El Banco de España urge a un pacto de rentas en el que trabajadores y empresas se repartan el coste de la inflación

Hernández de Cos pide que la política fiscal actúe de forma focalizada en los hogares y sectores más vulnerables, recuerda que hará falta un plan de consolidación fiscal a medio plazo y señala que las pensiones no deberían actualizarse de forma automática

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.

El gobernador del Banco de España ha advertido este martes de que la recuperación económica de la pandemia se verá lastrada por la invasión de Ucrania. “La magnitud de estos efectos adversos solo puede estimarse con una extraordinaria incertidumbre” y dependerá de cuánto dure y cuán grave sea el conflicto, ha señalado. Para hacer frente al empobrecimiento impuesto por el aumento de los precios energéticos, Pablo Hernández de Cos ha pedido, por una parte, ayudas focalizadas y temporales a los hogares y empresas más perjudicados. Y por otra, un pacto de rentas en el que se reparta la pérdida sobrevenida entre trabajadores y empresas. Las subidas salariales deberían hacerse a varios años y excluyendo de las referencias los precios energéticos. Por su parte, las empresas estarían obligadas a contener los márgenes. Si todos asumen esa pérdida a corto, se traduciría en una ganancia a medio y largo plazo, ha concluido en un discurso pronunciado en un desayuno organizado por la consultora Hill & Knowlton.

El Banco de España considera fundamental evitar que estas presiones inflacionistas acaben en una espiral de precios y salarios. “Me gustaría enfatizar la necesidad de alcanzar consensos para afrontar de manera eficaz el escenario al que nos enfrentamos. De nuestra capacidad para lograr estos compromisos difíciles dependerá, en gran medida, la evolución del empleo y de la competitividad de la economía en los próximos años”, ha declarado Hernández de Cos.

A juicio del gobernador, las medidas del Gobierno han de ser granulares, focalizadas y temporales, centradas sobre todo en las rentas bajas y en las empresas más intensivas en energía, y deberían tener en cuenta que hay sectores y hogares que todavía no se han recobrado de la pandemia. Se trataría de ser muy selectivo: “Debe evitarse el impulso fiscal generalizado para minimizar el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios, que han aumentado de forma muy significativa durante la crisis”, ha apuntado Hernández de Cos. Y ha añadido que una política muy expansiva podría acabar formando más cuellos de botella y filtrándose a los precios.

Aunque no lo ha mencionado de forma explícita, el gobernador ha hecho una referencia a las mejoras de sueldos de funcionarios y de pensiones. Ha dicho que “habría que evitar las cláusulas automáticas de indexación en las partidas de gasto”. Si bien se refiere a todas, pensiones y funcionarios son los dos mayores desembolsos de las Administraciones. Tras la reciente reforma de las pensiones, las prestaciones tienen garantizadas la subida automática con el IPC. De cumplirse las previsiones, la Seguridad Social tendría que aumentar el gasto el año que viene en más de 10.000 millones solo por la actualización. Es decir, Hernández de Cos estaría sugiriendo que el gasto público forme parte del pacto de rentas que ha reclamado para trabajadores y empresas.

El relato expuesto este martes lo ha estado repitiendo el gobernador desde octubre, antes de que estallara un conflicto bélico que ha agudizado todavía más los problemas de inflación: el encarecimiento de la energía supone un empobrecimiento de la economía. Es crucial impedir que se desencadene una espiral de precios y salarios que solo agravaría los efectos, ya de por sí nocivos, de la invasión de Ucrania. Así que en lugar de intentar trasladarlo a sueldos de trabajadores y precios de las empresas, esta pérdida de riqueza debería repartirse entre todos a través de un pacto de rentas.

Las características del pacto de rentas

Este acuerdo social debería tener, según el gobernador, las siguientes características: en primer lugar, todos han de asumir una pérdida sobrevenida por el aumento de los costes de la energía. Ni los trabajadores podrán mantener a corto su poder adquisitivo, ni las empresas sus márgenes. Si todo el esfuerzo lo soportasen los asalariados, se deprimiría más la demanda. Si toda la carga la aguantasen las empresas, muchas podrían cerrar o perder competitividad. En cualquier caso, se resentiría la inversión y el empleo.

De acuerdo con los datos que maneja el banco, este reparto del daño ya se estaría produciendo en las dos partes. Los convenios de momento no están reflejando subidas salariales fuertes. Y las empresas no están traspasando a sus precios la carestía de las materias primas y, por lo tanto, están reduciendo márgenes. Según una encuesta del organismo, tres cuartas partes de las sociedades estarían sufriendo alzas de costes. Pero solo un 30% estaría llevándolo a sus precios.

En segundo lugar, las recomendaciones del pacto deben ser flexibles para tener en cuenta todas las situaciones de las empresas. Por ejemplo, habría que considerar cuánto pesa la energía en su producción, la exposición a la competencia internacional, o el grado de recuperación de su demanda y productividad tras la pandemia.

Tercero, habría que evitar las cláusulas de indexación automática a la inflación que elevarían el riesgo de una espiral de salarios y precios. El porcentaje de trabajadores con cláusula de salvaguardia ha aumentado desde el 17% del cierre de 2021 al 30% en febrero.

Cuarto, los compromisos de alzas salariales y de protección del empleo tendrían que ser a varios años. Las referencias salariales deberían excluir los componentes energéticos, cuya volatilidad no será duradera. Es decir, recomienda usar la llamada inflación subyacente. Así se hizo en acuerdo salarial 2012-2014, que dejaba fuera los incrementos por productos energéticos. Este acuerdo ha sido siempre reconocido como uno de los elementos que ayudó a mejorar la situación del mercado laboral en la pasada crisis financiera y del euro.

Y quinto, esta estrategia solo funcionará si hay moderación de los márgenes empresariales, ha recalcado el gobernador. De este modo se preservaría la competitividad a la vez que se limita la traslación de los costes energéticos al resto de bienes y servicios.

Por otra parte, Hernández de Cos ha vuelto a reclamar el diseño de un plan gradual de ajuste de las cuentas públicas. El Banco de España y la Autoridad Fiscal llevan pidiéndolo desde que comenzó la pandemia. La deuda de las Administraciones alcanza ya el 120% del PIB, unos niveles que dejan al país muy expuesto en el caso de que haya una subida de tipos. Este plan de consolidación fiscal solo debería ponerse en marcha cuando la recuperación fuera sólida. Dicho esto, si se anuncia ahora con plazos y objetivos concretos, serviría para ganar credibilidad y eludir los ajustes bruscos, ha explicado el gobernador. Es más: ha conminado a que se incluya este en el próximo plan de estabilidad que se envíe a Bruselas en primavera.

Pérdida de actividad

Según el gobernador, el conflicto en Ucrania supone una perturbación muy negativa en el poder de compra añadido al empobrecimiento que ya se estaba produciendo antes de la invasión, sobre todo por la energía. Pese a que la exposición comercial a Rusia es moderada, los efectos indirectos pueden ser elevados dada la complejidad de las cadenas de suministro globales. Aunque la exposición financiera a estos países es pequeña, desde el inicio del conflicto se ha observado una mayor volatilidad en los mercados y un tensionamiento en las condiciones de financiación. Y todo ello podría restar confianza. Las previsiones del BCE sostienen que el PIB de la zona euro podría perder entre 0,5 puntos y 1,9. Y la inflación podría elevarse entre 1,9 puntos y 3,9.

La profundidad del golpe dependerá también de la respuesta que dé la política económica. El avance en la integración europea con la mutualización de gastos presupuestarios por la invasión es la vía más eficaz y debería permitir que las economías más afectadas puedan capear la coyuntura.

En cuanto a la política monetaria, el gobernador ha destacado que, por un lado, hay mayores riesgos de que la inflación pase a los salarios y, en consecuencia, sea más persistente. Pero, por otro, el nuevo deterioro de la economía cuando todavía no se ha recuperado de la pandemia puede acabar también rebajando las presiones inflacionarias a medio plazo. Cos ha insistido en que el BCE se ha dado más flexibilidad: dará más tiempo para las subidas de tipos una vez acaben las compras de deuda. En todo caso, estas alzas serían graduales para evitar ajustes bruscos. Por último, ha recordado que es necesario prevenir la fragmentación financiera y que el eurobanco está preparado para revisar el plan de compras si cambian las circunstancias.

Sobre la firma

Antonio Maqueda

Periodista de la sección de Economía. Graduado en Periodismo en la Universidad de Navarra y máster por la Universidad de Cardiff, ha trabajado en medios como Cádiz Información, New Statesman, The Independent, elEconomista y Vozpópuli.

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