Irresponsabilidad fiscal

España no ha resuelto la crisis fiscal iniciada en 2008 tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, donde se desplomaron los ingresos asociados al ladrillo. El déficit estructural, es decir, el exceso de gastos sobre ingresos si la economía creciera a plena capacidad, no ha hecho más que aumentar desde el año 2014, debido tanto a las rebajas impositivas como a los aumentos del gasto. De hecho, si hubiéramos evitado el crecimiento del déficit estructural, habríamos afrontado la pandemia con 13 puntos menos de deuda pública. Esta falta de disciplina fiscal en los momentos de expansión económica, típica de los países del sur de Europa, es la que nos hace más vulnerables fiscalmente cuando afrontamos las crisis y que tanto desespera a nuestros socios del Norte.

En la actualidad, la situación fiscal es muy delicada; nos encontramos con un nivel de deuda pública rozando el 120% del PIB y con un déficit estructural en el entorno del 5% del PIB. Es decir, España es un país que, incluso creciendo a su potencial, estaría trasladando la factura del 5% de su gasto público a los jóvenes. Esto implica que 1 de cada 10 euros que gastamos no lo pagamos y se lo pasamos a las futuras generaciones. Paradójicamente, ese 5% es superior a toda la inversión en educación pública.

El debate fiscal, no obstante, es muy pobre y el populismo fiscal campa a sus anchas. Unos dicen que el problema se soluciona acabando con el gasto superfluo y la economía sumergida; otros, que todo se soluciona subiendo impuestos únicamente a los ricos... Es evidente que hay que acabar con la economía sumergida y el gasto ineficiente, y también que el sistema impositivo tiene que ser progresivo, pero difícilmente vamos a resolver la crisis fiscal sin subir impuestos o sin recortar programas del Estado de bienestar. Máxime ante el proceso de envejecimiento que tenemos por delante, donde España será una de las economías más envejecidas del mundo y con el consiguiente aumento del gasto asociado en pensiones, dependencia y sanidad. Ambas soluciones son legítimas, y como ciudadanos cada uno tendrá sus preferencias. Pero como economista me corresponde decir que no es posible pagar impuestos como en los países de corte anglosajón (Reino Unido o Estados Unidos), donde muchos programas, como gran parte de la educación y la sanidad, son privados, y aspirar a vivir en un país con un Estado de bienestar similar a los países de Centroeuropa (Francia o Alemania), donde ambos programas son públicos.

En estos momentos, la situación económica, tras la peor pandemia en un siglo, se agrava por los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Esta guerra ha supuesto un shock negativo de oferta por el aumento de la energía, generando un nivel de inflación mucho más alto y persistente de lo que se pensaba al principio del año. Para hacer frente a la difícil situación, el nuevo líder de la oposición ha presentado un paquete de “medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía española”. Antes de pasar a comentarlo, creo que es destacable positivamente la nueva forma de hacer oposición presentando medidas.

El documento parte de una diagnosis económica compatible con lo expuesto anteriormente, es decir, defendiendo la necesidad de reducir el déficit público y de luchar contra una inflación alta. Sin embargo, la solución que encuentran no es nada novedosa: medidas muy concretas de bajadas de impuestos (principalmente IVA e IRPF), acompañadas de unos buenos propósitos, sin concretar o cuantificar, de eliminación del gasto superfluo. En este sentido, el documento es decepcionante y contradictorio, pues las medidas aumentan el déficit e impulsan aún más la inflación.

La guerra de Ucrania ha significado un aumento de precio de la energía, que al ser un input productivo ha desplazado la curva de oferta a la izquierda: es decir, como aumenta el coste de producción, las empresas están dispuestas a producir menos para unos niveles de precio dados. La solución aquí sería introducir medidas que redujeran el coste de producción; por ejemplo, reformas estructurales que mejoraran la eficiencia económica o bajar los impuestos a la producción. En este sentido, la reforma laboral de 2021, recién aprobada, puede estar ayudando a mejorar la calidad del empleo. Pero lo que es evidente es que bajar impuestos generalizados a las familias tendrá un efecto contraproducente, pues impulsa la demanda agregada y con ello agrava el problema de la inflación.

En segundo lugar, la propuesta de bajada de impuestos, que incrementará el déficit, con el consiguiente aumento de la deuda pública, es si cabe aún más irresponsable dada la situación económica pues, con los actuales niveles de inflación en todos los países europeos, estamos en la antesala de una subida de tipos del BCE. A pesar del esfuerzo meritorio del Tesoro español para aumentar la madurez de la deuda pública, situada hoy en ocho años, lo cierto es que este año hay que colocar en el mercado cerca de 240.000 millones de euros, entre nuevas emisiones y refinanciaciones. Si asumimos que emitimos la deuda a ocho años para mantener la vida media y sabemos, por la curva de tipos, que el tipo de interés de estos bonos ha pasado del 0,12% en noviembre de 2021 al 1,65% hoy, podemos afirmar que esta subida de tipos va a suponer un aumento del coste de 3.600 millones de euros cada año. Es decir, el gasto va a aumentar, pero no para mejorar la sanidad o la educación, sino para pagar a nuestros acreedores. Y, ante este panorama, cuanto mayor sea nuestro nivel de deuda mayor será el tipo de interés a pagar por colocarla. Lamentablemente, la reforma de las pensiones de 2021, que ha agravado sustancialmente los problemas de sostenibilidad, tampoco nos va a ayudar.

En definitiva, creo que se puede encontrar cierto consenso entre los principales partidos para resolver la crisis fiscal. En primer lugar, hacer un presupuesto base cero, es decir, hacer un presupuesto empezando desde cero, mirando únicamente hacia el futuro y sin las inercias del pasado. Con este ejercicio se podría hacer una buena estimación del llamado gasto superfluo e ineficiente. En segundo lugar, una senda de reducción del déficit estructural y de la deuda pública y con ello dejar de pasar nuestras obligaciones de pago a los jóvenes, que bastantes problemas tienen ya. En tercer lugar, una reforma del sistema impositivo para hacerlo más eficiente. En este sentido, todos los expertos coinciden en la ineficiencia del sistema impositivo español, con tipos efectivos bajos y tipos marginales muy altos debido a la gran cantidad de deducciones, exenciones y beneficios fiscales que tenemos en todos los impuestos. En cuarto lugar, una reforma de la financiación autonómica que mejore la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Y, como bien señala el documento presentado, potenciar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) como órgano realmente independiente de evaluación del gasto público, pues no deja de ser paradójico que desde su creación en 2013 el déficit estructural no ha dejado de crecer. Quinto, reformar las pensiones para adaptarlas a la nueva realidad demográfica. La última reforma aumenta el gasto de forma creciente hasta 3,6 puntos de PIB en 2050, y no olvidemos que gran parte del déficit estructural se genera por el desfase creciente entre ingresos y gastos del sistema.