Bajar impuestos como proyecto

“Bajar impuestos no es un proyecto de país”, declaró hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A teorizar la necesidad de esa bajada ha dedicado sus primeros esfuerzos Alberto Núñez Feijóo y su equipo económico. En sus entrevistas iniciales como líder del PP apenas se ha escuchado su opinión, más allá de generalidades, sobre asuntos como por ejemplo la transición energética y la emergencia climática, el cumplimiento en la aplicación de los fondos europeos, la desigualdad, el sueldo de los grandes ejecutivos, el paro de larga duración, etcétera. Hay que dar tiempo al principal partido de la oposición para presentar un programa económico completo, dada la vacuidad del existente hasta ahora, basado sobre todo en entelequias ideológicas. Juan Bravo, el responsable de la materia, tiene trabajo por delante.

Además de los puntos que ha presentado con el objeto de explicar esa reducción de impuestos que considera necesaria para dar a los ciudadanos más poder de compra en estos tiempos de elevada inflación, el PP tiene un instrumento que sería absurdo marginar: el Libro Blanco de la reforma fiscal, elaborado por un grupo de expertos dirigidos por el profesor Jesús Ruiz-Huerta y presentado hace varias semanas. Su contenido —más de 800 páginas, 118 recomendaciones— es mucho más técnico que político y podría ser aprovechado sin problemas por cualquier tipo de gobierno, si quiere trabajar sin sectarismos. Y sin embargo, frente a otras prioridades políticas, ese trabajo ha pasado a la clandestinidad. Por supuesto, han generado todavía menos debate otros libros blancos y programas fiscales presentados casi al mismo tiempo que el del grupo de expertos (el del Instituto de Estudios Económicos, think tank de la CEOE; el de Foment del Tre­ball Nacional, la patronal catalana; o las ideas de Unidas Podemos), probablemente con el ánimo de confrontarse con los argumentos del primero. Sería una lástima que tanto trabajo quedase encerrado en un cajón bajo llave. Hay que recordar que la reforma fiscal es una de las demandas europeas introducidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Algo parecido ocurrió con el “informe Lagares” (otro informe de expertos, del año 2014) o los diferentes textos sobre la financiación autonómica. El resultado ha sido una acumulación de reformas parciales a lo largo de los años que han generado un sistema tributario anticuado, incompleto, con efectos redistributivos muy limitados, que prima la competencia fiscal entre comunidades autónomas, etcétera.

Entre las características que sobresalen en el actual Libro Blanco se pueden subrayar, entre otras, las siguientes: el nivel de recaudación impositiva en España está entre cuatro y siete puntos menos que el promedio eu­ropeo; nuestro sistema tiene una brecha por la cual le faltan estructuralmente entre 40.000 y 60.000 millones de euros anuales, lo que da lugar a los niveles de déficit y deuda pública conocidos; hay una erosión continua de las bases impositivas, motivada por los beneficios fiscales, la movilidad internacional de esas bases, el proceso de envejecimiento de la población y la digitalización; existe una sobrecarga tributaria en las rentas medias del trabajo, etcétera. El gran principio de este estudio es definir las necesidades de gasto público, cómo se puede financiar y cómo se garantiza que todos los ciudadanos participen en función de su capacidad económica. Por cierto, en España existe más desigualdad en la riqueza que en la renta, y el texto sugiere mantener los impuestos sobre el patrimonio y sucesiones y donaciones, que gravan esa riqueza, y fijar unos límites a la competencia de las autonomías.

No es seguro que el PP vaya a aprovechar el Libro Blanco de la reforma fiscal. Depende. A las 48 horas de su presentación, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, hizo la siguiente valoración del mismo: se trata de la imposición de un socialismo fiscal obligatorio; es un grupo de profesores con una sola cosa en común: todos son partidarios de pagar más impuestos; el Gobierno (sic) prefiere una España más pobre y subsidiada.

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