Repensar la salida a la crisis

Si se confirma el dato adelantado de inflación para mayo, supone un jarro de agua fría para España y para la eurozona, que ha visto cómo las medidas tomadas para frenar el precio de los productos energéticos no han tenido el efecto deseado en ninguno de los países que las han puesto en marcha. Adicionalmente, la escalada de precios de la energía ha acelerado su traslación al resto de la cadena de suministros. De esta manera, la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta los precios de los alimentos frescos y los productos energéticos, alcanzaba el 4,9% en España y el 3,8% en el caso de la zona del euro, muy lejos ambos del objetivo de estabilidad del 2%. Se trata de una situación sin precedentes en la historia reciente, que, aun pudiendo ser transitoria, tal y como prevén los organismos internacionales y la propia Comisión Europea, apunta a una agudización de las dificultades económicas durante la primavera.

Ante este agravamiento, y a la espera de la reacción del Banco Central Europeo, que tiene la difícil tarea de controlar los precios sin perjudicar la recuperación económica, urge reconsiderar las medidas de política económica tomadas hasta la fecha. El alivio temporal que supuso la puesta en marcha de mecanismos de bonificación de los combustibles ha sido ya absorbido por el mercado, afectando de nuevo a los precios del transporte y, con ellos, a todos los bienes y servicios. En su momento, estas medidas, regresivas y parciales, eran entendibles por la urgencia de actuar con agilidad, y por la dificultad técnica y temporal de desplegar actuaciones más focalizadas. Las bajadas de impuestos no hubieran tenido tampoco el efecto deseado; bien al contrario, podrían haber sido contraproducentes. Pero tres meses más tarde, y con la rebaja de expectativas en los cambios de la factura eléctrica, es imprescindible revisar los planes adoptados. De lo contrario, y pese al fuerte crecimiento que se prevé todavía para este año, el malestar de trabajadores y consumidores no dejará de crecer al ver su poder adquisitivo recortado y sin visos de mejora a corto plazo, más aún cuando las subidas de tipos del BCE se dejarán sentir en aquellos hogares con hipotecas. En estas circunstancias, y pese al fracaso del primer intento, el pacto de rentas resulta cada día más inaplazable.

Nadie cree que sea fácil, porque se trata de repartir más justamente los costes de una situación sobrevenida por la guerra en Ucrania, por la dependencia europea del gas y el petróleo rusos y por los cambios que está sufriendo la economía global. Esa situación ha provocado que los aumentos de costes se hayan trasladado a los precios de las importaciones. Pero hay evidencias más que suficientes de que la inflación está, sobre todo, afectando a los más débiles, como bien ha señalado recientemente el Banco de España. Activar medidas contundentes de ahorro en la factura energética, como se propuso en el pasado reciente, y centrar toda la actuación del Estado en los más afectados por la subida de precios deberían ser los pilares de una política económica que no se contente con extender las medidas paliativas aprobadas en marzo y esperar a que amaine el temporal. Todo indica que, para cuando llegue la calma, la quiebra social, el descontento y la desafección puedan ser irremediables, si no se actúa antes.