecutivo, de lograr un acuerdo con los agentes sociales que tenga en cuenta “los costes salariales y los márgenes empresariales”. Sobre el papel, eso se traduce en repartir las ganancias... o las pérdidas. Y la inflación significa a priori tener menos poder de compra, por lo que Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, habló de “compromisos difíciles” de los que dependerían “la evolución del empleo y de la competitividad de la economía en los próximos años”.

A Lladós le gusta la receta: “Envía al mercado el mensaje de que la gente no va a perder poder adquisitivo, aunque igual sí lo pierde durante unos meses, y le pone fecha de caducidad al episodio”. En otras palabras, modela las expectativas de consumidores (mayoritariamente trabajadores) y de empresarios y les ayuda a planificar su futuro, evitando que un exceso de celo retraiga el gasto y comprometa el crecimiento económico. “Lo que te va a cerrar una empresa no es subir los salarios, es que se frene la recuperación”, abunda el economista. El problema es cómo darle forma a ese pacto de rentas cuando la mesa que más se le parece, la del AENC, se encuentra bloqueada.