Cuadro económico

La reciente presentación del Programa de Estabilidad 2022-2025 en Bruselas, requisito obligatorio que todos los Estados miembros deben cumplir anualmente ante la Comisión Europea, perfila un futuro ambivalente. Por un lado, el nuevo escenario plurianual subraya un enfoque prudente, con crecimiento pausado del PIB (y, aun así, superior a los países de nuestro entorno) y una reducción parsimoniosa de la deuda y el déficit públicos: pesa en el diseño, la incertidumbre internacional, sobre todo por la guerra en Ucrania. Pero el Gobierno lo acompaña de optimismo en cuanto al comportamiento futuro del mercado laboral, la estrella de los últimos meses de recuperación.

El Ejecutivo ha tomado nota de la actual situación de la economía, afectada como está por los altos precios y el freno en las expectativas de crecimiento (que el Gobierno rebajó la pasada semana desde el 7% previsto en septiembre a un modesto pero positivo 4,3%). El marco fiscal que plantea llevaría a una reducción del déficit público desde el 6,9% del PIB en 2021 hasta un 2,9% en 2025, senda que reafirma la ya presentada en 2021, cuando las perspectivas de crecimiento de la economía española eran mucho más sólidas que las actuales.

De esta manera, España pretende certificar un compromiso con la estabilidad fiscal que va a ser imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas (y cumplir el objetivo que declara en el documento de lograr “una recuperación inclusiva que no deje a nadie atrás”). Con más motivo aún ahora que el Banco Central Europeo no va a mantener las compras masivas de deuda pública que reinició con la crisis de la pandemia. El programa incluye hipótesis realistas sobre la evolución de nuestra economía: a un menor crecimiento económico previsto, se unen unos costes energéticos que no regresarán a los precios existentes en 2021 hasta más allá de 2025. Este realismo es necesario para construir marcos fiscales sólidos, que no se conviertan en papel mojado al menor revés. Más esperanzadora es la perspectiva sobre el mercado de trabajo, que supone que, para 2025, España tendrá una tasa de paro por debajo del 10%, una cifra que no se veía desde antes de la crisis financiera internacional de 2008.

Con este escenario, el Gobierno ha presentado una estrategia fiscal que se centra en una notable reducción del gasto público, que hace caer en seis puntos del PIB después de haberse disparado por los apoyos extraordinarios de 2020 y 2021 (aunque pueda discutirse el alcance de la actualización de las remuneraciones públicas ante la dificultad del pacto de rentas, o recalibrarse el impacto automático, en un año, de la inflación en las pensiones). Los ingresos se mantienen por encima del 41% del PIB, esto es, por encima de los niveles medios de la última década. De hacer real esta estrategia, España podría dejar atrás su insuficiencia estructural de ingresos públicos, reduciendo —pero no eliminando— su histórico diferencial con la Unión Europea. Salvando la excepcionalidad de la crisis de la covid-19, se situaba en torno a los seis puntos. Este cuadro económico está sometido a las numerosas incertidumbres de la situación actual, pero como punto de partida debe saludarse como una estrategia fiscal útil.