El coste de las jubilaciones

El Gobierno es coherente al defender la actualización de todas las pensiones a fin de año según la evolución del IPC. Se trataba de una medida incluida en su programa y fue elevada a rango de ley mucho antes de que la inflación se disparara. El Banco de España propone que se vuelva a estudiar esta iniciativa por su imprevisto coste fiscal y ha situado este asunto como un gran reto pendiente en su informe anual que presentó el miércoles. El debate político sobre esta cuestión capital debería desarrollarse lejos de las tan habituales tentaciones oportunistas y de sesgo cortoplacista.

El Banco de España propone que “se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas”, pero considera que habría que incorporar a los demás en un deseable pero de momento fracasado pacto de rentas —salarios, dividendos y remuneraciones de alta dirección—, ya que el deterioro del “conjunto” de las mismas “es inevitable”.

Las pensiones han sido mejor tratadas que los salarios y otras rentas desde la Gran Recesión de 2008, y por eso el debate sobre su completo blindaje está abierto. Y más cuando el sobrecoste de esta partida para el erario por una mayor inflación se estima en unos 13.000 millones de euros.

Más allá de esta cuestión clave de la política económica para los próximos meses, el Banco de España ha evaluado la que se ha realizado en los últimos tiempos y concluye haciendo una calificación global positiva de su orientación, aunque apunta numerosas críticas e interrogantes a algunas de sus medidas. Es esto lo que algunos toman abusivamente —cogiendo el rábano por las hojas— como una desautorización al Gobierno. Ante un necesario debate público sobre sus logros y lagunas, el texto realiza una “valoración favorable” de “las ambiciosas actuaciones desplegadas” al estallar la pandemia —los ERTE, los avales ICO o las ayudas directas a empresas— que han servido para “mitigar” sus consecuencias, aunque reconoce que hay “hogares y empresas cuya situación se ha deteriorado”. El estudio pone también en valor los logros contra la temporalidad abusiva tras la última reforma laboral, aunque fía su dictamen firme a un análisis posterior, cuando haya transcurrido un plazo mayor. Y aprueba el plan de respuesta al impacto de la guerra de Vladímir Putin tanto en lo que se refiere a la prórroga de la rebaja fiscal a la electricidad, como en lo que toca al mecanismo ibérico para limitar el precio del gas porque “previsiblemente presionará a la baja los precios de la energía”. El Banco de España considera regresiva la bonificación a la gasolina y enfatiza la necesidad de concentrar los apoyos en los hogares y empresas “más vulnerables”.

Donde la institución lanza las ideas más sugestivas es en el ámbito europeo. Ante la presión de los partidarios de endurecer sin límite la política monetaria —sobre todo, los tipos de interés—, reconoce que la inflación será “elevada” en los próximos meses, pero estima que se situará a medio y largo plazo en torno al 2%; por lo que el coste del dinero debería alcanzar un máximo del 1% en el “nivel del tipo de interés natural”. Es esta propuesta la que puede servir de contrapunto a los halcones que urden una escalada de tipos a la americana que acabaría provocando una brutal recesión.

En el informe hay recomendaciones novedosas sobre la “respuesta fiscal” europea a la guerra, que debería ser “común”, “incluida la mutualización del gasto necesario”, y en línea con lo que se ha hecho contra la recesión pandémica —endeudamiento mediante eurobonos— en el Plan de Recuperación.