Razones para colgar los cascos

La convocatoria el lunes de un segundo día de huelga de los teleoperadores estuvo motivada por unas condiciones laborales que se arrastran desde el vencimiento del convenio en diciembre de 2019. Centenares de trabajadores de los centros de atención telefónica se concentraron en varias ciudades de toda España con buenas razones para colgar los cascos de trabajo, con un seguimiento de la huelga de en torno al 85%, según fuentes sindicales. A la tensión de un empleo que les obliga a lidiar con protestas y reclamaciones de los clientes se une el hecho de que el salario medio del sector sigue congelado en los 800 euros brutos mensuales. Pese a la escalada inflacionista, los salarios no se han movido, y apenas se firman contratos a tiempo completo. Se trata de la segunda jornada de huelga de 24 horas, después de la del pasado 13 de mayo. Las centrales sindicales mayoritarias, UGT y CC OO, seguirán convocando protestas mensuales hasta que la patronal Cex desbloquee la negociación y acceda a pactar condiciones laborales que son visiblemente mejorables y suponen una clara pérdida de poder adquisitivo. La patronal prevé un incremento salarial del 0,8% para 2021 (cuando el IPC medio fue del 3,1%), del 2,5% para 2022 (el Banco de España prevé una inflación media del 7,2% este año), y un aumento correspondiente al IPC para 2023, pero con un tope máximo de un 2,5%. Dada la evidente precariedad del sector, y ante el bloqueo de la negociación, algunas empresas han empezado a aplicar aumentos salariales por su cuenta.

La atención telefónica emplea a algo más de 120.000 trabajadores, entre los que predominan las mujeres y los jóvenes, y donde se abusa de la jornada laboral de 30 horas semanales, lo que impide que sus trabajadores lleguen a cobrar siquiera el salario mínimo interprofesional. Como denuncian los sindicatos, tampoco están desapareciendo al ritmo que debieran los contratos de obra y servicio, pese a que han sido eliminados en la última reforma laboral. Eso provoca que muchas empresas despidan a los trabajadores con un ERE al finalizar un servicio, con la consiguiente falta de continuidad en el empleo, y muchos de ellos denuncian que no les han abonado todavía los gastos derivados del trabajo en casa desde el principio de la pandemia.

A sus precarias condiciones laborales se suma ahora un cambio normativo que puede empeorar aún más su situación. La nueva Ley de Servicios de Atención al Cliente, pendiente de tramitación en las Cortes, recoge la obligación de que las llamadas de los consumidores sean atendidas en un tiempo máximo de tres minutos. La medida está destinada a proteger a los clientes, pero puede acabar añadiendo una presión adicional a los trabajadores de telemarketing si las empresas no contratan más personal. El problema no es solo de las empresas privadas. El hecho de que las administraciones públicas tengan subcontratada a menudo la atención telefónica a las teleoperadoras debería también involucrarlas en la búsqueda de soluciones contra el bloqueo de la negociación.